El gobierno nacional y las compañías productoras, refinadoras y comercializadoras de hidrocarburos y derivados se reunirán el lunes con el ministro de Planificación, Julio De Vido, con vistas a firmar una nueva prórroga del acuerdo sobre estabilidad de precios de los combustibles hasta fin de marzo. Según fuentes de las propias empresas, las productoras ya habrían prestado la conformidad para mantener los actuales términos del acuerdo, que obliga a las productoras a entregar el crudo a un precio de 28,50 dólares por barril a las refinadoras, pese a que en el mercado internacional se sigue cotizando por encima de los 30 dólares. La diferencia queda como saldo pendiente que se compensaría cuando baje el precio, lo cual se supone que ocurriría cuando se recompongan las reservas internacionales que se vieron resentidas con la invasión y destrucción de Irak. Por otra parte, fuentes oficiales desmintieron que esté previsto convocar a una audiencia pública para este mes para tratar el aumento de las tarifas del gas.
Según señaló ayer el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, al ser consultado sobre la prórroga del acuerdo sobre combustibles, “el tema está casi resuelto y el lunes estará ordenado ese asunto”, según lo que le habría informado el ministro de Planificación. “De Vido ha conversado con las empresas, así que confiamos mantener la misma lógica que hasta el presente”, confió Fernández.
Los términos del acuerdo, vigente desde junio de 2002, establecen que las refinadoras recibirán el crudo a 28,50 dólares el barril, pero computarán como saldo a compensar con las productoras la diferencia entre ese precio y la cotización internacional. A cambio, mantienen congelado el precio al cual entregan las naftas y el gasoil a las comercializadoras. Como la cotización internacional del crudo se mantuvo por encima del valor de referencia en los 18 meses transcurridos desde la firma del acuerdo, ya se acumuló un saldo global a favor de las productoras (deuda de las refinadoras) de más de 100 millones de dólares, según estimaciones privadas. Dicho saldo deberá compensarse en el futuro cuando, eventualmente, el precio del barril cotice por debajo de los 28,50 dólares y las refinadoras deban seguir pagando ese valor.
Algunas productoras reclamaron que, en esta oportunidad, se ajustara parcialmente el precio de referencia del crudo, dado que el precio internacional se mantuvo por más tiempo de lo esperado por encima de los 30 dólares. Ello hubiera supuesto un incremento del 2 al 3 por ciento en el precio final de las naftas. Pero el Gobierno logró acordar con las empresas líderes del sector mantener invariables los precios –y los términos del acuerdo– por tres meses más. “En marzo, nos volvemos a sentar y ya veremos”, respondió una fuente empresaria ayer, al confirmar la prórroga del acuerdo.
El acuerdo sectorial establece el compromiso de congelamiento para los precios de los combustibles líquidos, pero no alcanza al gas natural. El valor de este último es eje de una controversia entre las petroleras y las autoridades, ya que mientras las últimas tratan de sujetar su actualización para evitar el impacto sobre los consumidores domiciliarios, las primeras demandan que, al menos, se ajuste el valor que pagan los grandes usuarios industriales. En particular los exportadores, que vieron incrementados sus ingresos por la devaluación.
Algunas versiones periodísticas señalaban que el Gobierno se disponía a convocar a audiencia pública para la última semana de este mes para tratar el tema del precio mayorista del gas, cuyo aumento arrastraría al de la tarifa residencial del gas e incluso a la de electricidad, puesto que el fluido es el combustible utilizado en usinas térmicas. Patricia Vaca Narvaja, subsecretaria de Defensa de la Competencia, desmintió enérgicamente tal posibilidad. “No está previsto la realización de audiencias públicas en enero, las negociaciones con las concesionarias siguen dentro del marco establecido por la comisión encargada de la revisión de los contratos y, dentro de ese proceso, el tema de las tarifasrecién podría estar abordándose para marzo o abril”, sostuvo la funcionaria.
Alberto Fernández se mostró sorprendido cuando en una entrevista radial, por la mañana, fue consultado sobre el supuesto “inicio de las audiencias públicas este mes”, las que definirían en principio un aumento del gas. “Bueno, en verdad, lo que tenemos... llevamos por delante esta discusión pública sobre el tema de tarifas y obviamente, siempre con la misma lógica, la lógica de escuchar también a los usuarios, a los consumidores y que ningún aumento signifique algo que repercuta negativamente sobre los sectores más indefensos, económicamente hablando, de la sociedad”, respondió. Más tarde, con más información, Vaca Narvaja descartó por completo la posibilidad de una convocatoria inminente a audiencias públicas.