Probablemente uno de los mayores aciertos de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, junto con la eliminación de las AFJP, fue la recuperación del paquete accionario mayoritario de YPF en 2012. La acción se decidió después del shock provocado por la pérdida del autoabastecimiento de combustibles y el inicio del flujo importador, un proceso que reforzó los problemas de cuenta corriente que estructuralmente manifiesta la economía local tras períodos largos de crecimiento. El objetivo no fue sólo recuperar el abastecimiento en el mediano plazo, sino reducir la demanda de importaciones.

La idea era sencilla, pero significaba un cambio radical respecto del modo de actuar de las inversiones petroleras en el país y de su gestión, de la relación entre el capital petrolero y el Estado. La historia no es muy larga y puede rememorarse en unas pocas líneas. La reforma constitucional del neoliberalismo en 1994 transfirió “el subsuelo” de la Nación a las provincias, pero la transacción se perfeccionó recién con la sanción de la llamada Ley Corta en 2006. Fue durante el gobierno de Néstor Kirchner y cuando, al parecer, todavía no estaban muy claras las consecuencias de haber dejado de considerar a los hidrocarburos como un recurso estratégico, menoscabo que la reaparición de la restricción externa haría recordar de golpe.

La sanción de la Ley Corta significó un verdadero cambio de régimen. La idea de planificación energética estatal terminó de desaparecer y la concesión de las áreas hidrocarburíferas, tanto en materia de precio de las concesiones, condiciones de explotación y regalías quedaron en manos de las provincias. Para el capital petrolero ello significó dejar de negociar con un actor con el poder del Estado Nacional, para hacerlo con otro de poder relativo muy inferior, los estados provinciales, por lo general siempre urgidos de fondos. La Ley Corta abrió los procesos de renegociación de concesiones, que en todos los casos implicaban un pago inicial para las siempre exhaustas arcas provinciales y un cambio de condiciones en términos de regalías y tiempos de concesión.

Tras la recuperación del capital mayoritario de YPF, una reversión virtuosa de todos los errores del pasado, el decreto 1277/2012 reglamentó el llamado Régimen de Soberanía Hidrocarburífera que, entre otras cosas creaba una comisión de nombre muy largo: “Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas”, que funcionaría bajo la órbita de la “Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo” del Ministerio de Economía que por entonces ocupaba el después ministro Axel Kicillof. Básicamente, la función de la Comisión era subsanar lo que legalmente no podía cambiarse. Como la propiedad provincial del subsuelo tenía rango constitucional y ello se había reglamentado a través de la Ley Corta, el decreto 1277, por medio de la creación de la Comisión de Planificación, introducía un tercer actor en las negociaciones entre las petroleras y las provincias. La clave residía en que la Comisión tenía la facultad aprobar o no los planes de inversión. Si bien este derecho a veto nunca se usó, le otorgó a Nación la facultad de presionar a las empresas para conseguir una mayor producción. Mientras la realidad de las voluntades provinciales era la urgencia de fondos para, por ejemplo, pagar aguinaldos u otros gastos corrientes, el objetivo de Nación siempre fue reducir importaciones; demandar más recuperación secundaria y terciaria, más exploración, más perforaciones y más equipos en el terreno.

Aunque los gobernadores de las provincias petroleras aceptaron los cambios introducidos por el decreto 1277, siempre existió un disgusto por la pérdida de la potestad de negociar directamente con las empresas en función de sus necesidades de caja. Ni hablar de las firmas del sector, entre ellas la conducida por el hoy ministro Juan José Aranguren, que pasaron de negociar con un actor débil a uno fuerte, de relacionarse con una ventanilla a tener que hacerlo con dos. Por todo ello, la disolución de la Comisión decidida ayer por Mauricio Macri, junto a buena parte del articulado regulador de la ley 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera, representa simplemente un proceso de liberalización sectorial que reduce significativamente el margen de acción del Estado Nacional.