El gobierno de Mauricio Macri solicitó al juez Thomas Griesa que levante el bloqueo al mecanismo de pago de la deuda externa argentina y con celeridad el magistrado trasladó la consulta a los fondos buitre para que argumenten qué debería hacer. Los acreedores carroñeros tienen hasta el próximo martes para dar su visión. La definición del tribunal neoyorquino recién se conocerá a partir del 18 de febrero, pero el escrito presentado por el equipo económico y sus nuevos abogados enfatiza que el magistrado debería suspender sus órdenes, incluso si un grupo de holdouts está en contra de la generosa oferta realizada la semana pasada. Argumentan que la derogación del cuerpo normativo –ley Cerrojo y ley de Pago Soberano– que impide otorgarles un tratamiento privilegiado a los buitres permitirá mantener abierta la negociación y hacer, en un futuro no muy lejano, otra oferta todavía más generosa a los fondos más reticentes y agresivos como Elliott Management y Aurelius, siempre y cuando se le garantice el acceso al mercado financiero internacional sin trabas legales.

El principal atractivo que habilitó una respuesta inmediata del equipo del juez Griesa –para que los buitres expresen sus puntos de vista, eventualmente, sobre la preservación del bloqueo– es la oferta que propone quitas del orden del 25 por ciento sobre las abultadas sentencias y reclamos de los buitres. La propuesta oficial reduce levemente la extraordinaria rentabilidad lograda en la justicia, mientras que la mayoría de los inversores genuinos que participaron de los canjes de 2005 y 2010 aceptaron quitas del 70 por ciento sobre el valor nominal de sus bonos. Los buitres principales y otros acreedores todavía no dieron su visto bueno. Sin embargo, el entusiasmo expresado por el mediador impuesto por la justicia estadounidense, Daniel Pollack, y los guiños entre los gobiernos de Estados Unidos y Argentina, facilitaron que el magistrado “apure” una definición de los litigantes. Los buitres que quieran acceder a los términos financieros planteados por el Ministerio de Hacienda y Finanzas tienen hasta el 29 de febrero.

Pero ésa no es la fecha final. El texto elaborado por el ministro Alfonso Prat-Gay y los letrados de Cravath, Swaine & Moore sostiene que “las condiciones propuestas por Argentina otorgan a los tenedores de bonos en default una protección significativa, incluso si eligen no alcanzar un acuerdo para esa fecha, ya que la modificación o derogación de las leyes asegura que no habrán obstáculos legales para el arreglo de sus demandas”. El otro punto que, según reza el escrito, favorece la terminación del bloqueo, incluso si la adhesión no es completa, es que de esa forma el país podrá reinsertarse plenamente en el sistema financiero internacional y endeudarse para poder pagarles.

Como evidencia respaldatoria para que los buitres argumenten su rechazo a acompañar una medida cautelar que suspenda las órdenes del juez, los nuevos abogados llevaron impresas hasta las entrevista de Macri con la agencia Bloomberg en el Foro Económico Mundial de Davos y los cables oficiales del Tesoro de Estados Unidos sobre el diálogo entre el secretario Jack Lew y el ministro Prat-Gay.