Daniel Funes de Rioja, titular de la cámara que reúne a los grupos más concentrados de la industria de la alimentación, Copal, definió a través de una entrevista lo que el principal bloque empresario (la UIA) entiende por política de precios, la que intentará, con buena chance de lograrlo, que el gobierne adopte como propia. El responsable desde hace por lo menos dos décadas de la política laboral de la central fabril manifestó su oposición a que se mantenga el programa Precios Cuidados, que rebautizó despectivamente “precios pisados”, acusándolo de ser la continuidad de “diez años de retraso por políticas de control de precios del gobierno anterior, al límite del congelamiento, otro cepo más que tuvo la economía”. Aunque admitió que las empresas del sector aceptaron el llamado del gobierno a participar de las negociaciones con supermercadistas “por sector, por empresa y por producto”, dijo aspirar a que la lista de bienes incluidos (en el acuerdo trimestral que regiría a partir de mañana) se reduzca “porque hay productos que no corresponden a una canasta básica”. Justificó los aumentos en los precios de alimentos y bebidas producidos a partir de octubre (que en varios rubros superaron el 30 por ciento) y en relación a si vería factible volver atrás con esos aumentos, respondió tajante: “No veo ninguna posibilidad”.

No bien se empezó a perfilar la alternativa de que Cambiemos podría llegar al gobierno, cerca de las elecciones del 25 de octubre, los productores de alimentos de consumo masivo iniciaron una acción simultánea de remarcación de precios finales y de retención de mercadería especulando con aumentos posteriores. Después de la primera vuelta, el proceso se aceleró, con aumentos del orden del 20 al 30 por ciento y el vacío en las góndolas destinadas a los productos de Precios Cuidados en supermercados. Funes de Rioja explicó ayer, en diálogo con Radio 10, lo que a su criterio es una justificación de dichos aumentos. “En los precios de octubre tuvieron fuerte incidencia las subas salariales resueltas en paritarias del orden del 30 por ciento anual, que impactaron en un primer tramo entre marzo y julio, pero en un segundo tramo entre septiembre y octubre; además, el propio gobierno anterior autorizó incrementos de precios aplicables en noviembre. Pero también hay un impacto en la ecuación de costos por la suba de las materias primas, por el sinceramiento que dispuso el gobierno (actual) en el tipo de cambio”, dijo el dirigente, esquivando la palabra devaluación.

El titular de la Copal no sólo justificó la escalada de precios de fines de 2015, sino que además deploró las políticas de administración de precios del gobierno anterior. “Fueron diez años de inflación reprimida, retrasos y distorsiones de precios, estábamos al límite, otro cepo más que tuvo la economía; entendemos que ahora se debe buscar el camino a la normalización”, sostuvo. En cambio, a diferencia de la libertad reclamada para que las empresas decidan sus aumentos en función de su propia “ecuación de costos”, al hablar de los salarios y las paritarias se expresó “partidario de la moderación, la prudencia, la razonabilidad y el diálogo social”.

Funes de Rioja indicó que los estudios que realiza la Unión Industrial demuestran que en el sector manufacturero, para los trabajadores registrados bajo convenio, “los salarios no están atrasados”, con lo cual no dejó margen para reclamos de compensación sobre la escalada de precios de los alimentos de los últimos dos meses. Para adelante, es decir la negociación de la próxima paritaria, sugirió que “es el gobierno el que tiene que poner sobre la mesa pauta u objetivo de inflación y definir los caminos macroeconómicos que se van a seguir, para que nosotros (el sector patronal) podamos definir nuestra postura”. Subrayó que, históricamente, son los grandes convenios paritarios (los gremios de mayor peso y los sectores económicamente más poderosos) los que “le fijan el piso a la inflación” con la pauta de aumento salarial que definen. “Y siempre ha habido una referencia gubernamental para orientar las paritarias, lo cual no me parece ilógico, por el efecto macroeconómico que tiene”.

La particular correlación que Funes explica entre aumentos de paritarias e inflación (no así entre aumentos de precios de bienes de consumo masivo e inflación) lo llevó a sostener ayer, de manera enfática, que “o se enmarca la discusión paritaria en la idea de meta de inflación que se conversa con el gobierno, o se deja que cada uno tironee hasta donde puede y que sea lo que Dios quiera”. La amenaza de una híper por una demanda “excesiva” en las negociaciones paritarias va de la mano de las advertencias del ministro Alfonso Prat-Gay a los sindicalistas sobre la alternativa de defender aumentos o defender el empleo (ver nota en página 6),

En tanto, ayer continuaban las negociaciones por sector y por empresa, entre fabricantes y supermercadistas con intervención del gobierno, para definir la lista de productos y precios que integrarán el nuevo esquema de Precios Cuidados, virtualmente a partir de mañana. Se sabe que el criterio oficial es reducir la lista de productos a casi la mitad de los actualmente incluidos (de más de 500, se achicaría a menos de 300). No hay criterio único respecto de los aumentos que se autorizarán, y en algunos rubros se mantenían ayer fuertes diferencias. Desde el área que dirige Francisco Cabrera, ministro de la Producción y responsable por el gobierno nacional en estas negociaciones, ayer no dieron información y se esperaba que las conversaciones continuaran en el día de hoy.