El ataque masivo que lanzó el macrismo contra sectores mayoritarios de la sociedad –devaluación, disparada inflacionaria, tarifazo, despidos, cepo a paritarias, apertura importadora, suba de tasas de interés, reducción del financiamiento a las pymes, desregulación financiera– terminó con la ilusión de quienes suponían de buena fe que el estrecho margen de su triunfo electoral, con un 49 por ciento del otro lado, lo forzaría a ser cuidadoso en la instrumentación de un nuevo modelo económico. En cincuenta días de gestión, esa expectativa fue barrida con medidas y actos simbólicos muy concretos. Los dos más destacados de la última semana fueron el violento aumento de tarifas del servicio eléctrico, con ex ejecutivos de Edenor y Edesur, ahora en la función pública, definiendo los ajustes para Edenor y Edesur, y la declaración del ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, sugiriéndole a la población abstenerse de comer asado para no convalidar aumentos que el Gobierno no controla, ya que entre otras cosas disolvió áreas enteras del Ministerio de Economía que se encargaban de auditar estructuras de costos empresarios. El funcionario fue más allá que su ex colega de la Mesa de Enlace, el presidente de la Sociedad Rural, Luis Etchevehere, quien apenas se atrevía a provocar planteando que a los argentinos no les gusta el lomo porque es para enfermos. De recomendar no comer lomo que hacía el sector privado, el Gobierno ya bajó hasta el asado. La interpretación de Buryaile sobre abusos empresarios, por otra parte, contradice la posición de Alfonso Prat-Gay y Federico Sturzenegger respecto a que la inflación es solo un reflejo de los excesos de gasto público y emisión de moneda. Haría bien en llamarlos para contarles su visión. Otro hecho de esta semana que demuestra la orientación política del Poder Ejecutivo fue la designación de ex abogados del FMI y de estudios jurídicos que asesoraban a bancos acusados de lavar dinero en el organismo encargado de controlar el lavado de dinero, la UIF.

El espanto y la indignación que provoca el accionar de Cambiemos entre sectores de la oposición contrasta, sin embargo, con altos índices de aprobación de su base electoral. La promesa de “reconciliar” a la sociedad a partir del diálogo y el pluralismo que hacía Mauricio Macri en campaña se transformó en lo contrario, agudizando tensiones a las que se responde con represión. Policías con listas en la puerta de Fabricaciones Militares determinando quién podía pasar a trabajar y quién debía volverse a su casa sin más explicación fue otra muestra de autoritarismo que dividió aguas entre aquellos que se horrorizan y quienes aplauden que se expulse a los “ñoquis”, por más que no se presenten elementos concretos que avalen esa acusación. En cambio, se acumulan los testimonios de trabajadores cesanteados que pueden demostrar que ejercían funciones trascendentes en el Estado desde hacía años, y en realidad es el cambio de prioridades del Gobierno lo que los aleja de su puesto. El periodista Javier Lewkowicz lo demostró el último lunes en la nota de tapa de este diario. El ocultamiento de este clima de crispación social por parte de los medios hegemónicos es notable. Las apelaciones a la grieta fueron reemplazadas por notas sobre la limpieza energética que ordenó hacer el Presidente en la Casa Rosada, reportajes a Durán Barba donde señala que lo más valioso de las últimas semanas fue burlarse de sí mismos poniendo al perro Balcarce en el sillón presidencial o preguntas a famosos en televisión sobre cuál de las medidas de ajuste y redistribución regresiva del ingreso del gobierno fue más acertada.

El proceso encuentra puntos de contacto con la etapa menemista, cuando una alianza del poder económico, el poder mediático y el poder judicial logró un acompañamiento social significativo –mientras otra porción de la sociedad intentaba hacer oír sus reclamos– para imponer políticas de exclusión, quita de derechos a los trabajadores y transferencias de riqueza monumentales a grupos concentrados, bajo un esquema de alineamiento con Estados Unidos. Aquella experiencia fue conducida por un caudillo del peronismo que ganó prometiendo salariazo y revolución productiva, en el contexto de un país incendiado por la hiperinflación radical. Eso dificultó la construcción de una alternativa política que pudiera desplazarlo en las urnas. Macri, en tanto, es líder de un partido de derecha, que ganó por una diferencia mínima y asumió con la economía en marcha, baja desocupación y niveles de deuda en mínimos históricos. La correlación de fuerzas es distinta a la de los 90, lo cual es un dato del que deberían tomar nota aquellos que pretenden defenderse de la estampida neoliberal, empezando por los sindicatos, los sectores empoderados del kirchnerismo y los partidos que proclaman la justicia social. La firmeza y organización que alcance la resistencia será determinante para poner límites al macrismo. A pesar del desánimo que puede provocar la avalancha conservadora que expresa Cambiemos, gestos de resistencia como los de los petroleros en Chubut o de los gobernadores del FpV por la coparticipación federal demuestran que no es lo mismo conceder que pulsear.

El Gobierno demostró que está dispuesto a pasar por arriba de la ley, de la convivencia política y de la búsqueda de consensos para imponer su agenda, con blindaje de las corporaciones mediática y judicial. Algunos ejemplos de los últimos días son el shock en las tarifas eléctricas sin atender al requisito básico legal de la audiencia pública previa, el respaldo de Macri al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en su embestida contra Milagro Sala y otra tanda de miles de despidos en el sector público sin la más mínima justificación a los desplazados. Procesos similares se dieron en España, Grecia y otros países de Europa embanderados con las políticas de ajuste y achicamiento de la participación de los trabajadores en la renta nacional. La reacción social fue prácticamente la única opción que les quedó ante los atropellos del poder. Con la guardia baja, el avance del macrismo y sus aliados en el país será más veloz y más profundo.

El proyecto económico de Cambiemos ubica a los trabajadores como variable de ajuste. De lo contrario no se hubieran producido miles de despidos en el sector público y se respondería con indiferencia ante un accionar similar en el sector privado, ni se plantearía un cepo a las paritarias en torno al 20-25 por ciento, cuando la inflación estará por lo menos 10 o 15 puntos arriba de ese límite. Los proyectos –o decretos– de flexibilización laboral no tardarán en llegar, eliminando derechos conquistados en la última década. La presencia de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), con Héctor Magnetto, Paolo Rocca y Luis Pagani a la cabeza, y de la Mesa de Enlace, con Etchevehere y compañía, en la Casa Rosada, expone cuáles son las prioridades de la nueva administración. Aceptarlo resignadamente no parece la mejor opción.