La medición de la inflación por parte de consultoras privadas, el llamado índice Congreso, lleva seis meses seguidos en baja. Tocó un máximo de 41,25 por ciento interanual en octubre del año pasado y retrocedió a 29,81 por ciento en abril, una caída de 11,44 puntos porcentuales. Para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el pico se registró en septiembre de 2014, con 40,3 por ciento, y descendió a 27,1 el mes pasado. El declive fue mayor, de 13,2 puntos. El Estudio Bein, del mismo modo, ubicó el nivel más alto hace siete meses, con 35,9 por ciento, en tanto computó 24,5 en abril, 11,4 puntos menos. Consumidores Libres, entidad que dirige el ex diputado socialista Héctor Polino, verificó aumentos de precios de una canasta de 38 productos básicos de 15,8 por ciento, entre enero y mediados de mayo del año pasado, mientras que en igual período de 2015 las subas fueron de 8,7 por ciento, 7,1 puntos por debajo. El Indec, finalmente, estimó un alza del Indice de Precios al Consumidor Nacional (IPC-Nu) de 15,8 por ciento en abril respecto de un año atrás, aunque no es posible realizar la comparación entre el mismo lapso de 2014 y 2013 porque aún no se utilizaba el nuevo indicador.

Más allá de las diferencias entre las distintas mediciones –29,8 por ciento para la oposición parlamentaria en los últimos doce meses, 27,1 para el Gobierno de la Ciudad, 24,5 para el Estudio Bein y 15,8 para el Indec–, en todos los casos se advierte un descenso considerable en el ritmo de suba de precios. Esa evolución se produjo a contramano de los pronósticos de los economistas neoliberales, que anticipaban un agravamiento de la situación a partir de enero en caso de no alcanzar un acuerdo rápido con los fondos buitre una vez vencida la cláusula RUFO. La consultora Economía & Regiones, vinculada al presidente del Banco Ciudad, Rogelio Frigerio, a quien se menciona como eventual compañero de fórmula de Mauricio Macri, arriesgaba a fines del año pasado que la inflación treparía a 50 por ciento en 2015 de no llegar a ese arreglo.

Pero la distancia entre los vaticinios y la realidad es aún más lacerante para los economistas del establishment porque el proceso de disminución de la inflación se desarrolla en coincidencia con un aumento en los niveles de déficit fiscal y emisión monetaria respecto de un año atrás, lo cual contradice sus principales postulados en la materia. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) publicó en agosto del año pasado un documento que apunta directamente al “círculo vicioso del gasto público e inflación”. Allí dice que “ante la caída de la actividad económica, el Gobierno intenta revitalizarla a través de una mayor tasa de crecimiento del gasto público”. Eso, a su vez, aumenta la emisión de pesos para financiarlo. “La mayor emisión genera mayor inflación, lo que lleva a aumentar nuevamente el gasto público, dado que en ítems como los subsidios y las remuneraciones, el gasto está atado a la propia dinámica inflacionaria. Más gasto público genera mayor déficit, por ende hay que volver a emitir más, generando mayor inflación. Y así se continúa en el círculo vicioso, profundizando los desequilibrios macroeconómicos en lugar de atenuarlos.” El paper pertenece a los economistas Nadín Argañaraz, Ariel Barraud y María Brugiafreddo. Su conclusión fue que “el círculo vicioso en que está inmerso el Gobierno puede derivar en una tasa de inflación que no baje y en un nivel de actividad que se siga contrayendo”.

Sin embargo, la inflación bajó y el nivel de actividad viene repuntando desde el último trimestre del año pasado, con niveles de déficit fiscal y emisión crecientes. En febrero de 2015, último dato oficial disponible, el déficit primario –antes del pago de intereses de la deuda– ascendió a 13.548 millones de pesos, 140 por ciento más que los 5627 millones de igual mes de 2014, mientras que el acumulado del primer bimestre arrojó un saldo negativo de 15.005 millones, 210 por ciento más que los 4829 millones del mismo lapso del año anterior. El gasto público creció a un ritmo del 34 por ciento, en tanto que la recaudación lo hizo al 28. A la vez, la base monetaria registraba un ritmo de expansión del 19,7 por ciento en octubre de 2014 y fue en aumento constante desde entonces, hasta un nivel de 29,3 por ciento en abril.

