La filtración masiva de datos conocida como Panama Papers muestra el vínculo de políticos, entre ellos el propio presidente Mauricio Macri, empresarios, deportistas y artistas con los negocios offshore y las sociedades en paraísos fiscales. Sin embargo, no es el primer cimbronazo que reciben las personas más ricas del país en relación a su privacidad financiera: se suma a las 4040 cuentas argentinas en la sede del HSBC en Ginebra, la causa JP Morgan, en la cual el ex gerente para América latina se autoinculpa como organizador de la evasión y el lavado de dinero, y la del BNP Paribas, otro banco acusado de organizar el lavado de activos. Sin embargo, esas causas registran escasos o nulos avances después de años.

Panama Papers es un desarrollo del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, que recibió 11,5 millones de documentos de un estudio de abogados de Panamá, Mossack Fonseca, que muestran a lo largo de 38 años cómo se dedicó a crear empresas fantasma y ayudar a cometer presuntos delitos como lavado de dinero o evasión impositiva en 202 países.

En la Argentina no es la primera vez que los más ricos quedan en un brete ante la ventilación de datos financieros. El caso más reciente es el del HSBC. La grieta del secreto bancario suizo la abrió Hervé Falciani, un ingeniero que trabajó en la sucursal del holding asiático-inglés en la ciudad de Ginebra. El ex empleado del HSBC Private Geneva extrajo entre 2006 y 2008 información referida a 130 mil clientes de la sucursal helvética que terminaron en poder de las autoridades tributarias francesas. La AFIP obtuvo datos referidos a empresarios, banqueros, políticos, jueces y futbolistas argentinos. Si bien se recibió información de 4040 clientes, hasta el año 2013, sólo 125 contribuyentes declararon ante la AFIP cuentas abiertas en la entidad helvética. Uno de los casos es el del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, que figura en los datos suministrados por las autoridades francesas como apoderado de una cuenta de 68 millones de dólares a nombre de Amalita Lacroze de Fortabat, empresaria fallecida en 2012, y su nieta Amalia Amoedo.

Otra filtración vino por el lado del JP Morgan con la autodenuncia del arrepentido Hernán Arbizu, ex gerente para América latina del banco. Arbizu explicó que la empresa organizaba la evasión y lavado de dinero en una plataforma global para clientes premium, con cuentas superiores a los 25 millones de dólares. En la denuncia hay empresarios argentinos, entre ellos el Grupo Clarín y toda su cúpula, Eduardo Costantini, el Frigorífico Rioplatense y la familia Priú de la ex petrolera San Jorge. Arbizu viaja en dos semanas a Estados Unidos a declarar por esta causa, ya que en la Argentina la denuncia está paralizada. Una situación similar se da con el escándalo del BNP Paribas, que también tenía una mega cueva para el lavado de activos y fuga al exterior en el microcentro porteño.