El endeudamiento de la Argentina constituyó uno de los principales factores de sustento del modelo neoliberal y, al mismo tiempo, del estrangulamiento y la dependencia externa implementadas por la dictadura cívica militar, mediante el programa económico anunciado el 2 de abril de 1976, hace 40 años, ciclo que implosionó en 2001.

Decíamos junto a Benjamín Hopenhayn en 2002: “En el proceso de elaboración del Plan Fénix se reconoció desde un principio la necesidad de una renegociación ordenada de la deuda pública heredada, en función de las metas y objetivos de un programa de mediano plazo de crecimiento con equidad. Se trata de adecuar los servicios de la deuda a un plan sustentable que permitiera a la Argentina no solo salir de la peor crisis de su historia, sino también generar y asignar recursos para encauzarse por un sendero de desarrollo sostenido con equidad”.

En la década del ‘90 el fuerte crecimiento de la deuda pública interna y externa –provocada por la aplicación “a rajatablas” del modelo neoliberal– llevó a la destrucción de gran parte de la industria nacional, en niveles desmesurados de desempleo y pobreza, a la creciente limitación de la capacidad financiera del Estado, a sucesivas crisis y ataques especulativos, a una gran depresión, al derrumbe financiero externo e interno, y al colapso de instituciones fundamentales de la sociedad argentina.

A partir de 2003 se produjo un cambio sustantivo en la manera de negociar, en primer lugar se asumió una actitud soberana, esto es discutir racionalmente pero con firmeza los términos de las negociaciones internacionales priorizando la canalización de los recursos para crecer, lo que permitiría asumir compromisos realistas. Claro contraste con la subordinación del Presupuesto Nacional al pago de la deuda como ocurrió en 2001, cuando las transferencias a jubilados, estatales y a las provincias solo se efectuaban si había recursos luego de pagar la deuda.

De esta forma, en 12 años la Argentina pudo desendeudarse en términos absolutos y relativos bajando la relación deuda pública con tenedores de bonos del exterior/PBI del 105 por ciento en 2003 al 11 en 2015.

Dicho desendeudamiento, cuyos hitos centrales fueron las reestructuraciones de 2005 y 2010 con quitas de hasta el 65 por ciento, permitieron un círculo virtuoso de recuperación de la solvencia fiscal y externa, crecimiento y equidad distributiva.

Puede compartirse la necesidad de dejar atrás definitivamente el default y la necesidad de encarar una solución definitiva al tema de la deuda. La existencia de la cláusula RUFO hasta diciembre de 2014 era un obstáculo objetivo ya que implicaba extender al conjunto de bonistas, eventuales mejores términos a los fondos buitre. En todo caso la historia demostró que el país podía crecer sin ninguna de las catástrofes pregonadas por quienes impulsaban un acuerdo a cualquier precio.

Durante 2015 no fue posible cerrar una negociación digna porque los buitres prefirieron esperar al resultado de las elecciones nacionales de 2015 con la esperanza de que hubiese un gobierno más “amigable” con los acreedores, dadas las promesas del entonces candidato Macri de pagar el cien por ciento y al contado, Una cuestión básica de cualquier negociación que señalaba Aldo Ferrer era que el país no debía apurarse ni sentir miedo de que por un tiempo no hubiese acuerdo. Generalmente los acuerdos de reestructuración soberana demoran no menos de 6 o 9 meses por sus complejidades legales, financieras y operativas.

Un nuevo gobierno podía convocar al conjunto del arco político para plantarse ante los acreedores y no aceptar términos que pusieran en riesgo la solvencia de mediano plazo. Era posible lograr del juez Griesa reponer un stay para que el resto de los bonistas pudieran cobrar el servicio de sus acreencias, mediante una garantía pública por un lapso razonable mientras durase la negociación. Se perdió así una oportunidad para que la Argentina refleje un consenso nacional y una política de Estado para plantear una sólida posición negociadora independientemente del gobierno de turno.

El país contaba además con el apoyo de una Resolución mayoritaria de las Naciones Unidas y el apoyo de gobiernos, académicos y economistas de amplia reputación profesional, varios de ellos Premios Nobel, que señalaban el peligroso precedente para la estabilidad financiera global de ceder al chantaje de los buitres.

Por cierto un acuerdo que implica pagar capital, intereses y punitorios al contado financiado con una mega emisión de deuda que al decir del propio Financial Times es el mayor endeudamiento de un país emergente en 20 años, no es la mejor fórmula para un acuerdo justo, equitativo y sustentable.

