El Gobierno denunció ayer al grupo Marsans por vender a un fondo buitre el juicio que lleva adelante contra el Estado argentino por la expropiación de Aerolíneas y Austral. El fondo Burford, dedicado a monetizar reclamos judiciales, transferir sus riesgos y comprar pleitos legales, le compró al grupo español el juicio ante el tribunal internacional de arbitraje del Banco Mundial (Ciadi). Esta operación, que se mantuvo en secreto por parte de los demandantes, implicaría que, si el país pierde el litigio por la expropiación de la línea de bandera, debería pagar el monto solicitado por supuesto perjuicio de la operación al grupo que gestiona el juicio, y podría sufrir demandas ulteriores de los acreedores del grupo Marsans que no llegaron a cobrar en el juicio de quiebra. La denuncia fue elevada ante la Justicia Federal por la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), según confirmaron sus respectivos titulares, Angelina Abbona y Carlos Gonella. El mismo grupo financiero con sede en Londres ya había realizado una operación similar al comprarle al grupo Petersen su demanda contra Ciadi por la expropiación de su parte del paquete accionario en la petrolera YPF.

Los fondos buitre se especializan en comprar deudas y litigios judiciales para luego accionar contra los demandados hasta las últimas consecuencias. No aceptan el mismo tratamiento que el resto de los acreedores. Su actividad principal es litigar aprovechando su espalda financiera. Por caso, Burford cuenta con una cartera valuada en más de 500 millones de dólares por la compra de procesos judiciales corporativos. Habitualmente, estos grupos eligen un destino y atacan en conjunto, por lo general con la anuencia de algún tribunal permeable que les permita embolsar extraordinarias ganancias. Es el caso argentino, donde los buitres atacan al país por sus tenencias de deuda defolteada en 2001 y adquieren cuanta deuda exista contra el Estado con el claro objetivo de debilitar al gobierno en una futura naegociación.

Abbona, quien ofreció junto a Gonella una conferencia de prensa para anunciar la denuncia, reveló que tras el planteo de los españoles en el Ciadi y la réplica del Gobierno, la Procuración tomó conocimiento de un contrato entre Marsans, un estudio jurídico y el fondo buitre Burford Capital. La compra de un juicio no es un delito en sí mismo. Sin embargo, en este caso hubo una serie de circunstancias ilegales en la operación. De acuerdo con la denuncia a la que accedió Página/12, las partes habían presentado documentación apócrifa ante el tribunal de arreglo de diferencias, con la finalidad de apropiarse en forma ilícita de las sumas provenientes de una eventual indemnización en caso de que falle contra la Argentina. La maniobra “tendría por finalidad perjudicar a los acreedores en los procesos falenciales de liquidación de las sociedades demandantes ante el organismo”.

Según explican, en caso de un fallo adverso del Ciadi para el país, habría que abonar la suma de 1036,2 millones de dólares a quienes no serían los legítimos acreedores de la misma, y la Argentina quedaría entonces expuesta a pagar la indemnización por segunda vez. “Están intentando, mediante una maniobra fraudulenta, soslayar incluso la intervención que le corresponde a la justicia española en los distintos procedimientos falenciales para, mediante ardid, inducir a error al Tribunal arbitral y obtener un lucro indebido”, señala la denuncia. “Así, Marsans estaría burlando a la masa de acreedores. Como se dice en el mundo de los negocios, el que paga mal paga dos veces, y si la Argentina tiene un laudo desfavorable le tiene que pagar a Burford y si vienen los acreedores de esa masa concursal a pedirnos pagar, tendríamos que hacerlo”, explicó Abbona en un breve contacto con la prensa.

“No sólo se burlan del Ciadi, aunque ellos están muy tranquilos porque hemos denunciado estas cosas en el trámite, pero tenemos que poner en conocimiento a la justicia para resguardar los intereses del Estado”, dijo la procuradora del Tesoro. A esta situación se suma que el Marsans es, a consideración de Estado nacional, un grupo deudor de la Argentina por el vaciamiento de Aerolíneas. De hecho, el Gobierno había ofrecido pagarle a modo simbólico un dólar por la expropiación del control de las operaciones de la compañía.

Gonella explicó que Marsans inició la demanda contra el Estado nacional por 1036,2 millones de dólares por una supuesta violación del acuerdo bilateral de inversiones entre Argentina y España, pero a la fecha representan unos 1600 millones. “Acciona contra el Estado y transfiere el derecho litigioso al fondo buitre Burford a través de un convenio que pierde todo efecto cuando estas empresas españolas se presentan en quiebra en España. Por lo tanto, consideramos que se han falseados instrumentos públicos en el marco del Ciadi y es un elemento de prueba que de manera fraudulenta quisieron perjudicar al país”, alertó el fiscal.

La denuncia involucra a Marsans, a Burford y al estudio jurídico local que asesora al fondo carroñero: Fargosi & Asociados. Por estos casos se establecen penas de un mes a seis años de prisión por defraudación y de dos a seis años de cárcel cuando el fraude es en perjuicio de alguna administración pública. También hay penas de hasta 25 años de cárcel para los argentinos que propicien sanciones políticas o económicas contra el Estado nacional. La procuradora informó que Burford es el mismo fondo que está patrocinando al grupo Petersen en el Ciadi por la nacionalización de YPF en los tribunales del Segundo Circuito de Nueva York, donde reclaman por la expropiación de la petrolera. “Es la misma situación y el mismo estudio en el juzgado del doctor (Thomas) Griesa”, sentenció Abbona.