Argentina no tiene una sentencia en firme desfavorable en el Ciadi (tribunal dependiente del Banco Mundial) en ninguna de las presentaciones realizadas por bonistas italianos con títulos en default 2001. No existe un único laudo. Uno está caratulado como “Giovanni Alemanni”, otro como “Ambiente Ufficio SPA”, y un tercero como Abaclat y otros (antes Giovanna a Beccara). La cantidad de bonistas involucrados no es muy precisa. En ese último caso, de 180 mil pasaron a 60 mil y la última estimación es de 50 mil, en otro eran 183 y luego descendieron a 74, y en otro apenas reunieron 29. El monto demandado inicialmente fue de 1500 millones de dólares que por una inflación no detallada se elevó a de 2500 a 2800 millones en publicaciones de prensa. En este extraño proceso de arbitraje, en uno de ellos el principal abogado patrocinante nunca se presentó. También hubo firmas falsas de bonistas demandantes (por caso, las de Antonio y Silvio Pilastro), irregularidad probada por peritos presentados por Argentina pero que fue desestimada por la mayoría de los árbitros del tribunal, en una muestra de la parcialidad del juicio. Incluso en dos de esos laudos, los respectivos tribunales declararon terminado el arbitraje, sin fallar a favor de los bonistas italianos, y por lo contrario reclamando a ellos y a la Argentina que paguen las costas del caso. Con semejante nivel de fragilidad documental en el respaldo de sus pretensiones, la indeterminada cantidad de bonistas italianos representados por abogados, lobbistas y financistas recibieron la gracia del gobierno de Mauricio Macri que les reconoció el pago del 150 por ciento del capital original más los intereses devengados acumulados de los títulos en cesación de pagos, por un total de 1350 millones de dólares. La cancelación de esa deuda será en efectivo.

Como parte de su estrategia de sumar fondos buitres y bonistas con papeles de deuda argentina en default, el ministro Alfonso PratGay anunció “un acuerdo lo más rápido y justo posible” con bonistas italianos, ofreció como descripción de su política de negociación. Fue indudablemente rápido, lo que no es tan claro de definir es que haya sido justo en términos de las finanzas argentinas, no así de los lobbistas italianos.

PratGay informó que el acuerdo lo cerró con el representante de bonistas italianos, Nicola Stock, abogado y líder del grupo Task Force Argentina. Se mencionó en un comunicado de prensa que el monto involucrado asciende a 1350 millones de dólares, 900 millones de capital original y el resto de intereses acumulados. La suma es la mitad de lo reclamado ante el CIADI, lo que desnuda la estrategia de inflar la demanda para luego negociar una quita que no fue tal, como quedó en evidencia con el acuerdo sellado con el equipo económico de Prat-Gay.

Stock

El recorrido de la deuda argentina en default en manos de ahorristas italiano tiene como protagonista principal a la banca italiana. Cinco años y medio después de la declaración de la cesación de pagos, en junio de 2007 el gobierno italiano, con Romano Prodi como primer ministro, decidió indemnizar a los bonistas de su país que tenía esos papeles de deuda argentina. Lo hizo reconociendo que la responsabilidad de la estafa a los ahorristas italianos no fue del Estado argentino sino de los bancos italianos que les vendieron bonos a sus clientes, a pesar de tener información sobre la grave situación económica argentina. Esa indemnización sumó unos 6000 millones de euros, dinero proveniente de los denominados “fondos durmientes” que existen en los bancos de la península. Se trata del dinero que quedó “abandonado” en las entidades financieras sin que nadie lo reclamara durante diez años.

Los pequeños inversores italianos formaban parte de uno de los grupos más numerosos con papeles de la deuda argentina en cesación de pagos. Eran alrededor de 400 mil que reclamaban 12.600 millones de dólares, el 15,6 por ciento del total de la deuda defolteada. La banca italiana estaba acorralada por el reclamo de los ahorristas y por fallos de la justicia de su país que culpaban a las entidades por colocar papeles de una economía con destino de quiebra a sabiendas de que eso ocurriría. Esos bonos antes estaban en su cartera y por eso estaban desesperados para desprenderse de ellos. En ese contexto, la Asociación de Bancos Italianos recicló a un ex gerente del Banco de Roma, Nicola Stock, como “defensor de los intereses de los bonistas”. Stock fue uno de los principales lobbistas en contra del canje de la deuda, impulsor de la demanda ante el CIADI y quien cerró el preacuerdo con el equipo de finanzas de PratGay.

