Cincuenta años atrás, Juan Domingo Perón les había advertido: “Cuiden esta empresa porque se las van a querer sacar. Defiéndala con alma y vida”. Los trabajadores del Astillero Río Santiago, de Ensenada, le hicieron caso. Varias veces en estas cinco décadas lograron impedir la privatización de la compañía que a fines de los años ‘50 construyó la Fragata Libertad.
Todavía hoy algunos empleados tienen marcas de las sucesivas represiones policiales. Otros recuerdan, entre risas, la vez que casi se meten en el despacho de Domingo Cavallo, en pleno auge de la convertibilidad, para rechazar la venta. También se sienten los pioneros en cortar rutas como medio de protesta. Ahora los 2000 trabajadores del astillero volvieron a movilizarse. Y ya lograron el compromiso del Gobierno de redactar dos proyectos para devolverles a las empresas marítimas argentinas un negocio por 1500 millones de dólares.
Astillero Río Santiago es una compañía cogestionada entre el Estado y los trabajadores. Uno de ellos, Angel Cadelli, es el gerente de calidad. La queja, en tono de denuncia, refiere al gobierno de Carlos Menem. “Desreguló y entregó a las multinacionales uno de los mejores negocios del sector: el mercado de los fletes”, contó Cadelli a este diario. Desde Ensenada, el astillero fabrica buques para la OTAN.
El objetivo de los empleados es devolverle al Estado, y a Astillero Río Santiago en particular, el negocio del flete, uno de los más rentables en el mundo naval. En la jerga se lo conoce como el “derecho de carga”, por el cual los países pueden darles a sus empresas la posibilidad de ingresar al puerto local las mercaderías importadas, que obviamente llegan por barcos extranjeros. Bolivia, que ni siquiera tiene salida al mar, no resignó nunca sus derechos de carga, ya que las negocia a cambio de rebajas impositivas cuando exporta. Pero Argentina sí lo hizo, al desregular el mercado durante la primera época del menemismo. La historia de la estatal ELMA da cuenta de la política de vaciamiento de las empresas públicas durante aquellos años.
Para tener dimensión del negocio fletero, un ejemplo: la tonelada de maíz, que cuesta 85 dólares, se encarece a 97 al llegar a destino. Esa diferencia de 12 dólares es la que ahora se quieren apropiar las empresas estatales y privadas nacionales en lugar de que quede en manos de los conglomerados internacionales.
El segundo proyecto acercado a la Casa Rosada implica poner un impuesto del 2 por ciento a los fletes marítimos. Con esos 30 millones de dólares se pretende formar un fondo específico para financiar la construcción de buques. La iniciativa, que fue recibida por el secretario de Transportes, Ricardo Jaime, encuentra resistencia en el sector empresario: argumentan que ese gravamen distorsiona el comercio exterior ya que lo encarece, y que sólo beneficia a las grandes empresas del sector, en detrimento de las más pequeñas que no fabrican buques. Pero Cadelli rebate esas conjeturas. “Nuestro proyecto permitiría la creación de 30 mil puestos de trabajo”, prometió.
El compromiso del Gobierno no se limita a darles curso a ambos proyectos. También se impulsaría una terminal en el puerto de Buenos Aires exclusiva para las pymes, de manera que a éstas se les abaraten las exportaciones.
Medio siglo después de la arenga de Perón, los trabajadores del astillero vuelven a dar pelea.