La Fiscalía Federal de Posadas, a cargo de Jorge Horacio Capitelli de manera interina, solicitó la imputación formal de Ramón Puerta por el delito de explotación y trata laboral. El escrito recoge las sugerencias de la Procuraduría de Trata y Explotación Laboral (Protex), donde se acusa al ex gobernador de Misiones y actual aliado político de Sergio Massa de obtener ganancias a partir de la explotación de sus trabajadores, desde su “doble rol de dueño del campo y socio de la empresa comercializadora de la yerba (Yerbatera Misiones SRL)”. Los otros pedidos de imputación y citación indagatoria fueron para Sergio Poliszczuk, contratista que trabaja con Puerta desde hace treinta años, y los subcontratistas Héctor Díaz, Domingo Castillo y José Raúl Rivas. También fue solicitada la indagatoria de los restantes socios de Yerbatera Misiones SRL, Federico Gumersindo Puerta, padre del ex mandatario, Zulema Puerta, la hermana, y Zulema Galarza, la madre. La jueza Verónica Skanata deberá definir si confirma la citación indagatoria de los imputados.

El 30 de enero de 2014, el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Rurales (Renatea) realizó una fiscalización en el campo I Pora de la localidad de Parada Leis, propiedad de Puerta, donde encontraron múltiples campamentos con peones viviendo en condiciones infrahumanas, hacinados, sin agua potable ni lugar para almacenar de manera segura los alimentos. En el campo había 60 tareferos, de los cuales 20 iban y venían, mientras que 40 eran los que vivían en los precarios campamentos. La causa ya reunió la declaración testimonial de 9 personas, entre ellas un menor de edad (13 años) que sostuvo que trabajaba de lunes a lunes y que debían “tomar agua verde”.

El pasado 13 de marzo, la Fiscalía Federal de Posadas, junto a la Protex y el Renatea, realizaron una inspección ocular en el campo de Puerta, acompañados por el principal denunciante, el tarefero Ramón Piñeiro, en donde pudo constatarse la existencia de restos de los campamentos. Dicha inspección fue incorporada en el expediente como prueba.

En un reportaje con Página/12, publicado el pasado 23 de mayo, Puerta negó las acusaciones en su contra.

–Los tareferos que declararon a través de una Cámara Gesell sostienen que tenían que llevarse su propio colchón para dormir –preguntó este diario.

–¡Pero cómo van a vivir ahí! Si tienen que entrar y salir. Si hubiera sido denunciado, no soy tan tonto, lo habría desarmado. Durante un año lo dejé porque se usa, se usa para guardar cosas... ¿Alguien de ahí lo nombró a Ramón Puerta?

–Todos.

–(Risas.) ¿A Ramón Puerta? Entonces es una cosa que está armada con más integrantes. No son ciertas. Están hechas bajo apriete.

La causa comenzó a ser tramitada el año pasado por el fiscal Juan Carlos Tesoriero. Luego de su muerte, quedó a cargo del expediente Rubén González Glaria. Sin embargo, el funcionario solicitó una licencia de 30 días, por eso cuando la Protex elevó su sugerencia de imputación fue recibida por el fiscal subrogante, Jorge Horacio Capitelli, quien decidió solicitarle a la jueza Skanata la citación indagatoria para todos los acusados, en los mismos términos expresados en el escrito de la Protex.

Un factor fundamental para determinar si en un determinado caso existió explotación bajo el paraguas de la ley de trata es el llamado “coeficiente de abuso”, que incluye la extensión de la jornada laboral y el salario percibido. No todos llegaron a cobrar el salario pactado con los contratistas de Yerbatera Misiones. En el caso de los que sí obtuvieron un pago, la Protex determinó que recibieron un 60 por ciento menos que lo previsto por la norma. Puerta, sin embargo, negó las acusaciones. “¿Vos no sabes quién es Ramón Puerta? ¿Y la familia Puerta? Nosotros nos caracterizamos por pagar los mejores sueldos y todo en blanco”, sostuvo el ex mandatario en la entrevista con este diario.

El “coeficiente de abuso” se complementa con la condiciones de vida en las que fueron hallados los tareferos. Según la fiscalía, Puerta incumplió varios artículos de la ley del estatuto del peón rural, entre ellos el 24, que establece condiciones de vivienda digna; el 27, que estipula que los trabajadores deben recibir una alimentación sana, suficiente, adecuada y variada; y el 28, que obliga al empleador a suministrar agua potable; entre otros.

“La voluntaria decisión de incumplir con el deber de garantizar que el empleo de los trabajadores tareferos se realizara al margen de toda mínima condición de dignidad prevista en la ley les generó una necesaria ganancia extra, derivada de la falta de toda inversión sobre dispositivos de vivienda digna, provisión de alimentación sana, agua potable y atención sanitaria”, sostuvo la Protex en su presentación, avalada por el fiscal subrogante Capitelli.

Hasta el momento, la única argumentación de Puerta fue que en su campo no había campamentos. Para él, las carpas encontradas eran “refugios” utilizados por los tareferos para resguardarse del sol. Este diario también entrevistó a Domingo Castillo, uno de los capataces imputados: “Las condiciones de vida eran un engendro”.

Página/12 mantuvo ayer un breve diálogo con el fiscal Capitelli, quien aseveró que una vez que regrese el expediente con la decisión de la jueza iniciará las distintas medidas de prueba recomendadas por la Protex. En este sentido, podría profundizarse la investigación sobre los movimientos financieros entre Yerbatera Misiones, Puerta y los contratistas “como contexto que posibilitó la explotación de las víctimas”, y un embargo y decomiso de bienes de los principales acusados.

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