Arbitrajes

La lectura de los documentos publicados en la web del International Centre for Settlement of Investements Disputes (Ciadi, en castellano) correspondientes a los laudos iniciados por bonistas italianos permite comprobar el elevado grado de parcialidad en las resoluciones de los tribunales integrados para esos casos. Compuesto por tres árbitros (uno presentado por el demandante, otro por el demandado y el presidente elegido de común acuerdo o, en una situación de disenso, por el Consejo Administrativo del Ciadi), las votaciones de las resoluciones claves fueron dos a uno, con disidencias del nombrado por Argentina.

La competencia del Ciadi en una situación de default de deuda soberana es controvertida. Sólo un grupo de abogados, lobbistas y financistas italianos llevaron el caso a la instancia de arbitraje. Fondos buitres y otros dueños de bonos en default iniciaron juicios en Nueva York, Londres o Frankfurt porque el Ciadi no era considerado como una vía adecuada para presionar al país ni para cobrar. Hasta ahora porque se abrió otro mecanismo de extorsión financiera luego de la liviana estrategia del gobierno de Macri de reconocer una sentencia que no existe.

Más aún, dos de los procedimientos abiertos en el Ciadi se cerraron sin emitir fallo sobre el fondo de la cuestión. El motivo fue económicofinanciero: ninguna de las dos partes se comprometió a pagar los gastos del arbitraje. Era esperable esa resistencia por parte de Argentina que había cuestionado la competencia del tribunal, no así de los representantes de los bonistas italianos.

Es una situación desopilante cuyos detalles reflejan la audacia especulativa de abogados y financistas lanzados a esperar que el país deudor, cuando las condiciones políticas lo facilitaran, por ejemplo con un gobierno “market friendly” como el de Mauricio Macri, les reconociera el pleno apostado en el paño parcial de un tribunal del Ciadi.

Alemanni

Uno de esos casos extravagante es el de Giovanni Alemanni y otros contra la Argentina (Ciadi Nº ARB/07/8). El tribunal arbitral estuvo compuesto por Franklin Berman más los árbitros Karl-Heinz Böckstiegel y J. Christopher Thomas.

El 9 de enero de 2007, el Ciadi recibió una solicitud de arbitraje fechada el 22 de diciembre de 2006, presentada por Giovanni Alemanni. El 3 de julio de 2008 el Centro notificó a las partes la constitución del tribunal de arbitraje. El 5 de diciembre de ese año, el tribunal llevó a cabo la primera sesión con las partes en su sede, en Washington. Desde entonces hubo diferentes diligencias procesales hasta que el 17 de noviembre de 2014 emitió un falló sobre jurisdicción y admisibilidad en contra de la posición argentina.

Los demandantes eran inicialmente un conjunto de 183 personas físicas y jurídicas italianas, pero luego del canje de deuda en default del 2010, la cantidad se redujo a 74. El italiano Luca Radicati di Brozolo y el abogado y ex titular de la Corte Suprema menemista Rodolfo Carlos Barra actuaron como correpresentantes de los bonistas italianos. La demanda solicitaba un resarcimiento e indemnización por los bonos en default en base al compromiso que surge del acuerdo entre Argentina e Italia de Promoción y Protección de las Inversiones firmado en Buenos Aires el 22 de mayo de 1990 (TBI).

El artículo 8 de ese tratado contempla el Ciadi en caso de controversias, y en la demanda pedían la restitución a cada acreedor del valor nominal total de sus bonos, más los intereses devengados hasta el vencimiento, más el interés compuesto desde el vencimiento hasta la fecha de la solicitud; más “los otros daños que se demostrara que son consecuencia directa de las violaciones al derecho internacional por la demandada; y el interés compuesto sobre lo anterior entre la fecha de la solicitud y la fecha de pago”.

Argentina sostuvo que el Tribunal carece de competencia y que el Ciadi carece de jurisdicción para tramitar acciones colectivas de esta naturaleza.

El tribunal celebró una audiencia oral el 7 y 8 de junio de 2011 y resolvió que los reclamos planteados eran admisibles. Los bonistas italianos tenían el arbitraje a su favor.

Pero el proceso no pudo avanzar porque ninguna de las partes desembolsaba el dinero para financiar el arbitraje, hasta que el tribunal resolvió dar por concluido el caso. “El tribunal se encuentra en la inusual posición en la que, no sólo ninguna de las partes en el procedimiento de arbitraje ha efectuado los anticipos requeridos, lo que impulsó la propuesta de terminación, sino que todas las partes de ambos lados están instando activamente al tribunal a cumplir con esa medida”. Luego viene la definición más insólita: “El tribunal no encuentra razón alguna para no hacerlo y, por ende, pretende poner fin formalmente al arbitraje por falta de pago”.

