El gobierno de Estados Unidos envió ayer un amicus curiae (amigo de la Corte) a la Cámara de Apelaciones de Nueva York en apoyo a la postura argentina para que levante las restricciones legales contra el país y permita dar curso al acuerdo con los fondos buitre. En el marco de la visita del presidente estadounidense Barack Obama, su gobierno presentó ante la Cámara un escrito como tercero ajeno al litigio para respaldar las negociaciones del equipo de Mauricio Macri con los buitres, a los que pagará en efectivo sus demandas y para lo cual emitirá deuda por unos 12.500 millones de dólares. El escrito solicita “levantar las restricciones a la luz de los cambios de las circunstancias actuales del país”, en referencia a la generosa propuesta del gobierno argentino para los buitres.

El acuerdo con los fondos carroñeros incluye además del pago en efectivo de los montos demandados y una oferta a los holdouts sin sentencia firme, la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, dos disposiciones clave que podrían poner en riesgo la reestructuración de la deuda en caso de que quienes ingresaron en la operación reclamen que se les reintegre la quita de 67 por ciento aceptada. Para obtener los fondos para el pago a los buitres, el país emitirá bonos a 5, 10 y 30 años. Sin embargo, como existe sobre el país un congelamiento sobre los fondos depositados para el pago a los bonistas que ingresaron al canje hasta tanto no se les abone a los holdouts, bajo una caprichosa interpretación de la cláusula pari passu, el gobierno de Mauricio Macri presentó ante la Cámara un pedido para que se levante la restricción y no haya embargos sobre el dinero de la emisión.

La administración Obama salió a respaldar ese pedido. “Los Estados Unidos tienen especial interés de política exterior en apoyar a la nueva administración de la Argentina en sus esfuerzos por revertir políticas económicas anteriores, para normalizar la relación de Argentina con sus acreedores, y fortalecer su economía”, argumenta en el escrito el gobierno de Estados Unidos. “Si no se anula el pari passu (tratamiento igualitario) esto tendría serias consecuencias para la economía argentina y para los intereses de Estados Unidos en la región en general”, agrega la presentación que lleva la firma de Preet Bharara, en su condición de fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y abogado como amicus curiae.

Este es el segundo escrito como amicus curiae. El anterior había sido ante la Corte Suprema de Estados Unidos en el marco de las distintas apelaciones que llevó adelante el gobierno argentino contra el accionar de los fondos buitre y las sentencias del juez Thomas Griesa, pero el máximo tribunal decidió no tomar el caso. En esa oportunidad, el gobierno estadounidense manifestó tener un “un interés sustancial en la correcta interpretación y aplicación” de la Ley de Inmunidad Soberana y en el tratamiento que se les da a los Estados extranjeros en las cortes locales, ante el planteo formulado por Argentina respecto a la interpretación de la pari passu.

Esta presentación se conoce dos días después de que el gobierno argentino elevara ante la Corte de Apelaciones de Nueva York un pedido destinado a ratificar la orden del juez Griesa que permite el levantamiento de las medidas cautelares para poder cerrar el acuerdo con los holdouts. En el escrito del gobierno estadounidense, donde predominan aspectos coyunturales y escasean referencias jurídicas, destaca que “desde la asunción del presidente Macri en diciembre de 2015, Argentina ha dado pasos significativos para normalizar sus relaciones con los acreedores, incluyendo a los bonistas demandantes, resultando en un acuerdo que, según la corte distrital, resolvería cerca de 85 por ciento de los reclamos”. El escrito también resalta que “la administración Macri hizo esfuerzos significativos para implementar reformas monetarias y fiscales beneficiosas, incluyendo sus esfuerzos por cerrar la disputa con los holdouts”.