“Consideramos inviable la propuesta considerada por el juzgado, siendo la única salida para esta empresa constituir en este caso una sociedad participada, donde el Estado esté presente, junto a los trabajadores y el capital privado”, señaló en relación al conflicto en la empresa Cresta Roja el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Carne de la provincia de Buenos Aires. El gremio dirigido por Adolfo Silvio Etchehun advirtió que el arreglo judicial que se alcanzó supone que la reincorporación de los trabajadores se realice por etapas recién a partir de agosto y que hasta ese momento los empleados cobren el Repro del Ministerio de Trabajo, “un subsidio insuficiente para una familia tipo”, reclamó el gremio en un comunicado de prensa.

El conflicto en Cresta Roja tiene casi dos años. Comenzó en 2014, cuando el grupo Rasic empezó a aducir supuestos problemas económicos para obtener ayuda financiera del anterior gobierno, y lo hacía con amenazas de cierre ante las “dificultades financieras ocasionadas por los reclamos de los trabajadores”. La respuesta de los operarios fue la de hacer paros y bloqueos en la planta. En los últimos dos meses se reavivó la disputa, con el hecho saliente de la represión policial en la autopista Riccheri.

La jueza Victoria Pérez Casado se pronunció días atrás por la quiebra de la empresa y dispuso la designación de un síndico que tendría la tarea de garantizar el normal funcionamiento de la fábrica, al mismo tiempo que comenzó la búsqueda de compradores. En la empresa trabajan unos 5000 empleados y la capacidad de producción alcanza los 400 mil pollos por día.

La Justicia resolvió que los grupos Ovoprot International SA, Tanarcorsa SA y Lacau se hagan cargo de Cresta Roja a cambio de un depósito de 20 millones de pesos. Les otorgó la administración por 30 días con la promesa de constituir un fideicomiso y que a partir de agosto incorporen trabajadores por etapas en función de las necesidades de producción. En ese momento empezarían los trabajos de faena. Antes las actividades de la empresa estarían limitadas a los trabajos de granja. Mientras tanto, los trabajadores cobrarían el Repro que otorga el Ministerio de Trabajo.

El Sindicato de la Industria de la Carne denunció que “las empresas del sector buscan excusas para evitar el compromiso de poner en funcionamiento a pleno las plantas. Apuestan al desguace, para evitar la competencia. En este acuerdo los trabajadores fueron olvidados, ya que el objetivo de este grupo son las granjas de recría (la genética). Las empresas citadas se dedican a la producción de huevos y su procesamiento. Los trabajadores son descartables en este nuevo proceso”. El gremio también caracterizó de “insuficiente” el Repro y sugirió que el Estado nacional realice un salvataje de la empresa. Ovoprot, la cabeza del grupo inversor, es la principal exportadora de huevo en polvo de América latina. En Europa, es el primer proveedor de Nestlé. En tanto, Tanacorsa produce y procesa huevos para la industria alimentaria.