Este caso en el Ciadi no continuó porque los interesados no desembolsaron los dólares necesarios para financiar los gastos del arbitraje que los favorecía.

El tribunal emitió esa resolución el 14 de diciembre pasado, en los primeros días del gobierno de Mauricio Macri. Fue una decisión beneficiosa para la Argentina que podía haber utilizado para negociar con un poco de firmeza antes de firmar el acuerdo con los bonistas italianos. Prefirió no hacerlo lo que Nicola Stock festejó, como se ocupó de trasmitir en el comunicado de prensa agradeciendo a Macri.

Gastos

Resulta ilustrativo detallar algunos de los eventos del caso Giovanni Alemanni (el de Ambiente Ufficio SPA es muy similar) como prueba que en el mundo de las finanzas y de las instituciones que lo respaldan no es muy relevante la rigurosidad de los argumentos, sino el poder para imponerse.

El tribunal del Ciadi solicitó a las partes en noviembre de 2014 que efectuaran un sexto pago adelantado de 200.000 dólares cada una, a fin de cubrir los gastos en los que habría de incurrirse en el marco del procedimiento durante los tres a seis meses siguientes.

El 9 de enero de 2015, la secretaria del tribunal notificó a las partes que el Ciadi no había recibido los pagos que se les habían solicitado e invitó a cualquiera de las partes a pagar el monto total de 400.000 dólares dentro del plazo de 15 días.

El 10 de agosto de 2015, la secretaria del tribunal informó a las partes de que habían transcurrido casi seis meses desde la suspensión del procedimiento (el arbitraje) por falta de pago y que, por consiguiente, la secretaria general del Ciadi estaba considerando la posibilidad de proponer que el tribunal pusiera fin al procedimiento.

El 14 de agosto de 2015 Argentina solicitó que la secretaria general propusiera que el tribunal pusiera fin al caso y, posteriormente, que ordenara a los demandantes que pagaran los costos y gastos del arbitraje.

Mediante una carta de fecha 18 de agosto de 2015, la secretaria general propuso que el tribunal pusiera fin al procedimiento.

En una carta del 23 de septiembre de 2015, los bonistas italianos afirmaron que la terminación del procedimiento parecía “inevitable”, puesto el “comportamiento de mala fe” que Argentina había adoptado con los bonistas, incluida su negativa a compartir los costos del arbitraje; su obstaculización y demora constante del procedimiento mediante la formulación de excepciones carentes de fundamento y, además, fuera del propio procedimiento de arbitraje, la creación de pánico y frustración con el objeto de provocar confusión entre los participantes, los había desalentado de continuar a la fase de fondo del caso.

Acusaron a la Argentina de haber aprovechado el hecho de que la mayoría de los inversionistas del arbitraje “son personas de clase media-baja que carecen de experiencia financiera y son fáciles de impresionar o asustar, lo que no sólo era injusto, sino que también constituía un incumplimiento del compromiso de arbitrar asumido por la demandada en virtud del TBI”. Por último, solicitaron que se le ordenara a la Argentina que se hiciera cargo de las costas del procedimiento.

O sea, una demanda presentada en el Ciadi para cobrar los bonos en default había mutado en una controversia sobre quién debía pagar los gastos del procedimiento, que el tribunal arbitral había dado por concluido.

Argentina replicó en una carta del 15 de octubre de 2015 que “no debería ser responsabilizada por la falta de interés de los demandantes en el arbitraje”, y recordó que había sido coherente al adoptar la posición relativa a la “improcedencia de este procedimiento arbitral como un mecanismo para resolver una controversia relativa a una deuda soberana, la inviabilidad de un procedimiento iniciado por un número de demandantes que va variando a medida que avanza el proceso y cuya identificación y titularidad respecto de los intereses sobre títulos reclamados no ha sido posible establecer hasta el presente”.

Este tipo de demanda en el Ciadi (que han concluido porque no se pagaron los gastos, y el que está vigente no tiene sentencia) son las que el ministro Alfonso PratGay y su secretario de Finanzas, Luis Caputo, decidieron acatar pagando el 150 por ciento del capital original de la deuda en default. La banca italiana disfrazada de bonistas, Nicolas Stock, abogados y lobbistas están agradecidos.

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