ECONOMíA › MIGUEL ANGEL GUTIERREZ QUEDO AYER AL FRENTE DE YPF EN REEMPLAZO DE MIGUEL GALUCCIO
El gobierno nacional, con mayoría accionaria en la asamblea de YPF, concretó ayer el nombramiento del ex Telefónica de España y ex JP Morgan, Miguel Angel Gutiérrez, como nuevo presidente. Daniel González, actual director financiero, será el CEO.
La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la empresa YPF designó a Miguel Ángel Gutiérrez como presidente de la compañía, en reemplazo de Miguel Galuccio, en una reunión de poco más de cinco horas en la que también se renovó parte del directorio. Después de cuatro años, Galuccio deja la compañía a la que llegó para llevar adelante el proceso de recuperación del control por el Estado nacional, tras la expropiación del paquete mayoritario, por entonces en manos de la empresa española Repsol. Gutiérrez, su reemplazante, proviene justamente de uno de los holdings españoles que se beneficiara con la etapa de las privatizaciones en Argentina en la década del 90, Telefónica.
Por decisión de la anterior asamblea de accionistas, a partir de esta nueva etapa quedarán escindidos la Gerencia General (CEO) y el cargo de Presidente, ambos ejercidos hasta ayer por Galuccio. Daniel González, hasta ayer director financiero (CFO), ocupará provisoriamente el cargo de CEO, reteniendo el anterior.
La asamblea designó además a siete nuevos directores que completan, de esta forma, el reemplazo total del Directorio que acompañara a Galuccio hasta febrero. En su nueva integración, el directorio incluye a dos ex presidentes de YPF de la era menemista (Roberto Monti y Octavio Frigerio) y dos ex secretarios de Energía de Fernando de la Rúa (Daniel Montamat y Emilio Apud). Montamat, además, había ocupado cargos en el directorio, primero, y como presidente de YPF después, en el gobierno alfonsinista. Apud ingresa en representación del Estado nacional, por las acciones que son de su exclusiva posesión (Clase A). Del resto, se destacan la presencia de Norberto Bruno, quien dejó el cargo al frente del Ministerio de Economía e Infraestructura de Neuquén para representar a su provincia en el nuevo directorio, y de Armando Isasmendi, que hará lo propio por la provincia de Salta.
Entre las medidas aprobadas por la asamblea se destacó la ampliación del programa global de obligaciones negociables (emisión de deuda), desde los 8000 millones de dólares vigentes hasta 10.000 millones, y la fusión por absorción de las compañías YPF Inversora Energética SA y Gas Argentino SA. También aceptó destinar 3640 millones de pesos de las utilidades acumuladas al 31 de diciembre pasado para inversiones; y 889 millones de pesos para el pago de dividendos.
Miguel Gutiérrez, un ejecutivo de muy bajo perfil, que se espera lo mantenga al frente de la principal compañía del país, reconoce antecedentes no sólo por su paso por grandes empresas como Telefónica de España o JP Morgan. Apenas trascendió su nombre como candidato a suceder a Galuccio, fue denunciado ante la Bolsa de Comercio por supuesto incumplimiento de condiciones contractuales en la adquisición, en diciembre de 2013, de la empresa Percomin, propietaria de la cadena de electrodomésticos Las Malvinas. La familia Ferraro, dueña de la empresa hasta ese momento, le reclamó 52,7 millones de pesos como parte de pago de aquella operación. Percomin fue fundada en 1957 por Mario Ferraro, quien falleció en 2006. Sus hijos Marcelo y Martín se hicieron cargo e iniciaron un proceso de expansión, hasta que en 2013 decidieron vender la empresa. El Banco de Inversión Columbus Merchant los vinculó con Gutiérrez en octubre de ese año, quien a través de la firma Vocación Empresaria SA adquirió Percomin en diciembre de 2013. A poco de tomar la empresa, sin embargo, Gutiérrez se habría negado a cumplir las condiciones de pago pactadas, aduciendo pasivos ocultos para renegociar el precio.
Allí se inicia una serie de controversias que desembocaron el la denuncia formulada por la familia Ferraro contra Miguel Gutiérrez a principio de este año, que derivó en el reconocimiento de la deuda por este último y el pacto de un nuevo compromiso de pagos, aún vigente.
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