El gobierno de Mauricio Macri ha concretado mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia un megacanje de deuda que implicará un aumento sustancial en la carga de intereses en el Presupuesto Nacional. La operación liderada por el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, y el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, involucra 16.099 millones de dólares. Con un fuerte aumento de la tasa de interés y una quita del capital del 15 por ciento, la emisión de bonos será por 13.697 millones de dólares y los servicios de deuda subirán con los nuevos papeles en 9141 millones de dólares durante todo el período de duración que va de 6 a 11 años. Sturzenegger entiende de megacanjes y el consiguiente incremento de deuda e intereses (ver recuadro). Además del aumento de los servicios de la deuda por el alza de la tasa de interés, este megacenaje convierte una deuda intra sector público no exigible en otra que sí lo será en manos del sector privado. El trueque de papeles de deuda fue dispuesto por un DNU del 22 de diciembre pasado que derogó un artículo de la ley de Presupuesto 2016. La operación financiera tiene como protagonistas al Tesoro Nacional y al Banco Central, con la ansiosa expectativa de un grupo de bancos internacionales y locales de regresar a los buenos tiempos de los noventa con emisiones de títulos, ingeniería financiera de reestructuraciones y préstamos con garantías, comisiones abultadas y el juego especulativo con bonos de deuda pública. Esa transacción sólo sería el primer paso del megacanje que podría sumar otros 48.387 millones de dólares, para totalizar 64.486 millones de dólares, que Prat-Gay redondeó en 65 mil millones en su primera conferencia de prensa. Con esta operación impactante por el monto involucrado y otras medidas de regulación monetaria y financiera instrumentadas en menos de un mes, el Banco Central ha vuelto a responder a los intereses de los históricos actores económicos que se han arrogado ser dueños de esa entidad: los banqueros (ver nota aparte).

En el megacanje II de Sturzenegger y Prat-Gay participa el Tesoro Nacional y el Banco Central, con un grupo de bancos internacionales expectante para recoger beneficios: HSBC, JP Morgan, Deutsche Bank, Citibank y Goldman Sachs. La operación financiera tiene los siguientes pasos:

1. El trueque de dos Letras Intransferibles emitidas por el Tesoro Nacional recibidas por el Banco Central en 2006 y 2010, por tres bonos denominados Bonar, con diferentes fechas de vencimientos (2022, 2025 y 2027). Inicialmente esas Letras a 10 años de plazo fueron entregadas a cambio de dólares de reservas del Banco Central.

2. Esos dólares fueron utilizados por el Tesoro para cancelar la deuda con el FMI (9530 millones el 3 de enero de 2006) y pagar vencimiento de deuda con acreedores privados (2187 y 4382 millones, emisión de Letras formalizada el 1 de marzo de 2010). En total suma 16.099 millones de dólares.

3. En el Presupuesto 2016 estaba previsto la refinanciación del vencimiento de esa primera Letra por otra de igual característica. El DNU derogó el artículo (52) que la autorizaba.

4. Quedó libre así el camino para que esas Letras en poder del Banco Central fueran canjeadas al Tesoro por bonos con una quita del 15 por ciento en el capital, mientras que la tasa de interés sube de casi cero por ciento a 7,75 y 7,875 por ciento anual. Por un lado quita y por otro lado alza de la tasa de interés es la forma de distribuir el costo de la operación entre el BC y el Tesoro, aunque el saldo final resulta desventajoso para el último.

5. Los nuevos bonos serán entregados en garantía a esos grandes bancos internacionales por un préstamo a la entidad monetaria. El monto sería de 5000 a 10.000 millones de dólares.

6. Esos bancos cobrarán una tasa de interés por esa operación denominada “repo” en el mundo de las finanzas.

7. Los dólares de ese crédito sumarán al stock de reservas del Banco Central, y en caso de no devolverlos, las entidades prestatarias se quedarán con los bonos.

