“Ya hubo una audiencia en 2006”, respondió el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, a la consulta sobre la falta de convocatoria a audiencia pública para analizar el tarifazo que aplicó Gobierno en el servicio de electricidad. “El ministro Aranguren les explica a los usuarios que las tarifas no aumentaron sino que son parte del incremento que se aprobó en el 2006. Cuesta creer que un funcionario público de semejante rango haga un planteo tan inédito”, replicó Pedro Bussetti, titular de la entidad Deuco. Una serie de asociaciones de consumidores junto a defensores del pueblo de varias provincias y localidades del país van a hacer una presentación judicial para frenar los aumentos.

La Ley 24.065, sancionada en enero de 1992, definió el “Régimen de la Energía Eléctrica”. El artículo 48 establece que “cuando el ente –en relación al ENRE– considere que existen motivos razonables para alegar que la tarifa de un transportista o distribuidor es injusta (...) convocará a una audiencia pública con no menos de treinta días de anticipación. Celebrada la misma, dictará resolución”. A su vez, el artículo 46 indica que si las empresas son las que solicitan modificaciones tarifarias, “el ente convocará a una audiencia pública para el siguiente día hábil a fin de determinar si el cambio solicitado se ajusta a las disposiciones de esta ley y al interés público”. La audiencia no está prevista para la suba del precio de generación (comunicada el martes) sino para las subas a las distribuidoras, detalladas ayer. Sin embargo, en las jurisdicciones donde sólo se ajusto el precio de generación también se verán afectadas las tarifas.

El Gobierno decidió aplicar fuertes cambios en las tarifas del servicio de energía eléctrica sin consulta alguna. A raíz de la suba del precio para la energía que producen las generadoras y en el servicio de distribución, las subas en el área metropolitana alcanzan el 500 por ciento y también son muy fuertes en el interior del país (ver aparte).

Las entidades de consumidores advirtieron la falta de convocatoria. Pero no fueron los únicos actores en hacerlo. Los intendentes peronistas de Lomas de Zamora, San Martín, Almirante Brown y Hurlingham, entre otros, emitieron un comunicado en donde solicitan al Gobierno convocar de manera urgente a una audiencia pública. “Las medidas excluyen a los sectores más humildes que hasta ahora gozaban de un sistema de subsidios y no cumple con el marco regulatorio de la energía eléctrica”, señalaron.

En la conferencia de prensa que brindó ayer para ofrecer más detalles sobre los nuevos cuadros tarifarios y ante la pregunta de un periodista sobre la falta de convocatoria a una audiencia pública Aranguren respondió lo siguiente: “Esto ya ocurrió. Hubo audiencia pública en 2006 cuando fueron renegociados los contratos de servicios públicos. Se habilitó al ENRE a iniciar un proceso transitorio de recomposición tarifaria que fue comentado por la Procuración del Tesoro y por la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que fue enviado al Congreso y como el Congreso no dijo nada, quedó habilitado el ENRE para hacerlo. Pero no lo hizo. Nosotros estamos retomando un camino que empezó en 2006 y que no terminó”.

“En 2005 se hicieron las audiencias para tratar el aumento en la luz y en el gas. Se aprobó una suba del 15 por ciento en las tarifas eléctricas que nunca se aplicó. Y se generó un mecanismo de revisión tarifaria integral. La revisión tarifaria que tendría que haberse hecho en 2007 se postergó. Pero por supuesto que se previó que esa revisión no fuera cada 10 años sino anualmente. Es decir, no había un plazo de diez años para hacer los cambios”, explicó Pedro Bussetti, titular de Deuco, a este diario. “Nos asombra la frialdad con la que un ministro aumenta las tarifas un 500 por ciento argumentando que se discutió hace una década”, agregó.

Claudio Boada, de Unión de Usuarios y Consumidores, señaló que “una serie de asociaciones estamos trabajando en conjunto. Dada la situación, es posible una judicialización. Claramente perdieron vigencia las manifestaciones en las audiencias que se hicieron en 2006. Pasaron diez años, hubo variación de costos, sueldos, consumo promedio y del tipo de uso de la electricidad y del gas. No tiene pertinencia esa audiencia”. “La realidad es que a lo largo de los últimos 20 años la mala calidad del servicio fue reiterada y ocurrió con tarifas altas, medias y bajas. Tanto en el ENRE como en el Enargas vemos ahora gerentes de las empresas que en su momento incumplieron con las inversiones. Y ahora ellos mismos dicen que necesitan aumentos de tarifas para invertir”, agregó Boada.

Al menos cinco entidades de consumidores van a presentar el pedido de una medida cautelar para frenar el tarifazo. También está confirmado el apoyo de las defensorías del pueblo de Neuquén, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Corrientes, Zapala, Pilar, Mar del Plata y de Formosa, cuyo titular, José Gianluca, explicó a este diario que “como Cammesa es una empresa monopólica, las distribuidoras provinciales no tienen otra opción que comprar la energía al nuevo precio, por lo que van a trasladar la suba a las tarifas. Es un perjuicio muy grande para la gente y vamos a exigir a través de una cautelar que se frene el aumento para convocar a una audiencia pública, tal como establece la ley”.