El preacuerdo alcanzado con media sanción de Diputados entraña serios riesgos económicos por los compromisos que se asumen a futuro. Era necesario plantear una quita de capital e intereses, ausentes en este acuerdo, además de una sustancial reducción de punitorios.

Es de destacar que este acuerdo implica la menor quita en lo que en finanzas se llama valor presente neto, es decir el valor actual de los compromisos a futuro, no solamente muy inferiores a las reestructuraciones de 2005 y 2010 sino aun del propio Plan Brady suscripto en 1993, que incluyó quitas de capital e intereses.

Los graves riesgos económicos del acuerdo se potencian con los riesgos legales de que algún juez del mundo interprete la cláusula de pari passu en forma diferente a Griesa y extienda al 93 por ciento de los acreedores los beneficios de este acuerdo. Esto implicaría la quiebra porque implicaría compromisos equivalentes al PBI del país.

Aunque este escenario no se produjese, tampoco hay ninguna garantía de que los holdouts que no acepten este acuerdo litiguen para obtener mejores términos. Esto no es propio de ninguna hipótesis pesimista: el preacuerdo no implica ningún compromiso de que los holdouts que lo acepten renuncien a futuros reclamos. En síntesis, lejos de cerrar una etapa, este preacuerdo abre una etapa de reclamos que en lugar de solucionar puede agravar significativamente los problemas.

Por cierto este acuerdo abre la puerta al riesgo de un proceso de endeudamiento sin control, También abre la puerta al regreso de las políticas que exigen los mercados y las calificadoras de riesgo; es decir, ajustes fiscales para dar confianza a los mercados como ocurría en los 90. Y de ahí hay un paso para el regreso del FMI y sus condicionalidades.

Un país que avance al desarrollo debe cuidar su sustentabilidad externa, fiscal y sus equilibrios productivos y sociales, para no caer cíclicamente en ciclos de endeudamiento y ajuste.

Ciclos que no sólo aumentan la deuda pública financiera sino que potencian una fuerte deuda social, de menos salarios, empleos, jubilaciones, inversión y bienes públicos, llevando a un default social como en 2001.

Las lecciones de la historia requieren un Plan Nacional de desarrollo que potencie la autonomía, el crecimiento y la equidad y no la multiplicación de deudas. Lamentablemente no es la visión de este gobierno.

Por ello es vital el rol del Congreso Nacional que debe asumir su rol constitucional de “arreglar la deuda”. El Senado nacional debería resolver sin apuro todas las implicancias de este acuerdo y proponer alternativas razonables. Es mentira que las únicas opciones son este acuerdo o el statu quo.

Tampoco es cierto que sin este acuerdo es la hiperinflación o el ajuste, amenazas que siempre llovieron sobre el Congreso para votar leyes no solo antipopulares sino que comprometen seriamente los equilibrios macroeconómicos. Se pueden negociar otras alternativas que minimicen los riesgos legales y que no comprometan la solvencia futura del país.

Pero es muy importante además el manejo hacia adelante del futuro endeudamiento. Durante 2015 participé en mi carácter de presidente del BCRA en la Comisión de seguimiento de la deuda externa del Congreso Nacional, ahora desactivada. Allí denuncié cómo se produjo el endeudamiento público y privado externo en la dictadura y los 90. Y como en esos dos momentos se desmantelaron los regímenes de información y controles prudenciales sobre los capitales especulativos.

Lo cual en ambos casos permitió que el Estado asuma una significativa y cuestionable deuda privada que no tenía registro ni control tanto en 1982 como en 2002. Es muy preocupante que el actual gobierno ya eliminó muchas regulaciones prudenciales de la cuenta capital vinculadas con el movimiento de flujos especulativos.

Es un paso positivo el proyecto para que el Congreso Nacional deba autorizar cada operación de crédito público y debería también hacer un exhaustivo seguimiento de la evolución del endeudamiento externo privado y establecer mecanismos para prevenir el desmantelamiento total de los mecanismos de información y control que impidan futuras socializaciones de deudas.

Confiemos en no contraer una deuda aún más pesada que la financiera: la dependencia que lleva a la miseria y a la crisis. A 40 años de la implementación del neoliberalismo, Nunca más. Es hora de no ser cómplices de resignar soberanía y viabilidad como Nación.

* Ex presidente del Banco Central.