El debate económico en la antesala de las PASO intenta ser monopolizado por el pensamiento neoliberal. El bloque que integran organismos de crédito, bancos extranjeros, empresarios, agencias de la city, consultoras y editorialistas de la oposición produce abundante material para instalar el sentido común de la ortodoxia, refractario a las transformaciones de la última década. La descripción general que se repite en esos informes es que la Argentina llegará a 2016 en una situación delicada, que el gobierno de Cristina Kirchner logra disimular mediante maniobras electoralistas de fomento del consumo, pero ese clima ficticio de recuperación no hará más que agravar los problemas al próximo presidente. El primero de la lista es el atraso cambiario, situado en el orden del 30 por ciento. Es decir, el dólar debería pasar de los actuales 9,20 a unos 12 pesos si el recambio de gobierno se produjera hoy. El segundo es el déficit fiscal, que ubican en mediciones propias en torno a 7 puntos del PIB, el cual debería ser llevado a cero de un modo más o menos gradual. Y el tercero es el de los fondos buitre, con quienes habría que acordar rápidamente para aceitar el acceso a crédito internacional a tasas razonables. Esos preceptos constituyen la base del plan DAE: devaluación, ajuste y endeudamiento.

En política, la primera disputa siempre es por la agenda. De qué se habla, cuáles son los temas de debate. El que logra imponer los ejes de la discusión obtiene una ventaja decisiva, porque establece el marco de referencia de lo posible y de lo que no lo es. En 1999, por ejemplo, cualquier economista o fuerza política que planteara abandonar la convertibilidad se transformaba en un outsider. Esa alternativa no se podía ni sugerir. La Alianza lo máximo que pregonaba era ponerles límites a los sectores concentrados de la economía, como bancos y privatizadas, y destinar fondos que se recuperarían de la corrupción a educación, salud y seguridad.

Una particularidad que presenta la actual campaña electoral es que el candidato mejor rankeado de la oposición no puede asumir como propias las ideas de los economistas que lo acompañan, aquellos que estuvieron embanderados con la convertibilidad, porque las encuestas indican que les haría perder votos. El kirchnerismo ha logrado que de cara a lo sociedad, lo conveniente sea ratificar la continuidad de la gestión estatal de YPF, Aerolíneas, la seguridad social y hasta de la televisación del fútbol. El trabajo de convencimiento de la opinión pública recae entonces en esa estructura que se describía al principio, conformada por tecnócratas, voceros empresarios y militantes mediáticos que se autodefinen como independientes. Su poder de penetración, de todos modos, no es despreciable.

El plan DAE es la aspiración de máxima de esos sectores. Es lo que se define como un cambio de shock, expresado con crudeza por economistas como Miguel Angel Broda, José Luis Espert y Carlos Melconian, este último del PRO, en un seminario en abril pasado, cuyas imágenes se reprodujeron los últimos días por televisión. Pero hay variantes más moderadas o gradualistas que rescatan referentes económicos cercanos a Daniel Scioli, como Mario Blejer o Miguel Bein. El precandidato no las ha levantado ni en sus discursos ni en definiciones públicas, sino que por el contrario ha ratificado que su objetivo es profundizar el rumbo heterodoxo que inició el kirchnerismo en 2003. De hecho, propuso elevar al rango de ministerio la actual dependencia encargada de la economía popular, que promueve la inserción de pequeños emprendimientos, y enfatiza que la agenda que viene es la del desarrollo.

La necesidad de devaluar, ajustar y endeudar se justifica desde sectores conservadores por la carencia de dólares para abastecer las distintas demandas de la economía y en función de la hipótesis de que esas señales seducirían al capital extranjero para invertir en el país o, al menos, para abrir la canilla del financiamiento voluntario. Lo que omiten explicar son las consecuencias de una devaluación y un ajuste, y en función de qué modelo de acumulación se retomaría la senda del endeudamiento. El impacto inflacionario y recesivo de la primera medida pudo comprobarse el año pasado cuando el mercado forzó una devaluación del 20 por ciento. Ahora, como se indicó más arriba, se reclama el 30. Del mismo modo, los efectos están a la vista en Brasil, cuya economía caería este año cerca de dos puntos, luego de aplicar el plan DAE que también allí reclamaba la ortodoxia.

En materia fiscal, los supuestos 7 puntos de déficit sobre el PIB equivalen, de acuerdo a esos análisis, a unos 300.000 millones de pesos. Achicar o llevar a cero ese desequilibrio impactará tarde o temprano en las erogaciones para la seguridad social o las jubilaciones, además de comprimir los subsidios a las tarifas de servicios públicos como electricidad, gas, agua y transporte. Más aún cuando al mismo tiempo se anticipa una rebaja o la eliminación de los derechos de exportación al campo y una disminución de la incidencia del Impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría.

En cuanto al endeudamiento en el mercado internacional, una condición previa que mencionan los promotores del plan DAE es un arreglo con los fondos buitre, cuyo costo no sería inferior, estiman, a los 15.000 millones de dólares. Las proyecciones del equipo económico son peores: van de 17.000 a 22.000 millones de dólares de emisión de nueva deuda. Es decir, buena parte del esfuerzo de la última década para desendeudar al Estado en dólares con el sector privado se hundiría con ese acuerdo.

La apertura del “cepo cambiario” encaja dentro del plan DAE porque su pretensión no es resolver la restricción externa para un modelo industrial, sino sentar las bases para otro proyecto político económico que asigna preeminencia a los sectores exportadores, agropecuarios y de grandes industrias con penetración internacional, y financieros. La porción de la sociedad que compra dólares para atesoramiento no llega a las 800 mil personas, según las estadísticas de la AFIP. Liberar la regulación existente a la adquisición de divisas y al mismo tiempo recurrir a la emisión de bonos implicaría endeudar al país para financiar la fuga de capitales.

Una bandera más amigable con la opinión pública para los promotores de la devaluación, el ajuste y el endeudamiento son las dificultades que atraviesan economías regionales ligadas a los sectores frutícola, lácteo, avícola y algunas producciones industriales. Encarar esa problemática con un encarecimiento violento del dólar para toda la economía sería como practicar una cirugía a corazón abierto a quien se puede tratar con antibióticos.

Si el mayor desafío para la próxima administración es resolver la insuficiencia de divisas en un contexto internacional adverso, con un superávit comercial menguante, la agenda a encarar es cómo acelerar la sustitución de importaciones, la promoción de industrias estratégicas, la ampliación del conocimiento científico tecnológico, la resolución del déficit energético y evitar fuga de capitales, que constituyen la esencia del problema, potenciando a la vez el mercado interno, el empleo y el entramado productivo que depende de ese consumo. Esa es la agenda para consolidar un proceso de crecimiento que incluya a amplias mayorías. Aunque previsible, no deja de sorprender que esos temas cruciales no aparezcan ni siquiera citados como cuestiones a abordar por parte de los nostálgicos del plan DAE.