Desde Yakarta

Los 3500 millones dólares que 4040 contribuyentes argentinos escondieron en el HSBC Private Bank de Ginerba representan el 0,6 por ciento del PIB. La relación entre los depósitos realizados en la sucursal suiza del banco y el producto argentino es tres veces mayor que la exhibida para el caso de España pero ocho veces menor al guarismo presentado por Uruguay. Como la ruta del dinero suele complejizarse utilizando paraísos fiscales para ocultar el origen y la titularidad de los fondos, los paraísos fiscales encabezan el listado elaborado por las organizaciones Christian Aid y Financial Transparency Coalition (FTC) con la información sustraída por el ex empleado del HSBC en Suiza, Herve Falciani. Las colocaciones en un solo banco helvético provenientes desde las Islas Vírgenes equivalen a 3,6 veces el PIB del territorio británico de ultramar y ascienden a 1,9 veces el producto de las Islas Caimán. El estudio que deja al descubierto el impacto relativo de la fuga sobre los países en desarrollo, fundamentalmente los estados africanos, fue distribuido ayer en la capital de Indonesia donde hoy comienza de una conferencia organizada por FTC sobre el mundo offshore, paraísos fiscales y evasión impositiva.

Los fondos fugados por empresas e individuos argentinos hacia la sucursal bancaria de HSBC representan solo una pequeña fracción del stock de activos que los residentes poseen en el exterior. Las estimaciones del volumen total de activos de residentes argentinos fuera del país oscilan entre 250 y 373 mil millones de dólares, dependiendo del método utilizado para el cálculo, que equivalen a un 33 y 61 por ciento del producto respectivamente. “Los flujos financieros ilícitos afectan a los países en desarrollo en mayor proporción que a las economías desarrolladas. Se estima que cada año se fuga de los países en desarrollo en forma ilícita un billón de dólares. Se priva a esos estados de capitales y recursos impositivos para la inversión en la infraestructura necesaria para el desarrollo”, afirman Joe Stead y Christian Freymeyer, los investigadores que estuvieron al frente del trabajo.

“El G-20 anunció que se acabó la era del secreto bancario pero como muestran los datos de un solo banco suizo esto no es así para la mayoría de los países en desarrollo”, apuntó Stead ayer por la mañana durante un encuentro entre periodistas de todo el mundo en Yakarta. El asesor jurídico de Christian Aid cuestionó además el doble estándar de países como el Reino Unido “que afirma combatir a las guaridas fiscales pero alberga a algunos de los paraísos fiscales más importantes del mundo”.

“Es difícil estimar cuánto se perdieron de recaudar los países pero, por ejemplo, España logró que los evasores paguen alrededor de 340 millones de dólares, alrededor del 15 por ciento del monto total vinculado al país en el HSBC de Suiza.

Indonesia, sede el evento que comienza hoy, no es una excepción a la fuga de capitales y la evasión pero el HSBC de Suiza no es un destino predilecto. Después del estallido de la crisis del sudeste asiático en 1997 muchas empresas indonesias mudaron sus domicilios legales y sus cuentas bancarias hacia las prolíficas guaridas fiscales de la región. Al interponer empresas fantasmas en paraísos fiscales como Macao y Hong Kong (tierra natal del HSBC) o destinos más tradicionales como Islas Vírgenes Británicas, crean complejas estructuras societarias que les facilitan minimizar sus obligaciones tributarias, fugar capitales y ocultar a los dueños del control de las administraciones tributarias. La dinámica es similar a la desplegada por muchas de las grandes firmas argentinas como el Grupo Techint. Uno de los casos emblemáticos en el país es el de la firma Asian Agri (AAG), empresa que figura entre las principales productoras de aceite de palma a nivel mundial y es propiedad del magnate indonesio Sukanto Tanoto. Las diferentes maniobras de evasión destinadas a reducir la ganancia imponible y la fuga de divisas vía precios de transferencia le hicieron perder al estado 130 millones de dólares. El escándalo se destapó tras la divulgación de la información a cargo de un ex empleado de la corporación (el único que terminó en la cárcel por lavado de dinero) y AAG debió pagar 208 millones en materia de impuestos adeudados más intereses y abonar una multa de 260 millones.