El juez Thomas Griesa recibió ayer en sus oficinas a fondos buitre, abogados de la Argentina y los acreedores denominados me too (“yo también”, en inglés). El magistrado convocó la audiencia para determinar si otorga a esos litigantes los mismos términos de la sentencia otorgada a los buitres. Son 526 fondos e individuos agrupados en 37 demandas colectivas por una suma original cercana a 5400 millones de dólares que, en su mayoría, lograron en otros juzgados fallos favorables contra el país por el default de 2001. El tribunal no tomó ninguna decisión. En cambio, se limitó a señalar que la disputa debe canalizarse a través de Daniel Pollack, el fallido negociador privado que impuso el año pasado para intentar acomodar el berenjenal creado por sus fallos y órdenes. Cualquiera sea la determinación del juez, su posición no quedará firme antes de fin de año ya que será apelada por alguna de las partes.

Los acreedores que compran a precio de remate bonos de países en problemas para reclamar judicialmente suelen buscar en los tribunales una sentencia afirmando que el deudor no les pagó y así mejorar su posición negociadora. Esa fue la estrategia convencional, accesible y rápida, utilizada por la mayoría de los bonistas que decidieron no participar del canje. El camino elegido por el grupo de buitres encabezados por los fondos Elliott, Aurelius y Dart fue otro. Ellos solicitaron al juez que valide una extravagante interpretación de la cláusula pari passu (tratamiento igualitario). La extraordinaria sentencia de Griesa ordenó al país pagarles el ciento por ciento más intereses de los pasivos reclamados y bloqueó el mecanismo de pago para los deuda reestructurada.

Desde entonces el ministro de Economía, Axel Kicillof, solicitó en varias oportunidades a los tribunales estadounidenses la apertura de una mesa de negociación con la totalidad de los buitres y holdouts que no participaron del canje para encontrar una solución en condiciones “justas, equitativas, legales y sustentables”. En cambio, el octogenario magistrado decidió abrir la puerta a los me too para que soliciten en su juzgado el mismo tratamiento otorgado a los buitres.

Durante la audiencia de ayer Griesa evitó tomar una decisión sobre los pedidos de los 528 litigantes adicionales de los cuales 498 cuentan con un fallo previo afirmando que Argentina no les pagó. En el encuentro de 45 minutos en los tribunales de Nueva York, los representantes legales de la Argentina argumentaron que el reclamo de los me too es inválido por tratase de un hecho previamente juzgado. “No corresponde que acreedores que ya cuentan con una sentencia a su favor reclamen ahora la violación de una cláusula contractual como la pari passu que forma parte de los términos de los bonos de los que ya no son dueños”, explicó a Página/12 el abogado especializado en derecho financiero Sebastián Soler.

Los letrados buitre no sólo no presentan reparos para compartir sus costosos logros judiciales sino que insisten en que los me too tienen derecho de acceder a las favorables condiciones financieras otorgadas por el juez. No se trata de un caso de solidaridad intraclase ni un plan para sumar jugadores y redoblar la presión contra Argentina. El ministro Kicillof aseveró a mediados de marzo que el 85 por ciento de esos fondos son los mismos buitres. De hecho, en noviembre el fondo NML ya había confirmado que exige otros 3000 millones de dólares como me too.

“Había una trampa cuando nos querían mandar a pagar los 1600 millones de dólares. No los pagamos porque dijimos que después iban a venir otros a reclamar exactamente lo mismo y, de nuevo, íbamos a tener el mismo problema”, explicó dos meses atrás el responsable del equipo económico. Las demandas de los me too contabilizan bonos por una suma nominal que ronda los 5400 millones de dólares.

Si a esos fondos se les aplica la fórmula de pago convalidada por Griesa el reclamo ascendería hasta 21 mil millones de dólares. El Gobierno no sólo rechaza la suma por su magnitud (las reservas internacionales del Banco Central llegan hoy a 33 mil millones de dólares) sino que descarta convalidar la extravagante sentencia de Griesa. Los abogados del estudio Cleary, Gotlieb, Steen & Hamilton que representan a la Argentina argumentaron que la mesa de diálogo con el mediador Pollack reclamada por el juez es todavía más improbable si persiste la estrategia de embargos reactivada en Bélgica semanas atrás por los buitres.