Con el camino legislativo allanado, el gobierno de Mauricio Macri ahora se apresta a definir los detalles de la emisión de deuda por 12.500 millones de dólares para pagarles a los fondos buitre. El Senado aprobó anteanoche el proyecto de ley para el pago a los holdouts. Los abogados que representan al país presentaron ayer ante el tribunal de Thomas Griesa, con copia al mediador Daniel Pollack, el anuncio de que se cumplió con el tratamiento parlamentario y aprobación del proyecto que deroga las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, que había sido puesto como condición para avanzar en el acuerdo con los fondos carroñeros. Por su parte, desde la Secretaría de Finanzas, que conduce Luis Caputo, iniciaron las tratativas para el road show (gira para buscar interesados) con la propuesta de los bonos a emitir. Desde el Palacio de Hacienda anticiparon que la gira oficial se realizará el 11 y 12 de abril en Nueva York, antes de la audiencia del 13 en la Cámara de Apelaciones. De todos modos, aún no se termina de definir la tasa a la que se emitirá la nueva deuda. Los bancos colocadores exigen un rendimiento del 8,5 por ciento –un punto por encima del anunciado– por el elevado volumen de emisión.

La Cámara alta aprobó anteayer en una sesión de más de doce horas el proyecto para el pago a los buitres. Sin modificaciones respecto a lo elevado desde Diputados, la iniciativa contó con 54 votos a favor y 16 en contra. Los votos del Frente para la Victoria se dividieron en 23 afirmativos y 16 negativos (los únicos negativos en el conteo total). El ex ministro de Economía, Axel Kicillof, sostuvo que los votos del FpV a favor de la propuesta “se compraron con promesas de obra pública y de asistencia a las provincias”. El diputado, que fue designado al frente de la Comisión de Economía de la Cámara baja, calificó las negociaciones con los legisladores de “apriete y extorsión”. Aseguró que “no fue una votación limpia”. “Algunos diputados o senadores recibieron llamados de sus gobernadores diciéndoles que debían acompañar el proyecto de Macri”, dijo el ex ministro.

Su sucesor en el Palacio de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, destacó que “un gobierno que no tiene mayorías en las dos cámaras ha conseguido el apoyo de casi tres cuartos de la cámara y muchos de los senadores que votaron a favor son del Frente para la Victoria”. “Esto había que hacerlo para empezar a crecer, esta es la lógica, no nos vamos a endeudar porque esta deuda ya estaba anotada en los libros y casi exactamente por el mismo monto que vamos a terminar pagando: alrededor de 11.500 millones”, afirmó en declaraciones radiales. Sin embargo, esa deuda figura en los registros oficiales al valor nominal de los bonos en default, mientras que ahora se pagará el monto acordado con los buitres en base a la sentencia de Griesa, con intereses y punitorios. Prat-Gay sostuvo que “es un momento importante para Argentina, de madurez democrática”. “Nadie disfruta de pagarle a los profesionales de la usura, pero esto había que hacerlo para empezar a crecer”, concluyó.

Tras haber sorteado esta instancia, el equipo económico iniciará la semana próxima el road show con el que buscará divisas en las capitales financieras del mundo, con la intención de tener todo listo para pagar a los buitres el 14 de abril, la fecha límite que estableció Griesa para cumplir con el acuerdo con los principales acreedores, NML Capital, Aurelius y otros. De todos modos, la decisión de la Cámara de Apelaciones de convocar a una audiencia para el 13 de abril, un día antes de la fecha supuesta de pago, complica el escenario. La Cámara deberá decidir si deja en firma el stay de Griesa para que el país pueda tomar deuda. Desde Hacienda, en tanto, trabajan como si ese tribunal de segunda instancia fuese a resolver la cuestión a favor de la Argentina durante la misma audiencia. Sin embargo, desde el estudio Cravath, Swaine & Moore, que representa al país, calculan que la sentencia se conocería recién el próximo 18 de abril.

Por lo pronto, el bufete de abogados ya envió la nota anunciando el resultado del tratamiento legislativo para que Griesa defina el stay y suspenda la aplicación de la cláusula pari passu, que impide emitir nueva deuda sin que los fondos sean embargados.

El ministro de Hacienda iniciará el road show de manera informal durante las reuniones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se desarrollará en Bahamas, y en la Asamblea de Primavera del Fondo Monetario Internacional, en Washington. Finalmente viajará a Nueva York, los días lunes 11 y martes 12 de abril. La fecha para la gira de los bancos colocadores todavía está sin definir. El gobierno contrató a JP Morgan Chase, Deutsche Bank, Santander y HSBC como “coordinadores globales”, mientras que BBVA, UBS y Citigroup actuarán como colocadores. También participarán Bank of New York, Wells Fargo, State Street, Goldman, TD Bank, Bank of Nova Scotia y el Citi. Todos ellos cobrarán comisiones por sus servicios. Estos iniciarán la presentación formal de la propuesta luego de conocerse el fallo de la Cámara, aunque ya se iniciaron los contactos con sus clientes para sondear la aceptación.

Las entidades deberán hacer una colocación en tiempo record para que el gobierno de Macri pueda cumplir con los plazos de pago a los buitres, a lo que se suma el elevado monto a colocar. Son 12.500 millones de dólares, la mayor emisión de un país emergente en los últimos 20 años. Por esta situación, un grupo de entidades, encabezado por el JP Morgan, le adelantó al gobierno de Macri que para cumplir con los plazos y los montos requeridos deberá ofrecer una tasa de interés del 8,5 por ciento. El equipo económico había prometido en sus exposiciones en el Congreso que la emisión iba a ofrecer tasas de entre 7 y 7,5 por ciento para plazos a cinco, diez y treinta años. Incluso aventuraron que un mejor clima de negocios podría permitir que esa tasa se situase en 6,5.