Entre las sorpresas que depara la crisis argentina, una de las que más pueden desconcertar es que al fisco le sobran ingresos y tiene el menudo problema de decidir qué destino darles. Esto ya ocurre este año y, como se sabe, la cuestión se despachó en parte adelantando pagos de sueldos y jubilaciones, que normalmente eran diferidos en diciembre para que impactasen sobre el nuevo y virginal ejercicio. Esta vez no. ¿Para qué, si Hacienda nada en plata, como rico entre menesterosos? Pero el dilema también se presenta con el Presupuesto 2004, en realidad porque el proyecto subestima la recaudación que –según proyecciones normales– va a obtenerse. Esto da origen a la aparición de recursos “ocultos” que, según quién realice el cálculo, oscilarían entre 3000 y 5000 millones de pesos durante el año próximo. Este dinero puede tener hipotéticos usos variados, que un reciente análisis del cuerpo de economistas del Bapro enumera.
Los autores aclaran que éste no es el cuento de la lechera. Es decir, que no se trata de estar discutiendo qué se hará con fondos sobrantes con los cuales, finalmente, no se contará. Por el contrario, a ellos no les parece irrazonable la discusión, y creen “muy sano” que la sociedad debata libremente “el mejor modo de aplicar sus crecientes recursos fiscales futuros” para decidir democrática y racionalmente. Así las cosas, se consignan a continuación las cuatro destinaciones alternativas –aunque sujetas a posibles y múltiples combinaciones entre ellas– para los recursos excedentes:
u El Ministerio de Economía parece preferir (junto con un buen número de empresarios locales) basarse en ellos para asegurar la anticipación de la gradual eliminación de los “impuestos distorsivos”. Se entiende por tales los que no condicen con la capacidad contributiva de los afectados, como sería del caso con el que grava las transacciones financieras, o desfiguran la asignación de recursos, como –según juzgan sus detractores– las retenciones que rebanan el dólar de exportación. De este modo, podría adelantarse la reducción en la alícuota del impuesto al cheque.
Otra variante, dentro de esta misma opción tributaria, radicaría en establecer un esquema de amortización acelerada para las inversiones que realizan las empresas en bienes de capital. Esto restaría temporariamente ingresos al fisco, porque mayores amortizaciones implican menores ganancias en el balance y, por ende, menos impuesto a pagar. El objetivo de este sacrificio fiscal es abaratar las inversiones para alentarlas. También se las podría facilitar a través del IVA. Son todas formas de dejar más dinero en poder del sector privado, esperando que así asigne mejor sus recursos y expanda su capacidad productiva, propósitos cuyo logro nunca está sin embargo garantizado.
u De acuerdo a lo que registran los economistas del Banco Provincia, los restantes ministros y muchos parlamentarios preferirían descomprimir el nivel del gasto primario, ya sea para aumentar los haberes jubilatorios (esto ya se hizo en la franciscana medida de los 20 pesos sumados a los beneficios mínimos), el resto del gasto social, las transferencias a provincias, el nivel de inversión pública o las retribuciones a empleados estatales y funcionarios.
Aunque algo pueda haber para la inversión, vía obra pública, lo característico de esta opción es que redistribuye recursos hacia lasociedad, apuntando básicamente al consumo. No deja más dinero en manos de los empresarios, pero les amplía el mercado, pudiendo a su vez confiarse en que ello, eventualmente, estimule decisiones de inversión, lo que dependerá de las expectativas y otros humores.
u El establishment financiero, y los tenedores locales de bonos públicos en default, preferirían –afirman los expertos del Bapro– que se mejorase sustancialmente la oferta de restructuración de la deuda realizada por el gobierno nacional. El procedimiento consistiría en sincerar los recursos ocultos, ampliando la meta de superávit fiscal primario pactada con el Fondo.
Esta variante, enfáticamente desechada por el Poder Ejecutivo, promete, como hipotético rédito, acelerar la consecución de un acuerdo con los acreedores, permitiendo emigrar así de la cesación de pagos para volver a colocar a la Argentina entre los países elegibles para los fondos internacionales que están mirando de nuevo con alguna avidez las plazas emergentes. Con un riesgo que decuplica al brasileño y es casi cincuenta veces el chileno, el país está sin duda completamente fuera de foco.
No obstante, a diferencia de las dos primeras disyuntivas, ésta implica tomar los ingresos ocultos y transferirlos afuera (salvo, en cierta forma, cuando los acreedores “externos” son en realidad residentes). Esta clase de posibilidad encierra el peligro de restar recursos a la economía (los fondos sobrantes, hay que recordar, provienen de “adentro”, de los contribuyentes), debilitando la demanda. No es seguro que ello no afecte, por otra vía, el interés por invertir en esta economía.
u El informe recuerda, como deshojando el último pétalo de esta margarita presupuestaria, que los “tecnócratas fiscales” (así los individualiza, con cierto dejo despectivo) elegirían contemplar la necesidad de comenzar a ahorrar para los futuros años de vacas flacas (¿ahora son gordas?), constituyendo a partir de este momento un fondo anticíclico que permita, cuando se revierta el ciclo económico, sostener el gasto público a pesar de la caída que sobrevenga en los ingresos.
La pregunta es si las autoridades elegirán comportarse como la hormiga o como la cigarra. Sin embargo, primero habría que ponerse de acuerdo sobre la naturaleza de la actual expansión económica. A la luz de un crecimiento que podría superar el 7 por ciento este año, ¿se trata apenas de un respingo después de la caída sin red que sufrió la economía en 2001 y 2002, precipitada por una masiva fuga de capitales? ¿Inicia o no un período prolongado de rápido crecimiento, fogoneado por los nuevos precios relativos? En la medida en que se piense que lo de 2003 es excepcional, y a lo sumo extensible a 2004, empezar la formación de un fondo anticíclico fiscal puede tener sensatez para que en 2005 no haya que cortar gastos. Eso siempre que se crea que esta reactivación no necesita de la concurrencia de todos los recursos disponibles para sostenerse.
La Argentina, cercada de acreedores y observada atentamente por el FMI, juega presupuestariamente a ser más pobre de lo que realmente es para darse así un mínimo margen de maniobra. Pero para la plata que asomará por los bolsillos del erario hay, antes aun de que sea recaudada, diversos empleos alternativos. Por ahora, no sólo no se sabe a qué será aplicada: tampoco quién se reservará la atribución de decidirlo, si el Parlamento o el Ejecutivo, que nunca considera suficientes sus poderes.