La escasez de fondos en el sistema eléctrico provocó un cortocircuito entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Este último vetó la asignación de recursos que el Parlamento había realizado en favor del financiamiento de obras en líneas de transporte en el área cuyana, restándosela a obras previstas para el área metropolitana. El real interés del Ejecutivo, sin embargo, no fue proteger las obras para esa población urbana, sino dejar disponibles los fondos para echar mano de ellos durante el verano, cuando puede necesitar compensar algún incremento de costos en la distribución eléctrica. Con tarifas congeladas, el fantasma de los cortes de energía le sigue quitando el sueño al gobierno.
El Congreso sancionó, el 19 de noviembre pasado, la Ley 25.822 ratificando y estableciendo “la realización prioritaria” del Plan Federal de Transporte Eléctrico. Ese plan había sido elaborado en el año 2002 y definía las obras para fortalecer la red troncal de transmisión de electricidad en el sistema interconectado, considerado el eslabón más débil del sector. Crisis mediante, su puesta en marcha se fue postergando hasta la actualidad. Pero la decisión del Congreso de poner en marcha el plan estuvo acompañada de una resolución adicional: establecer el uso prioritario de fondos de reserva en obras de las líneas de transmisión Comahue-Cuyo y de vinculación Mendoza-San Juan.
En tres artículos sucesivos (del segundo al cuarto), la ley votada dispuso que los fondos depositados en Cammesa (Corporación Administradora del Mercado Mayorista) en la cuenta “Excedentes por restricciones de capacidad de transporte” sean utilizados “únicamente como fuente de financiamiento de la expansión del sistema de transporte” y que los fondos correspondientes a los corredores Comahue-Buenos Aires y Centro-Cuyo sean afectados “en su totalidad” a la financiación de las obras de la línea Comahue-Cuyo y del primer tramo de vinculación Mendoza-San Juan de la interconexión Cuyo-NOA. Pero, además, como dichos fondos de reserva se encuentran reprogramados por efecto del “corralito”, el Congreso dispuso que los recursos para las mencionadas obras “deberán ser desembolsados, independientemente de sus plazos de vencimiento, en consonancia con los requerimientos de los correspondientes certificados de obra”.
Por decreto fechado el 4 de diciembre, el Ejecutivo vetó los tres artículos aludidos. En sus considerandos, el decreto refiere que “la inflexibilidad respecto de la utilización de fondos Salex podría llegar a disminuir la capacidad de reacción frente a situaciones que la propia emergencia impone”. No es una advertencia en el aire o en función de hechos azarosos. El Gobierno está previendo que esos fondos hoy en reserva podrían ser necesarios para compensar a las generadoras térmicas en caso de que, por ejemplo, suba el precio del combustible utilizado en las usinas y baje el nivel de generación hidroeléctrica –independiente de ese insumo–. Como el precio de la distribución está congelado, cualquier variación en el costo de generación debería ser compensado por el Fondo de Estabilización que administra Cammesa. Pero dicho fondo ha quedado prácticamente “seco” en los últimos dos años. Antes que correr el riesgo de un apagón, el gobierno ya tiene decidido disponer de los recursos de la cuenta Salex como fondo de compensación.
En el Ejecutivo aseguran que dicha decisión política, así como la de vetar parcialmente la ley que dispuso la puesta en marcha del Plan de Transporte Eléctrico, no afectará la marcha del Plan de obras, ya que la adjudicación de las correspondientes a las líneas Comahue-Cuyo y Cuyo-NOA “recién se efectuaría en el último trimestre del año 2005”, como reza el decreto. Mientras tanto, para el Ejecutivo, la urgencia es otra, aunque algún legislador cuyano se sienta burlado en sus intenciones.