Reunión del jueves en la Comisión Pyme de Diputados. Las pequeñas empresas se diferenciaron del Grupo de los Seis.

La presencia y el testimonio de las entidades que representan directamente a la pequeña y mediana empresa en el Congreso desarticularon la maniobra que las cámaras empresarias que representan a los núcleos más concentrados, reunidas en el Grupo de los Seis, habían armado junto al gobierno nacional para trabar el avance en Diputados del proyecto de ley de emergencia ocupacional y prohibición de despidos por seis meses. Durante la semana que pasó, se sucedieron por lo menos tres reuniones en Diputados, en las que dirigentes de cinco entidades que representan a sectores pyme manifestaron su repudio a quienes quieren oponer las urgencias de las pymes a las necesidades de los sectrores laborales. El bloque del PRO se había montado en tal argumento para intentar frenar el proyecto contra los despidos en la Cámara baja, mientras que integrantes del sector Renovador (massismo) que reportan a organizaciones de la cúpula empresaria, operaban a favor de modificar la ley “en favor de las pymes”, con la implícit intención de demorar la sanción de la ley. Pero la postura de la dirigencia pyme desmontó la maniobra e inclinó la cancha: sin más excusas, el proyecto votado en el Senado avanza en Diputados para su sanción. Por separado, la Cámara baja tratará un proyecto de “ley de emergencia mipyme” (micro, pequeñas y medianas), con el compromiso de darle tratamiento inmediatamente después que se apruebe la emergencia ocupacional.

Con un argumento idéntico al expuesto por el presidente de la Nación y parte del gabinete económico, el denominado Grupo de los 6 (Unión Industrial, Adeba, Bolsa de Comercio, Sociedad Rural, Cámara de la Construcción y Cámara Argentina de Comercio) sostuvo, desde la última semana de abril (antes que el proyecto se votara en el Senado), que “la contracción de la actividad económica y la falta de crecimiento en el empleo privado comenzó a fines de 2011 y ha persistido a través de estos años”, pese a toda la evidencia estadística en contrario. La conclusión, por lo tanto, era que no había ninguna situación nueva que pudiera caracterizarse como “emergencia ocupacional”. Y que prohibir las cesantías o encarecer las indemnizaciones ahuyentaría las inversiones, provocaría retracción en la generación de empleo y perjudicaría principalmente a las pymes, que ante la imposibilidad de acomodarse a una baja en la demanda con recortes de empleo, se iban a ver condenadas al cierre.

“No es cierto que las pymes estemos en contra de una ley de emergencia ocupacional”, manifestaron, en cambio, representantes de cinco entidades que agrupan a pequeños y medianos empresarios, esta última semana en reuniones de comisión o con grupos multipartidarios de legisladores. De estos diferentes encuentros participaron Apyme (Asamblea de pequeños y Medianos Empresarios), CEEN (Central de Entidades Empresarias Nacionales), Cgera (Confederación General Económica de la República Argentina), CAME (Cámara Argentina de la Mediana Empresa) y Cadieel (industrias electrónicas y electromecánicas), que tuvieron como interlocutores a legisladores de prácticamente todos los partidos con representación parlamentaria.

El CEEN manifestó explícitamente su apoyo al proyecto de emergencia ocupacional y criticó a las entidades empresariales “que rechazaron apresuradamente el proyecto antidespidos y aplaudieron una iniciativa regresiva como la propuesta Plan Primer Paso”. Apyme sostuvo que era comprensible la demanda del sector laboral de una ley que frenara los despidos, pero esto no podía ser considerado una medida contra las pymes. “Si no se atiende esta situación de emergencia económica con medidas urgentes, pequeños empresarios y trabajadores vamos a correr la misma suerte, vamos a bajar las persianas juntos. Ahí no hay indemnización doble ni simple”, expresó uno de sus representantes, dando pie al reclamo de una ley de emergencia para micro, pequeñas y medianas empresas.

CAME y Cgera habían manifestado, en principio, objeciones a la emergencia ocupacional. La última entidad había cuestionado el proyecto con media sanción del Senado porque “no se contempla que el empleo no es homogéneo, se estaría protegiendo a las empresas que tienen menos problemas y no a las que ya recibieron el impacto de la crisis”. Según la Cgera, “el proyecto primario debería estar abocado a las pymes, que son las dadoras de trabajo”, en un planteo similar al formulado por CAME. En cambio, no hubo diferencias entre la dirigencia pyme, ni siquiera de matices, en el diagnóstico de la crisis. La industria, el comercio, los servicios y la producción agraria afrontan “una situación de extrema fragilidad, con un alarmante y generalizado desmejoramiento de su situación económica y financiera que compromete seriamente su continuidad”, dice uno de los documentos presentados. Esta situación reconoce su origen en políticas puestas en marcha por la actual administración, y no se resuelve con despidos, se aclaró.

El debate en cada uno de estos encuentros fue acalorado e intenso.

Como resultado, se consensuó en dos aspectos centrales: las pymes no se oponen a una ley de emergencia ocupacional. El otro, la necesidad de una ley que declare la emergencia mipyme, dado el cuadro de situación presentado. Hasta los representantes del Frente Renovador acordaron, al punto tal que el propio José de Mendiguren propuso adoptar la consigna “ni un despido más, ni una pyme menos”. El proyecto, cuya formulación quedó en manos del Frente para la Victoria y las entidades que estuvieron presentes, se limitaría a los puntos más urgentes y de más rápida ejecución: financiamiento a tasa subsidiada, con requerimiento simple de acceso, para el pago de aumentos salariales y aguinaldos; subsidio a las tarifas en sectores seriamente afectados por los aumentos; limitar las importaciones en sectores sensibles; suspensión de los embargos de la AFIP por morosidad en el pago; y restablecimiento de los planes de facilidades de la AFIP con plazos más extendidos.

El proyecto de emergencia mipyme podría presentarse en el transcurso de esta misma semana para su tratamiento a partir de la siguiente. Estos acuerdos se harían públicos en el transcurso de los próximos días, con la participación de las entidades pymes. Entre los dirigentes del sector hay confianza en que el proyecto que las protege tendrá rápido tratamiento en la Cámara Baja y no creen que pueda haber resistencias en el Senado. La cuestión será qué posición asumirá el oficialismo, o más concretamente el PRO, ya que incluso, recibieron algún guiño de los radicales. Imaginan que el macrismo no podrá trabar el tratamiento y aprobación en el Parlamento, pero se preguntan, ¿podrá vetar el Ejecutivo ambos proyectos? El interrogante, por ahora, no tiene respuesta.