Los datos ponen en evidencia la fragilidad de la interpretación de la inflación como un fenómeno de una sola causa, lo cual sigue haciendo chocar contra la pared a los Chicago boys locales. Como ilustraba el documento del Iaraf, los economistas monetaristas atribuyen la inflación básicamente a la emisión, vinculada con el gasto público y el déficit fiscal. Eso los lleva a plantear programas antiinflacionarios que terminan por generar consecuencias más graves sobre la actividad económica, el aparato productivo, el empleo, el salario y la distribución del ingreso, de los cuales no se apartan más allá de la fase que atraviese el ciclo económico. Bajar el gasto público e imponer una política monetaria contractiva en este momento tal vez ayude a bajar los precios, pero como resultado de una aguda recesión. El gobierno de la Alianza, por caso, terminó con deflación gracias a esas políticas. Abrir la economía a las importaciones para que ingresen productos más baratos es otra fórmula que probaron en el pasado Martínez de Hoz y Domingo Cavallo, con recuerdos imborrables para la industria nacional y sus trabajadores.

Si la inflación cayó más de 11 puntos porcentuales de octubre a la fecha, de acuerdo a mediciones de la oposición, no fue por esa vía. Además de haber aumentado la emisión y el déficit, la suba de precios se atenuó con recuperación de la economía, estabilidad cambiaria, caída de la brecha del dólar oficial con el ilegal, creación de programas sociales como el Progresar y la moratoria jubilatoria, suba de los depósitos y créditos y sostenimiento del empleo.

La última reforma de la Carta Orgánica del Banco Central le impuso objetivos múltiples; es decir, no sólo preservar el valor de la moneda, sino hacerlo al mismo tiempo que estimula el crecimiento y la ocupación. Eso es lo que viene ocurriendo con mayor énfasis desde que Axel Kicillof dejó de pulsear con el entonces presidente de la autoridad monetaria, Juan Carlos Fábrega, e ingresó Alejandro Vanoli en el organismo. Las expectativas de devaluación se fueron limando de a poco, lo que se refleja en la caída del dólar blue, el contado con liquidación y los futuros del dólar, y eso a su vez colaboró en aplacar los aumentos de precios minoristas. Si se instala que habrá saltos bruscos del tipo de cambio –para lo cual militan quienes se favorecerían con ello–, los agentes económicos empiezan a trasladar esa percepción a precios para anticiparse a eventuales aumentos en los costos de reposición. En el país sobra experiencia al respecto. Este factor perturbador tuvo una fuerte incidencia el año pasado y ahora aparece diluido. Lo mismo puede decirse de la brecha entre el dólar oficial y el paralelo, que llegó a ser del 90 por ciento hace seis meses y hoy ronda el 40.

Para explicar la reducción de la inflación también hay que apuntar a la baja de precios internacionales de alimentos e hidrocarburos. En ese sentido, el Gobierno considera como parte de su política antiinflacionaria la administración de exportaciones de productos sensibles para el mercado interno, como el trigo o la carne, a través de los ROE. En otro plano, el equipo económico reivindica programas como Precios Cuidados para establecer precios de referencia a los consumidores, y las reformas a las leyes de Abastecimiento y de Defensa del Consumidor, que elevaron el arsenal de defensa contra abusos empresarios. Finalmente, los acuerdos salariales pactados esta semana en gremios clave para el modelo económico, como la siderurgia, la construcción, el comercio y el Estado, con una pauta del 27 por ciento, intentaron encauzar otro de los factores esenciales de la inflación, la puja distributiva. Son elementos de administración de la economía más sofisticados y más complejos que los que plantea la ortodoxia, con otros ganadores.