Los casi diez millones de jóvenes que según el último censo viven en Argentina tendrán por primera vez desde la vuelta de la democracia una ley que garantiza sus derechos de manera integral. El proyecto de ley de Promoción de Juventudes, anunciado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por cadena nacional, pretende institucionalizar las políticas sociales destinadas a la juventud durante los últimos doce años “para que no queden a tiro de un decreto presidencial y permita, sobre la base del piso de derechos conquistados, discutir la agenda a futuro de los jóvenes”, dijo a Página/12 Facundo Tignanelli, subsecretario de Juventud y uno de los impulsores del proyecto.

La iniciativa, que busca asentar las responsabilidades del Estado frente a los jóvenes de entre 15 y 29 años, ya ingresó a la Cámara de Diputados y comenzará a tratarse en comisiones en las próximas semanas. De aprobarse, el plan Progresar pasará de ser un decreto presidencial a tener rango de ley y se actualizará automáticamente cada seis meses junto a las jubilaciones y la Asignación Universal por Hijo. La Presidenta definió los objetivos del proyecto en su discurso en La Matanza, a mediados de este mes: “Vamos a consagrar las políticas públicas orientadas a los jóvenes, para que las futuras generaciones tengan los mismos derechos que tienen hoy”, apuntó.

Los 71 artículos que componen la norma se basan en el espíritu de las políticas sociales vigentes y recogen el clima época de creciente militancia política entre los jóvenes. “Hemos recuperado el rol protagónico de la juventud en la vida política y social, a partir de un Gobierno que la escucha y un Estado que está presente. Que hoy los jóvenes se sientan incluidos en un proyecto de país, a diferencia de los 90, es una realidad que no vamos a dejar que se revierta” afirmó en diálogo con Página/12 la diputada nacional del FpV María Luz Alonso. En la misma línea, Tignanelli dijo que “hay un piso de derechos, entre ellos la AUH y Progresar, que los sectores conservadores ya no podrán discutir, porque son parte de las conquistas del pueblo argentino en estos años”.

El proyecto establece la creación de seis nuevos organismos. Entre ellos, el Instituto de la Juventud, que estará encargado de implementar el Progresar, y la secretaría de juventud, que jerarquiza la actual subsecretaría dependiente de Desarrollo Social y pasará a la órbita de Presidencia. Su objetivo, explicó Tignanelli, será “coordinar los más de 60 programas para la juventud que se llevan adelante entre todos los ministerios”. “En cada territorio los jóvenes viven circunstancias distintas y tienen reclamos puntuales, por lo tanto necesitamos articular las políticas públicas para profundizarlas”, manifestó.

Más de 25 mil jóvenes debatieron los puntos centrales del proyecto convocados por la subsecretaría, que tomó como ejemplo los foros que impulsaron la ley de medios. “Buscamos que esta ley se impregne de las realidades de cada territorio”, reveló Tignanelli. Los foros juveniles de debate pasaron por Jujuy, San Juan, Entre Ríos, La Pampa, Tierra del Fuego y Chaco, donde uno de los reclamos fue la implementación del boleto estudiantil, que fue tomado por el gobierno chaqueño y convertido en ley.

La defensoría del joven, otro de los organismos a crearse, tendrá como finalidad “generar conciencia sobre ciertos actos y discursos discriminatorios y estigmatizantes hacia la juventud, además de ser un espacio de contención”, informó la diputada nacional del FpV María Luz Alonso. Funcionará dentro del Congreso y estará compuesta por legisladores, funcionarios y organizaciones sociales. “Será como una defensoría del pueblo, de y para jóvenes”, afirmó Alonso, quien apuntó que en ese aspecto “hoy hay un vacío, una orfandad que la defensoría viene a reparar”. Al presentar el proyecto, la presidenta aclaró que el término “juventudes” en el nombre de la ley hace referencia “a toda la diversidad jóvenes” en oposición al discurso hegemonizador, y señaló que la creación de la defensoría es una respuesta “a las muchas formas en las que son agredidos”.

“Todavía hoy persiste una mirada conservadora sobre la juventud que aparece en ciertos fallos judiciales y en los medios hegemónicos. Por eso decimos que por lo hecho desde 2003 hasta hoy, el Gobierno está a la vanguardia en este tema”, afirmó Tignanelli. La decisión de asentar por ley las políticas de contención de la juventud “busca que no queden a tiro de un decreto presidencial y también proyectar la discusión de los temas pendientes, que están en agenda”, reflexionó.

Además de concretar los derechos a la participación política y civil, a la educación y al trabajo garantizados por los tratados internacionales a los que Argentina suscribe, el proyecto incorpora, como problemáticas actuales, la “salud reproductiva”, el “tratamiento y prevención del uso problemático de sustancias ilegales” y “el acceso a la vivienda”, a las que deberán dar respuesta las políticas públicas.

Con algunas objeciones, el proyecto recibió el respaldo de sectores organizados de la juventud críticos del gobierno nacional. “Consideramos que tanto la creación de la secretaría como que el Progresar se convierta en ley son medidas progresivas, pero aún quedan pendientes temas sensibles como el derecho al aborto y el reemplazo de la Ley de Educación Superior” afirmó a este diario Adrián Lutvack, presidente de la FUBA y uno de los disertantes del Foro de Educación para el Cambio Social, que reunió en Córdoba cinco mil estudiantes universitarios y secundarios. En la misma sintonía se expresó Fernando Almejun, secretario de juventud de CTA capital, para quien “el proyecto es un paso importante, pero insuficiente”. “Los jóvenes seguimos siendo vulnerables, sobre todo como principales víctimas del flagelo de la droga”, argumentó.

En lo que coinciden los referentes consultados por Página/12 es en la creciente politización de la juventud y en un cambio drástico en las proyecciones de vida de la actualidad en comparación con otras décadas de la historia argentina. “La participación de los jóvenes en política es algo natural, es la historia misma, la diferencia es que hoy en lugar de un Estado que te reprime o te deja en la miseria hay un Estado que acompaña”, aseguró Tignanelli. Para Lutvack, “hubo avances en estos años, que se conquistaron a partir del 2001, y la generación de jóvenes comprometidos tiene lugar en toda latinoamérica, en la que el No al Alca fue un punto de partida”.

Sobre el recorrido que hará el proyecto, la diputada del FpV María Luz Alonso afirmó que espera que “el apoyo en la cámara sea unánime, porque los derechos de los jóvenes atraviesan a todos los sectores políticos, sin mezquindades”.

Informe: Matías Ferrari.