El ex gobernador de Misiones, Ramón Puerta, será citado a declaración indagatoria en un plazo no mayor a dos semanas, por el delito de explotación y trata laboral de 40 tareferos. Así lo confirmó a Página/12 la Fiscalía Federal de Posadas. La jueza que interviene en el caso es Verónica Skanata. La causa ya reunió cuarenta declaraciones testimoniales, entre víctimas que hablaron ante psicólogos forenses, menores de edad que testificaron vía Cámara Gesell, funcionarios que participaron de la inspección realizada por el Renatea en enero de 2014, un allanamiento a la mano derecha de Puerta, el contratista Sergio Poliszczuk y una inspección ocular en el mismo campo donde fueron encontrados los tareferos. “Ahí estaban los vestigios de la explotación”, resumió a este diario uno de los principales investigadores del caso. Hasta el momento, Puerta no se presentó en el expediente. Su única estrategia fue cuestionar la legitimidad del denunciante, Ramón Piñeiro. Sin embargo, la fiscalía rechazó el accionar del ex mandatario.

En la Fiscalía Federal de Posadas tramitó el expediente que investiga por el delito de trata laboral al ex mandatario, su hermana, su madre y el contratista Poliszczuk. Actualmente, el fiscal a cargo (subrogante) es Rubén González Glaria y el secretario de la fiscalía es Juan Andrés Stubber. Según la Fiscalía, la estrategia del ex presidente –actual aliado político de Sergio Massa– fue desconocer en los medios la existencia de tareferos en su campo. Luego tuvo que admitir que en su yerbal sí había tareferos, pero negó que vivieran allí en carpas. “Una vez que se cayeron todos esos elementos, trató de deslindar responsabilidades. Dijo por los medios, ‘no puedo estar en todos lados, por eso delego’”, explicaron a este diario desde la fiscalía.

Según la Procuración contra la trata y explotación laboral (Protex), el beneficiario último de la situación de explotación laboral fue Ramón Puerta. Así también lo entendió la fiscalía al respaldar la presentación de la Protex.

Para comprobar los vínculos societarios de Puerta con el campo en cuestión y la empresa Yerbatera Misiones SRL, que a su vez subcontrató al secadero de Sergio Poliszczuk, la fiscalía recibió información del Registro Público de Comercio de la provincia, que depende del Juzgado Civil y Comercial Nº1 y un extenso informe patrimonial de la AFIP. Una de las principales denuncias de las víctimas fue que eran obligados a comprarle la comida directamente a Poliszczuk, mano derecha de Puerta desde hace 20 años, según relató el propio ex mandatario en el reportaje publicado por Página/12. La Justicia allanó el secadero de Poliszczuk y allí encontraron un “almacén clandestino”.

La otra estrategia de Puerta fue deslegitimar al primer denunciante de la causa, Ramón Piñeiro. El ex gobernador intentó presentar en el expediente, a través de un abogado (este fue su único contacto con la causa), un escrito de Piñeiro firmado ante un escribano en donde sostenía que Puerta no tenía responsabilidad en los hechos de explotación. La fiscalía rechazó ese escrito por carecer de validez legal. De hecho, Piñeiro no sólo declaró en la Justicia ratificando su denuncia original, sino que participó de la inspección ocular.

Antes de esta situación, el canal Misiones 4 difundió una entrevista al mismo Piñeiro en donde también le quitaba responsabilidad a Puerta. La fiscalía abrió una investigación paralela y determinó que esa filmación había sido una cámara oculta, en donde el periodista había forzado las respuestas del denunciante. Los fiscales solicitaron el crudo del material al canal de televisión, pero éste no fue entregado. Los dueños del canal sostuvieron que lo habían destruido por una cuestión de espacio.

Con las 40 testimoniales reunidas, la documentación probatoria de los vínculos societarios, y la inspección ocular, la jueza Skanata comenzará con la etapa de las indagatorias a todos los imputados.