“Esta es la última oportunidad para blanquear porque desde enero la AFIP tendrá acceso a información sobre cuentas bancarias en 48 países del mundo y será difícil para los argentinos que no estén en regla esconder el dinero”, aseguró ayer el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay. La advertencia del funcionario para incentivar la repatriación de capitales fugados y la capacidad de la autoridad fiscal para acceder a la información de los argentinos con cuentas en el exterior puede desvanecerse como consecuencia de una denuncia realizada por el ex ejecutivo del banco JP Morgan en Londres.

El año pasado Prat-Gay efectuó una presentación judicial por falso testimonio contra los ex directivos de la AFIP que lo incluyeron en la causa HSBC donde se investigan maniobras de evasión fiscal asociadas a las 4040 cuentas de empresas e individuos argentinos en una sucursal suiza del holding financiero. El fiscal Carlos Stornelli amplió esa imputación para incluir la presunta violación de la confidencialidad en un acuerdo entre Argentina y Francia de las anteriores autoridades de la AFIP.

Desde la defensa de los ex funcionarios rechazan la acusación y advierten que, de ser avalada, podría determinar la exclusión del país del mecanismo de intercambio de datos bancarios en el marco de la OCDE y el G-20.

El titular del Palacio de Hacienda figura en el listado de clientes del HSBC obtenido a finales de 2014 a manos de las autoridades tributarias francesas como apoderado y “usuario de internet” de la cuenta mal declarada ante la AFIP a nombre de Amalita Lacroze de Fortabat y su nieta Amalia Amoedo. La información sobre esas cuentas en el HSBC Private Bank de Ginebra se intercambió en virtud del Convenio de Doble Imposición que mantienen ambos estados y el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal. Tras la denuncia de la AFIP en la justicia Penal Tributaria, una causa hoy virtualmente paralizada, Prat-Gay denunció a ex directivos de la autoridad fiscal, Ricardo Echegaray, Horacio Curien y Pedro Robeda, por falso testimonio y asociación ilícita. Esa causa para entorpecer la investigación original recayó en el juzgado de Claudio Bonadío.

Hace dos semanas, el fiscal Carlos Stornelli amplió la imputación inicial de Prat-Gay para incluir la presunta violación de la confidencialidad en el acuerdo entre Argentina y Francia que permitió canalizar a la información del banco HSBC con la cual la AFIP realizó la denuncia contra los supuestos evasores. Si es avalada por Bonadío, esa nueva acusación contra la autoridad fiscal y sus ex directivos por violación del secreto no solo daría por tierra con la causa HSBC en Juzgado Penal Tributario N° 3 a cargo de María Verónica Straccia, sino que dificultaría el uso de información obtenida en el exterior para realizar denuncias penales y perseguir el fraude fiscal.

Vale señalar que la interpretación de Stornelli ni siquiera fue planteada por los poderosos estudios de abogados que defienden a los argentinos con cuentas en el HSBC. Esos letrados sí cuestionaron el origen de la información ya que fue sustraída del banco en Ginebra por el empleado informático Hervé Falciani pero ninguno planteó que la causa por evasión implicaba violar el secreto bancario de sus clientes. Tampoco se quejó el gobierno francés que fue informado de todos los pasos administrativos y judiciales desde que cedió la información referida a los argentinos.

A pesar de la parálisis en la investigación, la justicia Penal Tributaria citó a indagatoria a más de 200 personas y la AFIP recaudó en forma voluntaria hasta el año pasado más de 200 millones de dólares de impuestos evadidos por las cuentas en la sucursal suiza del banco. Además de Argentina, en Inglaterra, Italia Francia y España se iniciaron causas judiciales en el caso de los clientes del banco británico.

Después de una serie de auditorías en el marco del proceso de intercambio de información bancaria automática entre miembros del G-20 y la OCDE, Argentina obtuvo una buena calificación en materia de confidencialidad. Ese es un elemento ineludible para intercambiar datos sobre cuentas bancarias con el resto de los miembros del acuerdo. Por eso, si la AFIP fuera sancionada por violar el secreto, el acceso a esos datos a partir de enero de 2017 utilizado como aliciente para el ingreso en el blanqueo de capitales del macrismo podría verse afectado.

La posibilidad de acceder automáticamente a la información bancaria de distintos países ofrece un mecanismo para perseguir evasores y desincentivar la fuga de capitales. Pero, incluso cuando esos fueran objetivos del gobierno de Mauricio Macri, su potencialidad se ve limitada desde el origen. En primer lugar, la red de servicios financieros offshore ofrece estructuras societarias para que individuos y empresas oculten sus activos e identidades. El propio caso HSBC demuestra como los argentinos con cuentas en la sucursal suiza del banco interponían sociedades offshore panameñas por acciones al portador para aumentar la opacidad de sus colocaciones. Así, aunque los beneficiarios finales de la cuenta sean argentinos, sus datos quedarían resguardados imposibilitando que la AFIP reciba la información bancaria.

La no participación de los Estados Unidos, principal guarida fiscal y destino predilecto entre los argentinos fugadores, en el mecanismo de intercambio de información también socava la potencialidad de la herramienta para perseguir maniobras de evasión.

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