Las concentraciones del 24 de marzo en Plaza de Mayo, el 13 de abril en Comodoro Py, cuando Cristina Fernández de Kirchner se presentó en Tribunales, y ayer, 29 de abril, en el Monumento al Trabajo fueron convocadas por diferentes motivos, pero expresaron puntos en común. Marcaron la continuidad de un proceso, inesperado para el Gobierno e inédito desde la recuperación democrática, que nunca antes había registrado tres manifestaciones gigantescas, históricas, desafiantes, en apenas cuatro meses desde la asunción de un Presidente. El primero de los eslabones que conecta los tres momentos es el rechazo de un amplio sector social a la restauración neoliberal que intenta el oficialismo. La percepción de una vuelta a los ‘90 activó anticuerpos en quienes padecieron esa etapa. El segundo eslabón entre las marchas es la necesidad de demostrar en las calles la existencia de una realidad agobiante que las autoridades nacionales no alcanzan a dimensionar y que un férreo cerco mediático escamotea. El tercero es la identificación de Mauricio Macri como responsable de generar angustias y preocupaciones crecientes en miles de trabajadores y pequeños empresarios. El cuarto, la participación masiva de ciudadanos no encuadrados, quienes se sumaron a los actos de organismos de derechos humanos, del kirchnerismo y de las centrales sindicales para poner en escena agendas que no son las de los CEO que ocupan los principales cargos del Poder Ejecutivo. El quinto fue el clima pacífico y en cierto modo festivo en que se desarrollaron los actos, permitiendo que la representación del conflicto social no quedara asociada a la violencia. Y el sexto fue la demolición del mito de que la sociedad se moviliza por el choripán y los planes asistenciales.

La marcha de ayer se impuso incluso a la intención inicial de al menos una porción de la dirigencia gremial, que empezó a congregarse para reclamar por el Impuesto a las Ganancias y tuvo que ajustar la sintonía a medida que las demandas populares se tornaron más intensas. El agravamiento del cuadro social por la inflación y los despidos activó los reflejos de preservación de varios dirigentes. Una descripción de esa realidad aparece en el último informe de la consultora Tendencias Económicas, que desde mediados de los 80 mide el pulso de la conflictividad laboral. Allí dice que ésta experimentó en marzo “un nuevo y pronunciado aumento, con el incremento de los despidos, las suspensiones y los paros”.

“Los despidos sumaron 19.424 casos, para totalizar 127.144 en el primer trimestre. Poco menos de dos tercios se localizaron en el sector privado, donde prevalecieron los verificados en la construcción, que representaron el 44 por ciento del total, seguida por la industria siderometalúrgica, mecánicos, alimentos, autopartes, comercio, transporte y prensa. El tercio restante tuvo lugar en el sector público, en la administración nacional, el Congreso, provincias y municipios”, describe el informe. “Las suspensiones fueron 8083 en marzo, registro 16 veces superior al de igual mes de 2015. En el trimestre fueron 27.588, unas 8 veces más que el año anterior”, detalla. “También crecieron los paros en marzo, 15 por ciento anual si se considera el número de obreros involucrados y el triple si se toma la duración de las huelgas”, completa.

Los datos desmienten la versión del Gobierno de que no existe una emergencia laboral. Sí la hay, y lo peor es que en abril la situación empeoró, según cifras preliminares de la misma consultora que serán difundidas la próxima semana. Allí se llega a la conclusión de que el escenario de conflictividad laboral es el más grave desde 2002. En un índice base 100 para 1986, el año 2002 marcó 1276 puntos para los despidos, 631 para las suspensiones y 50 para las huelgas. En el primer trimestre de este año, el índice para los despidos fue mayor, 1323, lo mismo que en los paros, con 71, mientras que las suspensiones anotaron 417. La información coincide en líneas generales con otras mediciones de centrales obreras, e indirectamente con el relevamiento de pobreza de la Universidad Católica Argentina o los registros de confianza del consumidor de la Universidad Di Tella, fuentes confiables para el oficialismo.

La respuesta del Presidente, sus ministros y el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, a esta realidad es la profundización de las políticas que la generaron. El banquero central, por ejemplo, ratificó esta semana que la única estrategia para enfrentar una disparada de precios de más de 25 puntos en un semestre de noviembre a abril es mantener en las nubes las tasas de interés, castigando a la economía a una dura recesión. El titular de Trabajo, Jorge Triaca, prometió a su vez como paliativo a la desocupación un aumento del seguro de desempleo, en lugar de medidas para evitar que siga creciendo. En tanto, el proyecto laboral más ambicioso del Gobierno para intentar generar empleos, en una economía que expulsa trabajadores por la recesión, es bajar los aportes patronales a la seguridad social, mientras que el jefe de la Anses, Emilio Basabilbaso, proyecta contribuir al desfinanciamiento del sistema jubilatorio con la venta de acciones en empresas privadas que atesora el fondo de cobertura constituido por el organismo en los últimos años. Desde lo simbólico, la calificación de “campeón de las reformas económicas” que le dedicó el buitre Paul Singer a Macri y los elogios del FMI a la nueva orientación del Palacio de Hacienda alertan que lo peor está por venir.

Eso explica en parte el volantazo de cúpulas sindicales en su posicionamiento frente al Gobierno. Ser el interlocutor favorito de Macri en el mundo gremial no resulta ahora tentador para Hugo Moyano, quien prefirió cambiar esa aspiración por la foto de la unidad sindical. Pero más allá de la situación personal de algunos dirigentes, la manifestación de ayer demostró que uno de los activos más valiosos del campo popular es la densidad de su movimiento gremial. Así lo destaca un informe de la Cepal del año 2010, elaborado por Patricio Frías Fernández. Compara la situación en Argentina, Chile y Centroamérica. El economista explica que la absoluta debilidad de la representación sindical en esta última región agrava los escenarios de desigualdad social y explotación laboral, mientras que en el país su fortalecimiento permitió que la participación de los sectores asalariados en el ingreso nacional trepara al primer puesto del ranking en América latina. Chile, por su parte, tiene una tradición de lucha y organización, aunque el acoplamiento del país a los patrones neoliberales de la globalización debilitaron su estructura sindical.

El Grupo de Trabajo Autorreforma Sindical estimó que en Argentina la afiliación gremial alcanza al 42 por ciento de los asalariados, frente al 28 por ciento de Brasil, el 22 de Venezuela y el 18 de Nicaragua y Paraguay. Registros del Ministerio de Trabajo dan cuenta de la participación de 70 mil cuadros sindicales en comisiones internas, secretariados de provincias y federaciones nacionales, más allá de las cúpulas de las centrales obreras. Este universo creció en los últimos años de la mano de la recuperación de las negociaciones colectivas, que volvieron a involucrar a los trabajadores en la defensa de su salario. Eso permitió una ampliación de la afiliación sindical y la incorporación de jóvenes a la militancia gremial, superando la estigmatización del gremialismo por parte de la prensa dominante.

Este cuerpo social se expresó frente a las políticas del Gobierno con una contundencia que Macri no podía imaginar el 10 de diciembre, cuando se puso a bailar en el balcón de la Casa Rosada. La distancia entre aquella imagen festiva de hace apenas cuatro meses y la realidad otoñal no es resultado de ninguna herencia, es consecuencia de lo que Cambiemos realmente significa.