Macri con los jubilados. La promesa de la felicidad y las intenciones políticas no dichas.
Imagen: DyN.

El manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, los compromisos de pagos por deudas a jubilados, con sentencia judicial o sin ella, y la posibilidad abierta de que el gobierno nacional intente desarmar la participación accionaria del organismo previsional en empresas que cotizan en Bolsa abre un gran interrogante sobre el futuro: si el sistema previsional público podrá seguir teniendo la sustentabilidad ganada en la última década. “De algún modo, el compromiso que se está asumiendo de pagar los juicios pendientes, las demandas sin sentencia, e incluso las diferencias de haberes con aquellos que ni siquiera iniciaron juicio, al mismo tiempo que se crea una pensión a la tercera edad, significa el desfinanciamiento del Fondo de Garantía, que son las jubilaciones de los actuales trabajadores de acá a los próximos años”, resumió un especialista consultado por este diario. “No me sorprendería que, de acá a cinco años, reaparezca un nuevo debate acerca de si, con la estructura de activos que tenga en ese momento el sistema, se está en condiciones de seguir haciendo frente al pago de todas las jubilaciones o seguir manteniendo el régimen de movilización jubilatoria semestral”, advirtió.

Estos interrogantes cruzan los análisis de los expertos que intentan bucear acerca de los anuncios que, de a tramos, va haciendo el gobierno nacional acerca de una “reparación histórica a los jubilados y pensionados”, al tiempo que lanza un generosos blanqueo para quienes fugaron millonarias fortunas del país en los últimos años, provocando una crisis cambiaria que no hubiera tenido explicación a partir de déficit de la balanza comercial ni los compromisos de deuda del período.

El gobierno nacional asume que cumplirá con la cancelación de las sentencias judiciales con aproximadamente 300 mil jubilados, y le propondrá al resto (cerca de dos millones) una actualización del 40 al 50 por ciento de sus haberes a cambio de desistir de los juicios pendientes. La adhesión es voluntaria, pero ayer el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, advirtió que si adhirieran todos “el sistema demoraría unos dos años en regularizarlos”, porque no puede incorporar más de cien mil por mes. A menos de 24 horas de los anuncios, lo que se proponía como una “reparación inmediata”, pasó a tener sus propios reparos.

Sólo por la actualización de valores de las retribuciones y las nuevas pensiones a la vejez que se implementarán, Basavilbaso estimó que el costo fiscal ascendería al equivalente a 85 mil millones de pesos al año. Si se cumpliera la expectativa del gobierno de que se presentaran al blanqueo, activos fugados por 20 mil millones de dólares, que pagaran en su totalidad la tasa del 10 por ciento, los recursos que ingresarían al fisco serían, en pesos, unos 28.500 millones de pesos (equivalentes a 2000 millones de dólares, el diez por ciento de lo que hipotéticamente se blanquearía, a 14,25 pesos). Es decir, aproximadamente la tercera parte del costo fiscal de un solo año de retribuciones adicionales. El reto saldría de los fondos normales y habituales de la Anses: de sus utilidades (dejaría entonces de acumular aumentos del 20 al 40 por ciento anual) o de la venta de sus activos, en el peor de los casos, que el gobierno no descarta.

Ariel Setton, economista del Plan Fenix, docente universitario y un meticuloso estudioso de temas impositivos y previsionales, se anticipó al debate que podría originarse acerca de una virtual insuficiencia de recursos de la Anses para cumplir con los compromisos que ahora se asumen, para justificar la venta de las participaciones accionarias en empresas privadas. “Es muy probable que en algún momento se diga que si no se venden las acciones, no se le puede pagar a los jubilados. Y es una dicotomía falsa. En la estructura de activos del FGS, a fin del año pasado, dos terceras partes eran títulos públicos (el 62 por ciento). Por cada peso en acciones privadas que tiene el Fondo (en conjunto, representan el 14 por ciento), tiene más de cuatro pesos en bonos. Si el FGS vende los bonos, la única consecuencia ulterior sería una baja en el valor de los títulos, si no crea algún mecanismo con el que puede evitarlo (no saliendo directamente al mercado). En cambio, si se desprende de las acciones, no es por necesidad, porque el monto es muy inferior al que representan los bonos, sino porque el Estado no quiere estar ahí, no quiere tener presencia en el Directorio de las principales empresas cotizantes, participando de sus ganancias, de su valorización y de sus decisiones. Es más una decisión política que por necesidad. Lo que está en juego es el rol que llegó a cumplir la Anses con su presencia y la propia sustentabilidad del Fondo, que se pone en riesgo liquidando sus activos. Mi sensación es que, a pesar de ser un argumento falso, van a utilizar como recurso discursivo la necesidad para cumplir con los jubilados, para justificar la venta de las acciones”, concluyó.