El arreglo que impuso el gobierno de Mauricio Macri, para evitar pagar el costo de la devaluación en los contratos de dólar a futuro, comenzó a tener repercusiones negativas en los mercados que operan esos contratos. Para evitar pagar la diferencia entre los precios en torno de 10,10 y 10,50 pesos pactados por los inversores para los vencimientos de los primeros meses del año, y el tipo de cambio actual que se ubica en los 14 pesos, el Banco Central había obligado a bancos y mercados concentradores de futuros a aceptar un repricing (cambio en el precio original) de entre 1,25 y 1,75 pesos por contrato. Este costo se trasladó a los tenedores de los futuros de dólar. Sin embargo, en los últimos días, el mercado de futuros rosarino (Rofex) recibió unas cien cartas documento, principalmente de parte de administradoras de fondos comunes de inversión y clientes de sociedades de Bolsa, que no aceptan esa solución. Desde el Rofex explicaron a Página/12 que están respondiendo una a una las cartas exponiendo las razones de esa medida.

Previamente a la devaluación del 17 de diciembre último, el equipo económico entabló una serie de negociaciones para evitar pagar la enorme diferencia que iba a significar una suba de más de 40 por ciento del dólar. El acuerdo contempló que a los inversores minoristas que compraron futuros hasta el 29 de septiembre último se les canjeará el papel por un contrato similar, pero con un precio más alto al originalmente pactado, lo que reducirá la ganancia que obtendrán al efectivizar el acuerdo, al cierre de cada mes o al vender la posición, respecto de la devaluación de ese momento.

Los futuros del dólar son contratos que se operan en un mercado por el que dos partes se obligan mutuamente, una a comprar y otra a vender, una cantidad determinada en una fecha futura convenida a un precio fijado de antemano. El Central mantiene contratos abiertos contra 16.000 millones de dólares y la devaluación implicaba enfrentar un costo de unos 65.000 millones de pesos. La corrección para los contratos pactados entre el 30 de septiembre y el 27 de octubre implica sumarle 1,25 peso al precio original y para los pactados partir del 28 de octubre se adicionará 1,75 pesos. En este caso el canje lo realizó el Rofex, principal mercado concentrador.

Sin embargo, los tenedores y los fondos comunes que tienen responsabilidad por sus clientes por estos contratos enviaron cartas documento rechazando el arreglo. Iván Dalonso, gerente comercial de Rofex, explicó a este diario que las cartas responden a la necesidad de cubrirse ante sus clientes por ser agentes fiduciarios, aunque sostuvo que el repricing se mantiene firme. “Están en su derecho pero no se va a modificar nada”, dijo el directivo. Dalonso explicó que el repricing es compulsivo y se aplicó a las 5000 cuentas comitentes propiedad de personas físicas, bancos, exportadores y cerealeros, entre otros. “Nadie se puede abstener”, explicó el gerente.

Si bien se trata de una acción de los fiduciarios que evitar que se impute que se consiente la modificación de los contratos y se reclame al fondo la compensación, no se descarta que puedan abrirse litigios judiciales. “Es como aceptar en disconformidad. No implica que terminen en juicio”, señaló Dalonso. De las 100 cartas documentos, 40 corresponden a fondos comunes de inversión. Por el momento, el equipo legal del Rofex está contestando cada una de las cartas documento detallando el marco legal que respalda la decisión.

Para llevar a cabo el repricing de los contratos sin comprometer legalmente al Banco Central y a la propia institución, el Rofex esgrimió el artículo IV que rige para ese tipo de contratos, el cual define que la gerencia puede estimar que el cálculo del precio final para el ajuste de cualquier mes fue afectado por algún caso extraordinario, con lo que podría declararse un estado de emergencia que permita una intervención en el contrato. En tanto, los tenedores y fiduciarios también realizaron presentaciones ante Argentina Clearing, la sociedad encargada de la liquidación de las operaciones y que figuraba como contraparte legal de los contratos.