El acercamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) está en marcha pero todavía no hay fecha para que los técnicos del organismo regresen al país para elaborar su tradicional informe sobre la economía local. Desde el Foro Económico Mundial de Davos, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso PratGay, había expresado su voluntad para que los técnicos del Fondo vuelvan a “auditar las cuentas del país”. Sin embargo, voceros del Palacio de Hacienda relativizaron los avances e indicaron ayer que “el Gobierno no tomó una decisión en firme”. En la sede del organismo están entusiasmados con la recuperación de la “normalidad”. Representa una reivindicación histórica para el Fondo que jugó un papel central en la crisis de 2001-2002. Por otra parte, el ministro Prat-Gay afirmó ayer al diario La Nación en Suiza que estaba dispuesto a negociar en condiciones de confidencialidad con los fondos buitre. Sin embargo, desde Buenos Aires reiteraron que la decisión del gobierno de Mauricio Macri es difundir el contenido de las propuestas que se hagan a comienzos de febrero en la ciudad de Nueva York.

Las consultas del artículo IV son una obligación para los miembros del FMI, en las cuales los analistas del organismo elaboran un documento técnico utilizado como herramienta de disciplinamiento de la política económica y un canal de difusión para las exigencias del establishment. Para el nuevo equipo económico la decisión no implica necesariamente solicitar un crédito sino que busca aceitar la reinserción en el sistema financiero. Entienden que las colocaciones de deuda externa y la inversión extranjera serán favorecidas por un nuevo vínculo con el organismo encabezado por la francesa Christine Lagarde.

La última vez que se efectuó fue en 2005, meses antes del pago anticipado de toda la deuda con el organismo que efectuó el ex presidente Néstor Kirchner. Para reactivar las visitas solo hace falta que las partes acuerden la fecha para el viaje de los técnicos que se quedarán en el país por dos semanas recabando información y testimonios. Una vez que el documento final es discutido y aprobado en el Directorio del FMI cada país debe autorizar su divulgación.

“Todo se puede negociar”, afirmó ayer Prat-Gay en diálogo con medios argentinos en Davos al referirse al pedido de confidencialidad realizado por la contraparte buitre. El pedido inicial fue públicamente rechazado por el Gobierno, pero los buitres insisten con mantener en reserva el contenido del diálogo. “La lógica de estar negociando a escondidas no la entendemos”, aclaró el ex banquero del JP Morgan Chase antes de reunirse con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jack Lew (ver aparte).

De todas formas, los voceros del ministro Prat-Gay rechazaron la posibilidad de encarar una negociación en esos términos y reiteraron que el contenido del intercambio de propuestas sería “transparente”. “Ya dijimos que la información será pública”, lanzaron desde el Palacio de Hacienda. El intercambio de ofertas estaba previsto para la semana próxima pero los buitres argumentaron “problemas de logística” y solicitaron posponerlo hasta comienzos del mes próximo. El nuevo encuentro en las oficinas del abogado Daniel Pollack, el mediador impuesto por el juez Thomas Griesa, será entre el 1º y 2 de febrero.

El grupo de litigantes con los que comenzó a negociar el secretario de Finanzas, Luis Caputo, representan aproximadamente a la mitad del 7,6 por ciento de los bonos que no fueron ingresados al canje. La intención del equipo económico es negociar una quita sobre las penalidades acumuladas validando una ganancia extraordinaria pero el ministro Prat-Gay ya reconoció que el reclamo en poder de esos acreedores carroñeros suma 9882 millones de dólares. Para implementar un plan de pagos donde se ofrezcan mejores condiciones que las entregadas en los canjes se deberá cambiar la ley cerrojo y la más reciente Ley de Pago Soberano.