Martín Guzmán es investigador y docente en la Universidad de Columbia. El joven economista argentino fue uno de los expertos internacionales más involucrados en el diseño y redacción de los nueve principios básicos para las reestructuraciones de deuda soberana aprobados el jueves pasado en la Asamblea General de las Naciones Unidas. “Las discusiones en la ONU deben continuar. Si un marco legal internacional se basase en los nueve principios, resolvería la mayoría de los problemas fundamentales que están enfrentando los países que sufren crisis de deuda”, indicó a Página/12 durante una entrevista que comenzó en el campus de la prestigiosa universidad privada y terminó con un intercambio por correo electrónico. “La razón del rechazo de Estados Unidos, Inglaterra y Japón a la iniciativa es sencilla: podría implicar redefinir las relaciones de poder, que hoy en día son muy favorables a ellos”, explicó el economista.

–¿Cuál es la relevancia de la resolución aprobada en la ONU?

–Es un punto de partida para sentar las bases de un largo proceso que debería culminar con la implementación de un marco legal multinacional. El apoyo de China es importante. China quiere erigirse como plaza financiera para la emisión de deudas soberanas y su voto a favor es una señal al mundo de que su visión sobre cómo reestructurar deudas difiere de la que venimos viendo en los juzgados de Nueva York. En el corto plazo, la aprobación de estos principios puede poner cierta “disciplina” en las plazas principales. Si un juez falla de un modo que se aparta de estos principios, se estaría enfrentando a lo que la comunidad internacional (política y académica) considera prácticas razonables. Por otra parte, la situación de Argentina en los juzgados de Nueva York no cambia en absoluto.

–Entonces, ¿para que sirven los nueve principios aprobados?

–Si un marco legal multinacional se basase en esos principios, resolvería la mayoría de los problemas fundamentales que están enfrentando los países que sufren crisis de deuda, que no logran resolver en tiempo y forma por el irrazonable contexto en el que deben realizar las reestructuraciones. Casi todos estos principios han sido violados en reestructuraciones recientes. Tomemos por ejemplo el caso de Grecia. La reestructuración que se hizo en 2012 violó el principio de sostenibilidad, como demuestra el hecho de que tres años después el país necesite desesperadamente volver a reestructurar su deuda. Las negociaciones posteriores, en las que la Troika, con Alemania a la cabeza, chantajeó a un gobierno de ideología opuesta que fue democráticamente elegido, y casi lo llevó al colapso, violaron los principios de buena fe, imparcialidad, tratamiento equitativo de los acreedores, y lo más importante, el derecho del soberano a iniciar una reestructuración. En el caso de Argentina también se violaron algunos de esos principios, además de la obvia violación del principio de la mayoría con el fallo de Griesa.

–¿Cómo se explica el rechazo de Estados Unidos, Inglaterra, Japón, Alemania, Canadá e Israel?

–Hay un aparente comportamiento esquizofrénico por parte de estas naciones. Por una parte, reconocen a nivel doméstico que el mercado no puede resolver por sí solo las crisis de deuda, y por lo tanto disponen de leyes de quiebra. Pero, por otra parte, impiden que se creen marcos equivalentes para las deudas soberanas. La razón del rechazo es sencilla: podría implicar redefinir las relaciones de poder, que hoy en día son muy favorables a ellos.

–¿Por que países como Grecia, que necesita una reestructuración, o Bélgica, que acaba de aprobar una legislación antibuitres, se abstuvieron?

–La abstención de esas naciones en este contexto es una buena señal. El Consejo de Ministros de la Unión Europea les había solicitado que votaran en contra, pero sin embargo no lo hicieron. Dar un paso más, o sea votar a favor, podía ser demasiado costoso.

–¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Es posible consensuar un marco jurídico internacional?

–Las discusiones en las Naciones Unidas deben continuar. Se debería crear una nueva comisión para continuar con este proceso. Gradualmente, las presiones de las sociedades civiles pueden implicar que ciertos países que se abstuvieron decidan luego aceptar estos principios. Esto sentaría las bases para alcanzar mayores consensos. Es posible y necesario crear un marco jurídico internacional, pero veo imposible e inconveniente la creación de una Corte internacional de quiebras soberanas en el contexto geopolítico actual. Imaginemos que tal Corte existiese. ¿Quién sería el juez? ¿Quién lo nombraría? ¿Sería imparcial o respondería a intereses? Aceptar una solución de este tipo implicaría renunciar explícitamente a la inmunidad soberana, algo que muchos países no estarían (con razón) dispuestos a hacer. Lo que se debería buscar es crear un marco que ayude a resolver las crisis de deuda en tiempo y forma, junto a una Comisión Supervisora que actúe como agente mediador y supervisor del proceso. Algunas de las previsiones de las leyes de quiebra domésticas podrían ser incluidas. Por ejemplo, debería haber una cláusula estándar de “préstamos en mora”, que le dé tratamiento preferencial a los acreedores que prestan una vez que se inicia una reestructuración, para que tengan más incentivos a hacerlo y el deudor pueda recibir crédito más barato cuando más lo necesita. También se debería establecer la suspensión de los litigios mientras dura el proceso de reestructuración, para evitar acciones como las de los fondos buitre.