El presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, descartó ayer que se analicen medidas adicionales para restringir la operatoria denominada contado con liquidación, que permite mediante la compraventa de un bono o acción convertir pesos en dólares. Los dichos del funcionario buscaron poner en contexto las declaraciones previas del titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, quien opinó que, si la Corte hace lugar a la solicitud del organismo de tratar la causa contra el Banco Francés y particulares por simulación fraudulenta y abuso del derecho, se podrá utilizar el nuevo sistema de inteligencia para fiscalizar y prevenir maniobras financieras, tales como el llamado dólar fuga. “No se está pensando en ninguna medida, ya que los controlamos permanentemente en coordinación con la Comisión Nacional de Valores (CNV)”, aseguró Vanoli, quien insistió en que se continuará combatiendo las operaciones ilegales e interviniendo en el mercado para que no haya la volatilidad que hubo días atrás. Pese a la calma en el mercado de cambios, el dólar paralelo aumentó 13 centavos, a 13,85 pesos.

“No hay visiones contradictorias (con la Procelac). Lo que hay son áreas de trabajo, las cuales son distintas”, resaltó a este diario una fuente del área de fraudes financieros de la autoridad monetaria, para la que las presiones del establishment apuntan a que se flexibilice el contado con liqui. Desde la visión regulatoria, los funcionarios sostienen que este instrumento es legal y se encuentra bajo supervisión. Por su parte, los fiscales de la Procelac apuntan a casos puntuales donde el uso de un recurso legal se convierte en abuso. “Esa es la diferencia entre actuar de buena fe o mala fe”, dijo la fuente.

La operatoria de contado con liquidación se realiza a través de un banco o sociedad de Bolsa. Para sacar dinero del país se adquiere algún título que tenga cotización en dólares y mercado en el exterior. Se lo paga en pesos y se lo vende en dólares en alguna plaza extranjera y el dinero queda fuera del país. La brecha entre el precio de compra en pesos y venta en dólares, junto a distintos cargos y comisiones, refleja el tipo de cambio implícito para adquirir la divisa. Este mecanismo, antes del lockout granario (2008), podía realizarse en simultáneo; es decir, se podía comprar y vender en el momento, lo que se denominaba dólar cable. Ese año, durante su presidencia en la CNV, Vanoli impuso un mínimo de 72 horas hábiles de tenencia de los papeles para obstaculizar ese canal de fuga de divisas.

Desde entonces, no se realizaron modificaciones al marco regulatorio y el Central y la CNV intervienen cuando es necesario en ese mercado para mantener a raya los precios. Esto no implica que no se supervise la operatoria para evitar abusos. De hecho, desde 2008 a la actualidad, los montos que se mueven por este canal se redujeron de 143 millones de dólares diario en ese año a los actuales 10 millones que se negocian con esta opción.

La Procelac llevó la semana pasada al máximo tribunal una causa de 2006 contra el BBVA Francés. En ese caso, la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico absolvió a los acusados y ratificó la decisión del juez de primera instancia favorable a la entidad financiera. La apelación había sido presentada por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (Sefic), que conducen Germán Feldman y Pedro Biscay. Para algunos analistas de mercado, la sanción implicó un espaldarazo de legitimidad a la operatoria de contado con liquidación. Desde la Superintendencia y la Procelac insisten en que no se pone en duda la operatoria sino el uso que se le da a la herramienta, de la que el banco de capitales extranjeros supuestamente abusó. El banco y sus directivos fueron acusados de fugar unos 30 millones de dólares y de ingresar otros 20 millones con la modalidad “cable”, es decir, en simultáneo.

En la presentación realizada por la Sefic y la Procelac se remarca el carácter legal de la medida, pero se identifican una serie de condiciones que no cumplieron en la operatoria: no se guardaron los boletos de compra y venta de los títulos, se reiteran los comitentes (titular de la cuenta), se superaron los montos –el máximo establecido para la operatoria asciende a 300 mil dólares por mes por persona física–, no había rebalanceo de cartera luego de que se le vendía al cliente una parte de los activos en poder del banco y la reiteración en la maniobra daba cuenta de un fin cambiario y no bursátil. La entidad y sus funcionarios fueron beneficiados por “supuesto de error de prohibición inevitable”, convencimiento de que la maniobra era lícita.

Luego de negar que el Central vaya a prohibir el contado con liquidación, Vanoli aseguró que las presiones que se registran sobre el dólar ilegal tienen que ver con “operaciones políticas, porque algunos actores buscan introducir temores y situaciones que generan turbulencias”. Y remarcó el escenario de estabilidad cambiaria, con fuerte caída de la brecha respecto a los tipos de cambio de contado con liqui y dólar Bolsa (ver aparte).