El Senado acaba de aprobar un régimen de tarifa social, preferencia a otorgar a los usuarios de luz, gas y agua que no están en condiciones no ya de afrontar eventuales subas sino de pagar la prestación actual. El proyecto fue discutido durante meses con el Ministerio de Planificación, la Unidad de Renegociación y las propias prestadoras, que lograron imponer su criterio para identificar a los futuros beneficiarios: éstos no serán distinguidos por su nivel de consumo sino por una serie de parámetros de pobreza que, por ejemplo, excluyen de cualquier prerrogativa tarifaria a quienes tengan teléfono.
El esfuerzo para que esa franja pague menos o acceda a servicios que hoy no tiene recaerá básicamente sobre el Estado, que resignará impuestos o aportará efectivo, o sobre el resto de los usuarios, la enorme mayoría que quedará obligada a hacer un “aporte solidario” y, en menor medida, sobre las privatizadas del sector, cuya contribución es poco clara.
El texto debe volver a Diputados, su Cámara iniciadora, para que apruebe los sustanciales cambios que introdujeron los senadores luego de consensuarlos con funcionarios del Poder Ejecutivo y técnicos de las propias empresas involucradas en la futura norma. Justamente este amplio respaldo político hace presumir que difícilmente la Cámara joven lo rechace, aunque la votación tenga lugar después del inminente recambio de legisladores. En otros términos, el texto formalmente presentado por el senador jujeño de le UCR Gerardo Morales bien puede considerarse como la última palabra sobre el tema, al menos en la definición de los criterios básicos para crear una tarifa social común a varios servicios.
La iniciativa nada dice sobre qué ocurrirá con los futuros aumentos tarifarios que comenzaron a discutirse en el seno de la Unidad de Renegociación de contratos. Pero contempla descuentos en el precio actual a través de la Tarifa de Interés Social (TIS) y crea un subsidio para el Acceso Solidario al Servicio (ASS) de quienes aún no lo tienen.
Por la TIS estarán eximidos de pagar el IVA los usuarios de energía eléctrica y agua potable. Junto a los de gas, añadirán a esa ventaja un descuento en sus facturas, variable según la jurisdicción de que se trate (Nación o provincia) y la cantidad de clientes que se hagan acreedores a este derecho. Este segundo beneficio asumirá la forma de una subvención, a costear con los siguientes recursos: un aporte de la Nación o provincias, un 2 por ciento sobre las facturas de todo el resto de clientes y, finalmente, el aporte de las empresas prestadoras.
Pero esta decisiva contribución privada no surge nítida del texto, algo que las propias privatizadas de esos sectores admiten. Con su aporte –que debería ser equivalente al “10 por ciento del beneficio otorgado en factura a los consumidores beneficiarios”– terminaría de nutrirse un fondo que Desarrollo Social distribuirá luego entre las distintas jurisdicciones en función de la cantidad de pobladores con Necesidades Básicas Insatisfechas. Estas, a su vez, repartirán luego ese dinero para cubrir una parte de aquella tarifa preferencial o para costear la ampliación de redes o conexión del sistema.
¿Quienes califican como beneficiarios de este complejo régimen? El artículo 3 define taxativamente a los que deben ser incluidos en un padrón a elaborar por la ministra y hermana del Presidente, Alicia Kir-
chner: los jefes de familia desempleados o inhabilitados, jubilados o pensionados con ingresos mínimos por grupo familiar que fije la reglamentación de la ley, los beneficiarios de planes sociales, quienes no posean TV por cable o satelital o teléfono y, en todos los casos, los que limiten su consumo a una “prestación básica” a definir.
Las empresas prestadoras esperan con más ansias que los potenciales beneficiarios la definición de una tarifa social. Sólo cuando esté delimitado el campo de usuarios amparados podrá avanzarse en los nuevos cuadros tarifarios, que incluirán aumentos para todo el resto. “Por culpa de un 5 por ciento que no puede pagar, está congelado el precio del servicio al otro 95 por ciento”, comentaba ante este diario el representante de una distribuidora gasífera. Las TIS también permitirían engrosar el padrón de clientes “cobrables”, recuperando para esta categoría a los que hoy no lo son.
También alienta a las empresas gasíferas y eléctricas que los amparados por el régimen no se corresponden con los menores consumos, tal como había propuesto el propio Roberto Lavagna de movida. Las distribuidoras eléctricas contraatacaron esa propuesta con el argumento de que no es “justo” premiar con un precio reducido, por ejemplo, al propietario de un departamento desocupado en Recoleta o de una casa en un country por el solo hecho de que su demanda se ubique por debajo de los 300 kilowatts bimestrales. Algo similar a lo que plantean las gasíferas, enfatizando que los más pobres utilizan el gas licuado de garrafas.
Al margen de la razonabilidad de esos criterios, lo cierto es que la línea divisoria por “consumo” ampliaría el universo de beneficiarios de la tarifa social. En el caso de la distribución de gas, éstos llegarían al 10 por ciento de los clientes, mientras que si se utiliza la traza “padrón” se reducen a la mitad, acotando el aporte que deben hacer las empresas.
Otra satisfacción que el proyecto le depara a este núcleo de privatizadas es que la expansión de las redes para sumar a los clientes con menor capacidad de consumo –y, por lo tanto, integrado al segmento menos lucrativo– no sería costeada por ellas sino por esa especie de megafondo a administrar por Desarrollo Social. Esta pauta se mantendrá aun en la hipotética situación de que esta iniciativa parlamentaria abortase: el ministerio de Julio De Vido eligió financiar la ampliación de la red de agua potable y cloacas, así como la gasífera con fondos fiduciarios a integrar con préstamos del Banco Mundial, entre otras fuentes posibles, liberando de esa carga las cajas de las compañías. Otra alegría la expansión de los sistemas.