Un grupo de directores del Banco Central ya tiene el informe sobre el escritorio. Un trabajo que genera polémicas dentro de la propia autoridad monetaria y en el Palacio de Hacienda y que seguramente será motivo de un acalorado debate en los próximos meses. Se trata de un proyecto para sanear el sistema financiero. La estimación de los técnicos del Central menciona que para lograr ese objetivo serían necesarios nada menos que 37.000 millones de pesos. Según los promotores de la iniciativa, ése sería el costo del salvataje, que evitaría cierres de varias entidades.
Después de un comienzo de relaciones turbulentas con el Gobierno, los banqueros cambiaron de estrategia. Suelen mostrarse optimistas en público y bajaron el perfil con sus reclamos, limitándose a visitas reservadas a los despachos oficiales. No les está yendo mal: consiguieron que el Congreso aprobara una compensación por 2800 millones de pesos por el reemplazo del CER por el CVS, medida que el Ejecutivo acaba de promulgar.
Ahora van por más. El centro de la cuestión es que los bancos pierden plata todos los meses debido a que el negocio se comprimió súbitamente tras el default y la devaluación. Ausente el Estado que colocaba bonos de la deuda y cerrado el grifo del crédito, la recaudación se limita ahora a la cobranza de los servicios –como el mantenimiento de las cuentas o la renovación de las tarjetas– y a la escasa financiación de cortísimo plazo. En conjunto, el sistema perdió 220 millones de pesos en agosto. En opinión de los financistas, la oferta de crédito está garantizada y lo que faltan son demandantes de esas líneas. En el Gobierno, en tanto, matizan ese escenario arguyendo que los préstamos reaparecerían si los banqueros bajaran más las tasas de interés.
Mientras tanto, la propuesta de los bancos radica en que el Estado debería garantizarles la rentabilidad. Tal cual dio cuenta Página/12 hace una semana, una de las ideas es que el Banco Central adquiera las carteras crediticias irregulares con el compromiso de volcar esos fondos a préstamos de mediano y largo plazo.
En el Central y en Economía descartaron ese proyecto. Sin embargo, funcionarios de ambas dependencias aceptan que, en algún momento, se comenzará a discutir un plan para “sanear” al sistema. ¿El motivo? Se prevé que en los próximos años el negocio financiero será diminuto en relación con el tamaño del sector. En la actualidad conviven 98 entidades, entre bancos y pequeñas financieras y, tarde o temprano, debería darse un sinceramiento de la cuestión.
Frente a esta realidad, en el Gobierno evalúan distintas alternativas. Por un lado, los funcionarios no quieren que haya cierres de bancos que compliquen el panorama económico y la situación social. Tampoco están dispuestos a un salvataje con fondos públicos. No hay que olvidar que el sistema financiero ya fue compensado por la pesificación asimétrica y la eliminación del CER a determinados créditos.
La solución que empezaron a bosquejar algunos directores del Central implica un aporte de fondos por parte del Estado. Pero no en forma exclusiva. La condición es que también lo hagan los organismos internacionales y los propios banqueros, a través de una capitalización de las entidades. De hecho, la cuestión ya comenzó a evaluarse con la misión del Fondo Monetario que la semana pasada estuvo en la Argentina. Las primeras estimaciones realizadas por técnicos del BCRA dan cuenta de la necesidad de aportes por 37.000 millones de pesos. Ese monto incluye parte de la cartera irrecuperable de los bancos y la compensación por los amparos otorgados a tipo de cambio libre.
Los defensores de este proyecto aseguran que la experiencia internacional indica que cuando se dan crisis sistémicas, como la ocurrida en la Argentina, el Estado debe hacerse cargo de reconstituir el negocio bancario para asegurar la recuperación de la economía. Fuentes del Palacio de Hacienda consultadas por este diario se mostraron adversas a nuevos aportes al sistema financiero. Esos funcionarios sostienen que lasentidades deben generar negocios propiciando una baja de sus costos. Y se niegan a que siga aumentando la deuda pública.