El juez Thomas Griesa accedió ayer a la solicitud argentina de levantar las medidas cautelares que impiden al país pagarles a los bonistas reestructurados. Pero condicionada. Esta medida se conoció luego de la audiencia celebrada el día anterior en la que los fondos buitre exigieron un plazo de 30 días adicionales. De todos modos, Griesa ratificó que la condición para levantar la cautelar es que el Congreso derogue la Ley de Pago Soberano y la Ley Cerrojo y que pague hasta el 14 de abril a todos los holdouts que ya llegaron a un acuerdo. En tanto, durante la jornada de ayer se conformaron las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas donde se discutirán los proyectos de ley del oficialismo que buscan derogar ambas normas. El Poder Ejecutivo enviará a primera hora de hoy esas normas para pagar a los buitres. Una vez ingresado, los diputados convocarán para mañana o más tardar el lunes próximo a los funcionarios del equipo económico para que expongan el detalle de la negociación.

El Gobierno alcanzó un acuerdo con los fondos buitre más duros para entregarles 4653 millones de dólares en efectivo antes el 14 de abril próximo, sin quita de capital y con una pequeña rebaja en los punitorios judiciales. Ese acuerdo alcanza al 75 por ciento del monto demandado, que se extiende al 85 por ciento si se suman los pactados con inversores más pequeños. El dinero provendrá de una colocación de deuda de 15.000 millones de dólares, pero para ello se necesita que Griesa levante las cautelares que impiden la colocación de bonos y el pago a los tenedores. La audiencia de anteayer se focalizó en convencer al juez de levantar esas restricciones sobre la cláusula pari passu, que obliga al país a pagar en el mismo momento a los que ingresaron al canje y a los que no aceptaron.

“Las circunstancias han cambiado tan significativamente como para volver las órdenes injustas y en detrimento del interés público”, indicó el juez en un escueto texto, en el que ratifica que la condición es que el país derogue las leyes que obstaculizan un acuerdo con los fondos y que pague a los acreedores que hayan aceptado hasta el 29 de febrero la generosa oferta del gobierno. La decisión rechaza el pedido de 30 días de plazo que esgrimió el fondo NML de Paul Singer para que holdouts más pequeños puedan seguir negociando. Se abre un período de apelaciones de 48 horas para elevarlo a la Cámara Nueva York.

En el Ministerio de Finanzas y Hacienda aseguran tener todo listo para enviar el proyecto de ley para que Congreso derogue la Ley Cerrojo y de Pago Soberano, denominada Ley de Normalización de la Deuda Pública y Acceso al Crédito Público, un título elegante para definir un proceso de fuerte endeudamiento. El gobierno aspira a alzarse con el dictamen favorable de la iniciativa el martes próximo, luego de la exposición del equipo económico.

En uno de los pasos formales de cara al debate, se constituyó ayer la Comisión de Finanzas de Diputados, que quedó presidida por el macrista Eduardo Amadeo y mayoría de integrantes de Cambiemos y aliados. Las vicepresidencias quedaron a cargo de Carlos Heller, del espacio Solidario SI, y de Alejandro Snopek, de Federal Unidos por una Nueva Argentina. La Comisión de Presupuesto será presidida por el santafesino Luciano Laspina, secundado por el justicialista Diego Bossio y el massista Marco Lavagna.

Diputados opositores sugirieron invitar a especialistas en el tema antes de firmar del dictamen. El diputado Luis Gioja, del Frente para la Victoria, pidió que se convoquen a los economistas Roberto Lavagna y Guillermo Nielsen, ministro de Economía y secretario de Finanzas durante el canje de deuda de 2005 durante el gobierno de Néstor Kirchner. Por su parte, el diputado Axel Kicillof (FpV) sugirió que se cursara invitación al economista Aldo Ferrer. Amadeo insistió en la necesidad de iniciar el diálogo lo antes posible, con el objetivo de avanzar en la implementación del acuerdo con los buitres. El diputado por el Frente de Izquierda, Néstor Pitrola, sostuvo que “un triste juez norteamericano no le debe fijar la agenda ni los tiempos del Congreso”. De todos modos, el oficialismo espera poder cumplir con los plazos impuestos por el juez Griesa.