El gobierno de Mauricio Macri acordó pagarles en efectivo 4653 millones de dólares a los cuatro fondos buitre que encabezan la demanda contra la Argentina por sus tenencias en bonos defolteados desde 2001. Este pago comprendería al 75 por ciento de la deuda en litigio y deberá realizarse antes del 14 de abril próximo. Si se suman otros fondos litigantes que aceptaron la propuesta del gobierno, la resolución alcanzaría al 85 por ciento de la deuda demandada. El dinero provendrá de la colocación de nuevos títulos públicos, por aproximadamente unos 15.000 millones de dólares, para lo cual requerirá que el Congreso apruebe antes de esa fecha la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano. El arreglo con el 93 por ciento de los bonistas que aceptaron las reestructuraciones del kirchnerismo había ascendido a 30.000 millones de dólares. “En tres meses lo pudimos hacer”, sostuvo al ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, al anunciar junto al secretario de Finanzas, Luis Caputo, el acuerdo alcanzado sobre el que sólo pudo hacerse una poda del 25 por ciento sobre la sentencia sin discutir capital. Los canjes de 2005 y 2010 se habían realizado con una quita de 67 por ciento. El gobierno espera cerrar lo antes posible este acuerdo para poner en marcha la maquinaria del endeudamiento. “La única forma para llevar adelante el país es con crédito”, afirmó Prat-Gay, quien explicó que si no se consigue ese financiamiento externo bajar el déficit fiscal requeriría de un ajuste menos gradualista.

El pasado 5 de febrero el equipo económico de Macri había presentado una oferta para abonar 6500 millones de dólares sobre un total de 9000 millones, que se componía de capital e intereses, a fondos buitre y otros acreedores en litigio, entre los que se encuentran demandantes con sentencia firme por la cláusula pari passu y los denominados me too (yo también, en inglés). EM Limited y Montreux Partners, dos de los seis principales fondos especulativos, que ganaron juicios con sentencia firme en Nueva York, fueron los primeros en aceptar la oferta, por la cual cobrarán 849,2 millones y 298,66 millones de dólares, respectivamente. Pero los carroñeros más duros, NML Capital y Aurelius, jugaron un rato más con la desesperación del gobierno macrista por emitir deuda, no aceptaron y siguieron negociando.

La noticia de un preacuerdo entre el gobierno y los buitres comenzó a circular temprano desde el despacho de Daniel Pollack, el Special Master (mediador judicial) designado por el juez Thomas Griesa. “Argentina llegó a un principio de acuerdo con el fondo NML Capital de Paul Singer y otros holdouts para pagarles hasta el próximo 14 de abril 4653 millones de dólares en efectivo y saldar el multimillonario juicio en Nueva York por su deuda en default desde 2001”, anunció a través de un comunicado el mediador. Destacó que el acuerdo alcanza al 75 por ciento de la totalidad de las sentencias, incluyendo capital e intereses. “Este acuerdo, si es consumado, junto con acuerdos en principio previos con otros holdouts, resuelve el 85 por ciento de las demandas de aquellos con restricciones pari passu y me too. Continuaré trabajando hasta que todas las demandas sean resueltas”, dijo.

Por la tarde, Prat-Gay y Caputo ofrecieron una conferencia de prensa, en la que también participaron el coordinador del gabinete económico, Mario Quintana, y Santiago Bausili, técnico en deuda y mercado de capitales. “Es un día muy importante. Hemos llegado a un acuerdo con los fondos más duros en esta negociación”, confirmó el ministro. “Estamos buscando que nos crean en el mundo. No hay país en el mundo que crezca sin créditos. Estamos en una economía suficientemente moderna para expandirse y lo que estamos tratando de hacer justamente es recuperar eso: el crédito”, dijo. De esta manera, el funcionario justificó la premura con la que se arribó a un acuerdo más que generoso respecto a la demanda de los acreedores carroñeros.

El Gobierno pagará a los fondos manejados por Elliott Management, Aurelius Capital, Davidson Kempner y Bracebridge Capital, 75 por ciento de sus juicios incluyendo el capital y el interés, además de un pago para arreglar los reclamos fuera del Distrito Sur de Nueva York (Manhattan) y costas legales. “Nos pusimos duros. No quisimos firmar un acuerdo de confidencialidad. Dijimos que la negociación debía ser transparente”, expresó Prat-Gay, quien aclaró que la gestión macrista jugó “con las reglas, pero con la mayor firmeza posible defendiendo los recursos de los argentinos”. Según las cifras que ofreció, la supuesta dureza en la propuesta se reflejó en una quita de entre 25 y 26 por ciento sobre el monto de la sentencia firme en Nueva York, es decir, sobre los 9000 millones de dólares a los que asciende la deuda con los intereses corridos de los últimos quince años. Esa quita no fue sobre el capital sino que se explica por un recorte del 40 por ciento sobre intereses punitorios y costas legales.

La deuda no se pagará con fondos de las alicaídas reservas ni tampoco se entregarán nuevos bonos por el importe. A los buitres se les pagará en efectivo, pero para ello el gobierno pretende emitir dos o tres bonos por un total de 15.000 millones de dólares. Según explicó el ministro, el objetivo de hacerlo así es para que los fondos demandantes no tiren abajo los precios de los títulos; es decir, que no los tomen muy por debajo de su valor técnico. Para poner en marcha esta maquinaria de endeudamiento se enviará esta semana un proyecto de ley que permita ejecutar estos acuerdos con los holdouts.

El Congreso deberá derogar la Ley Cerrojo y de Pago Soberano, que en conjunto impiden una reapertura de las exitosas reestructuraciones de 2005 y 2010, a las que se adhirieron el 93 por ciento de los bonistas. El juez Griesa, con el objetivo de forzar al país a aceptar sus controversiales fallos, había dispuesto en julio de 2014 congelar los fondos depositados por el Estado argentino a los tenedores de deuda reestructurada que cobraban en Nueva York por 539 millones de dólares. Con el acuerdo, Griesa levantaría la medida.

Caputo manifestó su confianza en que se llegará bien a la fecha límite para el pago a los buitres, “el 14 de abril, pero puede haber una extensión”. “Si estamos encaminados no va a ser un problema”, dijo en referencia a la posibilidad de solicitar una prórroga. “Es muy importante la discusión que se dará en el Congreso de la Nación. No queremos que el 14 de abril luzca como un impedimento en la discusión”, agregó PratGay. El funcionario dejó en claro que el objetivo de esta negociación acelerada es poder endeudarse. “Si no tenemos un horizonte para financiarnos, si alguien no nos presta, no hay margen para el gradualismo en bajar el déficit fiscal”, sostuvo. Fiel a su concepción monetarista, el funcionario sostuvo que la emisión de pesos no es una posibilidad, porque genera inflación, y que sin financiamiento el programa fiscal y monetario requerirá de “un gran ajuste, incluso en áreas sensibles”. “Pero esta no es la propuesta de este equipo”, aseguró el integrante de un gobierno que hasta el momento sólo llevó a cabo recetas recesivas y despidos en casi todas las áreas del Estado.