El Gobierno redujo el impuesto interno a los autos de lujo y retrotrajo la situación al momento previo a la suba que había aplicado el kirchnerismo a fines de 2013, tal como anticipó Página/12 hace dos semanas. En lugar de las tasas del 30 y 50 por ciento según se trate de autos nacionales o importados, los autos de lujo pagarán ahora una alícuota uniforme del 10 por ciento y del 20 por ciento para las unidades superiores a los 800 mil pesos. “Eliminamos el cepo a la producción automotriz para generar más y mejor empleo”, dijo el ministro de Producción, Francisco Cabrera. Este cambio impositivo en primer lugar facilita la importación de vehículos de alta gama, lo que no genera más y mejor empleo en Argentina, y sí en los países productores de esas unidades.

La baja del impuesto a los autos de lujo se concretó ayer luego de una reunión del gabinete económico entre Cabrera, su par de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay; de Energía, Juan José Aranguren; de Agricultura, Ricardo Buryaile, y el titular de la AFIP, Alberto Abad. También se analizó la posibilidad de reducir impuestos a internos a otros sectores, algo sobre lo que están trabajando los colaboradores de Cabrera.

A fines de 2013 se reglamentó la ley que modificó los impuestos internos a los bienes suntuarios, con la intención de desincentivar el consumo de artículos importados para reducir el gasto de divisas y desviar la demanda hacia autos producidos localmente. La norma elevó la alícuota del 10 por ciento hasta un valor diferencial del 30 y 50 por ciento según el precio del vehículo. El efecto en el mercado fue la suba del 125 por ciento en los precios en pesos de los autos de lujo importados y la caída de los patentamientos de estos vehículos en un 71 por ciento. Un año después la base imponible se actualizó y a mediados de 2015 se introdujo una diferenciación entre productos nacionales e importados, en favor de la producción local. La alícuota para los autos locales bajó del 30 al 10 por ciento mientras que los importados pasaron del 50 al 30 por ciento. Las tasas nominales del 10 y del 30 por ciento se traducen en un 11 y 42 por ciento en términos efectivos, o sea, sobre el precio en concesionario.

Con el recambio de autoridades en el gobierno nacional, las automotrices primerearon y pusieron en el tope de su agenda de prioridades la cuestión del impuesto. Si bien el impuesto afecta a una porción relativamente chica del mercado (cerca del 13 por ciento de los patentamientos), explica el 20 por ciento de la facturación de las empresas, ya que la venta de importados de alta gama genera una rentabilidad superior al resto.

La nueva alícuota del 10 por ciento rige para los vehículos que superen los 350 mil pesos y para los autos de más de 800 mil pesos, será de 20 por ciento. En las motos, prácticamente la totalidad de los modelos nacionales no pagarán impuestos internos, sólo lo harán en un 10 por ciento las que superen los 65 mil pesos de salida de fábrica. Para las embarcaciones se aplicará una tasa del 10 por ciento cuando superen los 400 mil pesos.

“Permitirá a las empresas contar con previsibilidad para planificar y aumentar la producción y comercialización de aquellas versiones que se han visto afectadas, aumentando la oferta de modelos y las fuentes de trabajo en la cadena automotriz”, señaló Enrique Alemañy, presidente de Adefa. “Estamos eliminando trabas y distorsiones. El sector anticipó inversiones por 3800 millones de dólares a 2017”, agregó Cabrera.

Si bien los impuestos internos complicaban la producción de un par de modelos nacionales que están en el segmento más caro del mercado, en primer lugar trababan la importación de vehículos de alta gama, como por ejemplo el Focus, el C4 Lounge, el 408, el Renault Fluence y de otras marcas como Land Rover, Alfa Romeo, BMW, Dodge, Mitsubishi o Subaru. Por lo tanto, la reducción del impuesto es en principio una forma de recomposición de caja para las empresas. En las últimas semanas las automotrices también se beneficiaron de la eliminación de retenciones a las exportaciones industriales y la gradual cancelación de la deuda del Banco Central con los importadores.