El argumento del Banco Central para justificar este megacanje oneroso para el fisco nacional (“un mejoramiento de condiciones a cargo del Tesoro Nacional”, se indica en el DNU) es que de ese modo reparará la calidad de su balance. Las Letras eran intransferibles, o sea no podían venderse en el mercado financiero, y devengaban una muy baja tasa de interés (Libor anual (1,5950 por ciento) menos 1 punto porcentual). En cambio, los nuevos bonos se podrán comercializar en el mercado y la tasa de interés será de 7,75 por ciento anual (Bonar 2022) y de 7,875 por ciento anual (los otros dos títulos). Estas dos cualidades es la que permitirá ejecutar la operación financiera con los bancos internacionales: los papeles de deuda tendrán cotización de mercado y entonces se podrán transar, además con una atractiva tasa de interés en dólares. Así una deuda pública (las Letras) no exigible de pago (la relación deudor-acreedor es entre organismos públicos lo que facilita una permanente refinanciación) pasará a serlo con los bonos (el acreedor privado, en cambio, busca lógicamente cobrar capital e intereses).

El costo

Las Letras Intransferibles devengan una muy baja tasa de interés y constituyen un activo intra sector público, o sea que la negociación por las condiciones (plazos y tasas) son muy fáciles de definir, como quedó demostrado cuando se emitieron y ahora con el megacanje II de Sturzenegger y Prat-Gay. La intervención de bancos internacionales incorpora un actor privado cuyo objetivo es la maximización de la ganancia (comisiones y tasas de interés). A partir de entonces la negociación incluirá condiciones de repago del crédito, que en general son de ajuste fiscal para asegurarse los recursos de cobro, como se sabe en base a las experiencias argentina en los noventa, de los países europeos muy endeudados y de Brasil en este año.

El megacanje de Letras por 16.099 millones de dólares por bonos por 13.697 millones de dólares (quita del 15 por ciento del capital) fue distribuido en las siguientes emisiones:

- Bonar 2022 con una tasa de 7,75 por ciento por 4497 millones de dólares.

- Bonar 2025 con una tasa de 7,875 por ciento por 4510 millones de dólares.

- Bonar 2027 con una tasa de 7,875 por ciento por 4690 millones de dólares.

La diferencia entre las tasas de las Letras (0,15950 por ciento anual) y los nuevos bonos es una carga adicional para el fisco nacional. Ese costo suma 9141 millones de dólares en total. El monto surge de calcular la brecha entre esas dos tasas por los años de duración de cada bono. Por ejemplo con el Bonar 2022, los servicios de la deuda que se suman al presupuesto nacional será el equivalente a 337 millones de dólares por año en cada uno de los próximos seis. En total, 2024 millones de dólares. Con el Bonar 2025, 3134 millones en nueve años, y con el Bonar 2027, 3983 millones en once años.

Este aumento del costo del endeudamiento público debilita la solvencia inter temporal de las cuentas públicas con el argumento de la calidad patrimonial del Banco Central. En realidad, el nuevo megacanje encubre la estrategia de facilitar el acceso al crédito en el mercado de capitales internacional y, a la vez, de contar con más títulos públicos en dólares en manos de la entidad monetaria para intervenir en la plaza cambiaria en caso de corridas contra el peso. Así lo revela un comunicado del Ministerio de Hacienda y Finanzas del miércoles pasado: “mediante la instrumentación de este canje se ha dotado a la Autoridad Monetaria de instrumentos que aportarán mayor liquidez a su cartera de activos, mejorando así sus posibilidades de hacer operaciones de mercado abierto”.

Gasto público

Durante muchos años el rubro intereses de la deuda en el Presupuesto Nacional era evaluado con especial dedicación en las consultoras de la city porque orientaba acerca de cuál iba a ser la magnitud del ajuste fiscal exigido por la banca acreedora para aceptar la refinanciación de la deuda, con la esmerada auditoria del Fondo Monetario Internacional. Los vencimientos de capital no es una cuenta inquietante para los acreedores privados porque el objetivo que tiene con la deuda es su refinanciación. La clave de su negocio es cobrar los intereses cada año de una deuda incremental.

