Aunque no lo plasmó expresamente en ningún papel, el gobierno de Néstor Kirchner encaró la renegociación de los contratos de las privatizadas sobre una serie de pautas bastante alentadoras para las empresas. Estos principios prevén que la expansión de las redes de servicios públicos no serán financiadas por las cajas de las compañías y que los próximos aumentos serán dispuestos en serie y con velocidades diferentes según las categorías de usuarios. Como resultado del proceso de revisión contractual a cargo de la Unidad de Renegociación, todos los marcos regulatorios serán reformulados, aun aquellos que ya fueron consagrados por ley, como los de luz y gas. Las empresas prestadoras, con todo, no dejan de mirar con desconfianza la política oficial.
La revisión de las privatizaciones impone, indefectiblemente, una consideración caso por caso. Sin embargo, la Unidad a cargo de los ministerios de Economía y Planificación trabaja sobre algunos criterios básicos generales, en parte explicitados en la “guía” que días atrás ese cuerpo entregó a las distribuidoras y transportistas de luz y de gas.
Allí se consignó, por ejemplo, que las empresas deberían deponer sus demandas indemnizatorias por ruptura de contrato ante el tribunal arbitral del Banco Mundial (y el Estado hacer lo propio con los reclamos administrativos) como condición para empezar a renegociar. O que habrá acuerdos parciales, a cuenta de uno definitivo, lo que permitiría disponer subas de precios o nuevas pautas de calidad de los servicios antes de terminar la renegociación.
Pero hay otras normas no escritas que orientan la acción del gobierno kirchnerista en esta materia. Estas ideas no necesariamente se plasmarán en todos los nuevos contratos, pero sí serán puestas sobre la mesa de discusión con las empresas como ineludibles hipótesis de trabajo:
- Fondos fiduciarios para expandir las redes. Con el ánimo de que el Estado pueda hacer un control más estricto de los planes de obra, la intención de Julio De Vido es promover la organización de fondos fiduciarios para solventarlos. La fórmula admite variantes: éstos podrían ser nutridos con impuestos específicos y administrados directamente por el Estado (peajes) o integrados con fondos de los organismos multilaterales como préstamos del BID o el Banco Mundial y coadministrados por los accionistas privados (aguas y gas). En cualquier caso, esos fondos significan que las inversiones para extender el servicio a nuevos usuarios dejarían de ser costeadas por las privatizadas con los ingresos provenientes de la operación del servicio.
La idea es bienvenida por algunas firmas como las gasíferas que, aseguran, por contrato no tienen la obligación de extender sus redes con los ingresos corrientes. Pero poco seduce a las eléctricas, preocupadas por la posibilidad de que el Estado gane protagonismo en la administración de fondos ligados a la prestación. Las distribuidoras de luz aseguran que la Emergencia Económica sólo faculta al poder concedente a revisar algunos puntos “para restituir el equilibrio contractual” pero no a desconocer el contrato: a su juicio, esto sería vulnerar el derecho de propiedad.
- Los ajustes serán dispuestos en serie y de modo segmentado. La idea fue concebida básicamente para luz y gas, pero puede extenderse como pauta a otros contratos. Significa que el aumento de precios a acordar entre el Gobierno y las empresas será aplicado en etapas. Al mismo tiempo, cada nuevo contrato preverá alguna fórmula de ajuste automático en el futuro, que ligue las tarifas a los costos de prestar el servicio. Algo similar a lo que se hizo con las nuevas concesiones de peaje o los contratos de obra pública: si los costos suben por encima de cierto nivel, los precios se corrigen, aunque bajo alguna fórmula lejana a ligarlos al índice de precios de Estados Unidos o a la tasa Libo.
Para electricidad y gas habría aumentos mayores para clientes industriales que para residenciales. La diferencia también podría radicar en la velocidad de esos ajustes: primero para empresas, luego para particulares.
Esta última regla fue reclamada por las prestadoras, con el argumento de que las industrias exportadoras, beneficiadas por la devaluación, están en condiciones de afrontar una suba que el resto de los usuarios no. Sin embargo, ahora la segmentación tarifaria parece no entusiasmarlas demasiado, básicamente porque el grueso de sus ingresos no proviene de las tarifas residenciales sino de las industriales y porque los grandes usuarios pueden contratar directamente con los generadores, si éstos les ofrecen un precio mejor.
- Serán reformulados los marcos regulatorios. Para la Unidad de Renegociación, los marcos forman parte de los contratos y por ello pueden considerarse suspendidos por la Ley de Emergencia Económica. La intención es volver a redactarlos, hayan sido éstos producto de una ley o de un decreto para adaptarlos tanto al marco general que en breve regirá todas las privatizaciones como para plasmar en ellos nuevas normas propias de cada sector. Lo que aún no está claro es si esta reformulación se hará por decreto o por ley, algo que daría al Congreso mayor posibilidad de intervenir en las definiciones sobre los nuevos contratos: hoy los legisladores sólo pueden aprobar o rechazar en bloque el borrador de contrato que les gire el Poder Ejecutivo, luego de haber obtenido el decisivo aval de Néstor Kirchner.