Las guaridas fiscales y las sociedades que allí se radican, fantasmas o no, son por definición estructuras con un anclaje en la legalidad. Ese es su mérito. Ninguna multinacional, ninguna empresa, ningún evasor, de lo contrario, recurriría a ellas. Si tener una offshore fuera delito, no serviría de nada, ni existiría una sofisticada arquitectura de estudios jurídicos, contables y de asesoría financiera para darles soporte. Los refugios fiscales son paraísos para sus usuarios justamente porque sirven para esconder la ilegalidad o para facilitar la desigualdad ante la ley. El poder económico, que gobierna países y mercados, es su principal cliente, con una participación estimada en dos tercios, según investigaciones internacionales, mientras que las actividades específicamente ilícitas como el contrabando de armas, drogas, las redes de prostitución u otras, como el financiamiento del terrorismo, constituyen una minoría. El escándalo de los Panamá Papers lo expone. Los principales protagonistas son dirigentes políticos, estrellas del deporte y del espectáculo, quienes aparecen enredados en sociedades offshore que se utilizan para eludir el pago de impuestos o mantener a resguardo patrimonios que no se quieren reconocer. No es una necesidad del funcionamiento de los negocios, como algunos intentan justificar. No es requisito para una compañía argentina que quiera invertir en Brasil tener un sello de goma en Bahamas o Islas Caimán. Puede hacerlo sin ello. Tampoco es una obligación para exportar ni importar. El hecho de que sea una práctica habitual solo denuncia la gravedad del problema y, en el caso argentino, que el presidente Mauricio Macri y su familia mantengan activas más de media docena de estas sociedades explica por qué en los diarios del mundo aparecen entre los más sospechados.

Cuando el jefe de Estado asegura que no tiene nada que ocultar omite decir que el conocimiento público de Fleg Trading, la offshore que lo tuvo como director entre 1998 y 2009, se produjo gracias a una filtración revelada por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ). No fue un dato ventilado en sus declaraciones juradas como diputado nacional, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o Presidente, más allá del debate jurídico de si debía hacerlo o no. Tampoco lo blanqueó ante la sociedad en su rol de candidato a todos esos puestos, una información que seguramente le hubiera ocasionado un perjuicio político. Es decir, escondió esa información. Peor aún, al día siguiente de reconocer su encumbrado cargo en la sociedad inscripta en Bahamas, la opinión pública conoció por este diario y otros medios que no era el único caso: desde 1981 Mauricio Macri es vicepresidente de Kamegusha, otra offshore anotada en Panamá. Y un día después, Página/12 informó que había otras cinco sociedades en ese país a nombre de su hermano Gianfranco, y dos más presididas por su padre, Franco. Estos antecedentes dan crédito a la sospecha de que el Presidente puede integrar más compañías offshore en otras guaridas fiscales, sobre todo porque acudió a los servicios de Mossack Fonseca, una fábrica de sociedades fantasma de las más grandes del mundo. En todo caso, es imprescindible que una investigación judicial lo determine, ya que la palabra presidencial ha quedado dañada en su credibilidad.

Cómo esperar que el gobierno argentino combata las guaridas fiscales si la familia presidencial y el propio Mauricio son usuarios habituales de ese sistema. Y no solo ellos. El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, también quedó expuesto en los Panamá Papers. El funcionario fue empleado de Socma (Sociedades Macri) desde 1971, cuando ingresó como cadete, para desarrollar luego una carrera que lo elevó hasta el directorio de una de sus empresas. Desde 2007 manejó el área económica de la Ciudad de Buenos Aires como secretario de Hacienda, puesto que desempeñó hasta diciembre de 2015. Daniel Angelici, presidente de Boca y amigo íntimo de Macri, también tiene una sociedad en Panamá, lo mismo que Jorge Macri, primo del mandatario.

Existe una enorme cantidad de material bibliográfico que explica la razón de ser de las guaridas fiscales y la “industria” que lo acompaña. Las conclusiones son condenatorias. Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, haría bien en sumergirse en su estudio, dada la importancia de su cargo. En el país, uno de los institutos que más y mejor trabajó la cuestión fue el Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (Cefid-Ar), que elaboró seis documentos de sencilla lectura sobre la materia, con datos internacionales y locales. Es lamentable que el gobierno de Cambiemos haya cerrado esa usina de información. Por suerte Google, que a propósito también ha sido denunciada por su aprovechamiento de las guaridas fiscales para eludir el pago de impuestos, permite acceder a los documentos de trabajo I a VI del centro de estudios. El numero V fue elaborado por la especialista Magdalena Rúa, con la supervisión del economista del Plan Fénix Jorge Gaggero.

“La fuga de capitales debe entenderse como un concepto amplio, que involucra tanto la porción de capital lícito como ilícito”, explica allí. “La transferencia de capitales al exterior es posible gracias a un mercado de servicios offshore que actúa como intermediario de aquellos sujetos que desean fugar su riqueza del país, proporcionando la organización necesaria para la creación de estructuras jurídicas que facilitan la salida de dichos recursos”, agrega. Luego incorpora dos conceptos clave, muy apropiados para la situación actual:

- “Existe una amplia gama de servicios, técnicas y maniobras para trasladar capitales al exterior, evadiendo y/o eludiendo impuestos, y resguardando los mismos fuera del país”.

- “En cuanto al aspecto de la elusión fiscal, en este trabajo se considera que toda técnica elusiva, contraria al espíritu de la ley y violatoria del principio de realidad económica (que atañe a la situación económica real y no a la formal del contribuyente), es ilícita. Por tanto, todas aquellas prácticas elusivas que, si bien no contravienen explícitamente la letra de la ley, tienen por finalidad la minimización de la carga tributaria en desacuerdo con la capacidad económica del contribuyente, constituyen, en definitiva, defraudación a la administración tributaria por conseguir ventajas impositivas contrarias a los objetivos perseguidos por el ordenamiento jurídico doméstico, ocasionando las mismas consecuencias fiscales que las prácticas de evasión fiscal”.

Cuando el Presidente dice que todo lo que hizo fue legal puede darse el caso de que sea cierto, pero dentro de un marco diseñado para lo contrario. Nicholas Shaxson, nacido en Malawi y formado en Inglaterra, es autor de otro libro básico sobre las guaridas fiscales: “Las islas del Tesoro”. “Ofreceré una definición amplia de ‘paraíso fiscal’, como lugar que procura atraer negocios ofreciendo instalaciones políticamente estables que ayudan a personas o entidades a eludir reglas, leyes y regulaciones establecidas en otras jurisdicciones”, señala. “El propósito de estos lugares es ofrecer vías de escape a las obligaciones que derivan de vivir en una sociedad obteniendo beneficios de ella: impuestos, regulación financiera responsable, legislación penal, derecho hereditario. He ahí el meollo de sus negocios. A eso se dedican”, alerta. La pregunta que cabe es si alguna de estas motivaciones habrá llevado a la familia Macri a participar tan activamente de los refugios fiscales. “Mi definición es amplia –completa Shaxson– para cuestionar la idea ya naturalizada de que es aceptable que un lugar se enriquezca socavando las leyes de otros lugares. Esta definición me ayudará a poner en evidencia que el sistema extraterritorial no es una excrecencia pintoresca de la economía mundial, sino que se halla exactamente en su centro”. La afirmación del Presidente de que la Argentina debe volver al mundo probablemente se refiera a lo mismo que Shaxson desprecia con tan buena información.