Los requerimientos de política económica trasmitidos a los gobiernos es definir entonces una estructura de gastos e ingresos (presupuesto nacional) que garantice el pago de los intereses. Cuanto más elevado es el monto a desembolsar por los servicios de la deuda, más importante debe ser el ajuste fiscal. Así fue durante la década del noventa hasta el estallido de la convertibilidad en 2001, cuando los intereses de la deuda pública eran equivalente al 22,4 por ciento del total del gasto público y equivalían al 4,1 por ciento del Producto Interno Bruto, según el presupuesto de ese año que se puede consultar en la página web del Ministerio de Hacienda y Finanzas (Secretaría de Hacienda, Oficina Nacional de Presupuesto).

El posterior default y el inmenso esfuerzo social del desendeudamiento durante los gobiernos kirchneristas (145 mil millones de dólares con acreedores privados y organismos multilaterales) disminuyó esa carga a apenas el 7,7 por ciento del gasto público y al 2,0 por ciento del PIB en 2015. Este último indicador había descendido a 1,3 por ciento en 2013, creciendo en los años siguientes por el cierre de conflictos externos con el Club de París, los juicios perdidos en el tribunal parcial del Banco Mundial (Ciadi) y la expropiación de las acciones de YPF en manos de la española Repsol.

El servicio de la deuda en 2015 sumó 96.217 millones de pesos del gasto público (el mencionado 7,7 por ciento del total), según el Presupuesto aprobado en el Congreso, pero concentrada la deuda en el sector público (la deuda en manos privada equivale a apenas el 12 por ciento del PIB). Este megacanje significa en promedio de la duración de los nuevos bonos unos 1056 millones de dólares anuales más de intereses, que equivale a 14.784 millones de pesos a un tipo de cambio de 14 pesos por dólar. Ese monto en pesos implica un 15 por ciento más de gasto en intereses presupuestado en 2015. Además que se abrirá la puerta a que esos papeles terminen en manos de acreedores privados.

Más Letras

En el informe del BCRA “Objetivos y planes respecto del desarrollo de la política monetaria, cambiaria, financiera y crediticia para 2016”, difundido el último día del año pasado, revela el objetivo del megacanje II. Afirma que “se trata de una sustitución de activos completamente ilíquidos por otros que pueden ser negociados en los mercados financieros”, y “de este modo, el Banco Central fortalece el instrumental disponible para la implementación de sus políticas monetaria y cambiaria”. Además destaca que el ingreso a su balance de esos bonos a cambio de las Letras Intransferibles “implican una importante mejora en la hoja de balance del Banco Central”.

En base a esas definiciones, es posible que esta operación financiera haya sido la primera etapa. El balance del Banco Central contabiliza otras Letras Intransferibles correspondientes a 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 por el Fondo del Desendeudamiento Argentino y la cancelación de servicios de deuda con organismos internacionales, por un total de 48.387 millones de dólares.

En condiciones similares al reciente trueque (quita de capital, tasas de interés y plazos), en caso de efectivizarse otras etapas sucesivas por el monto de esas Letras, los intereses que devengarían los nuevos bonos sumarían otros 27.497 millones de dólares. Es probable el avance en esa dirección porque en los considerandos del DNU que habilitó el megacanje II se lo justificó con que la suscripción de esas Letras por parte del Banco Central habían violando el artículo 19, inciso a), de su Carta Orgánica aprobada por la Ley N 24.144 y sus modificatorias, que “establece la prohibición de dicha entidad para conceder préstamos al Gobierno Nacional, con excepción de los adelantos transitorios específicamente descriptos en el Artículo 20 de la citada Carta Orgánica”.

Entonces si el megacanje II de Sturzenegger y Prat-Gay se completa por el total de 65 mil millones de dólares en iguales condiciones de quita de capital, tasas y plazos, los servicios de deuda adicionales en casi nueve años (el período promedio de los bonos emitidos) totalizarían 36.638 millones de dólares. Una carga excepcional sobre el presupuesto nacional con la excusa de mejorar la calidad del balance del Banco Central, cuando en realidad se trata de una inmensa operación financiera de incremento de la carga de los servicios de la deuda pública definida por un DNU sin ningún tipo de control del Congreso. Así el gobierno de Mauricio Macri ha empezado a aprovechar el extraordinario esfuerzo social del desendeudamiento con el sector privado de los gobiernos kirchneristas, iniciando un nuevo ciclo de negocios con la banca internacional.

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