El fiscal federal Carlos Stornelli le requirió al juez Luis Rodríguez abrir una investigación contra el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, denunciado penalmente por los diputados del Frente para la Victoria Martín Doñate y Rodolfo Tailhade, quienes lo acusan de beneficiarse, debido a su doble rol de funcionario público y accionista de Shell, con los aumentos de tarifas de gas así como por la compra de gas a Chile sin licitación pública y con supuestos sobreprecios. A su vez, fueron imputados también en la causa los funcionarios José Luis Sureda, Secretario de Combustibles y a Pablo Popik, subsecretario de Refinación y Comercialización.

El fiscal pidió al juez la realización de una serie de medidas de prueba, entre ellos oficios al Ministerio de Energía para que le envíe documentación que conste sobre la empresa Shell y sobre los cuadros tarifarios, según indicaron fuentes judiciales.

En la denuncia se recuerda que Aranguren ingresó en 1979 a Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A., empresa que forma parte del Grupo Royal Dutch Shell Plc (RDS), y en la cual llegó a ocupar el cargo de presidente entre 2003 y junio de 2015. Según consta en sus declaraciones juradas, mientras estuvo en la empresa recibió una cantidad variable de opciones y/o acciones de RDS que se acrecentaron en función de los dividendos declarados por la firma hasta llegar a la suma de 13.188.436,49 pesos en diciembre de 2014.

Los legisladores afirman que debido a esa situación el ministro incurriría en las incompatibilidades previstas en el artículo 13 de la ley de Etica Pública 25.188. Esa norma establece a su vez en el artículo 15 que quien se encuentre alcanzado por alguna incompatibilidad debe renunciar a su cargo o abstenerse de tomar intervención “en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos tres años o tenga participación societaria”. “Claramente el ministro Aranguren no ha renunciado a su participación societaria como lo exige la ley, como tampoco se abstuvo de participar en las decisiones que puedan llegar a ocasionar un conflicto de intereses”, remarca la denuncia.

Luego se detallan una serie de hechos que demuestran la supuesta incompatibilidad. El primero es la decisión de aumentar las tarifas de gas, incrementando el valor de lo pagado a los productores, entre los cuales está Shell. Además, se remarca que Aranguren cerró a través de la estatal Enarsa un contrato de compra de gas a Chile con un precio de de 6,90 dólares por millón de BTU, que resulta un 53 por ciento más caro que el gas natural licuado que llega por barcos a un promedio de 4,50 dólares por millón de BTU y un 128 por ciento más elevado que los 3,02 dólares por millón de BTU abonado por las importaciones provenientes de Bolivia. A su vez, se advirtió que a diferencia de los despachos de Bolivia que se pagan a mes vencido y las cargas de los barcos que se liquidan horas antes de la entrega del combustible, el volumen total del gas adquirido a Chile se tiene que abonar por adelantado. El contrato también determina que cualquier controversia deberá ser resuelta por la legislación de Nueva York y obliga a las partes a mantener el acuerdo bajo un marco de “estricta reserva y confidencialidad”. El contrato de suministro que suscribieron Enarsa y Solgas –una firma intermediaria del grupo internacional GDF Suez– prevé la entrega de 86 millones de metros cúbicos de gas entre mediados de mayo y el 15 de agosto por medio del gasoducto Norandino que une la planta regasificadora chilena de Mejillones y la provincia de Salta.

El ex CEO de Shell aseguró el viernes 6 de mayo que eso se debe a que la capacidad para las alternativas más baratas está cubierta en esta época del año. “Nuestra obligación es hacerle la vida más fácil a la gente y que haya disponibilidad de producto. Tenemos que tratar de conseguir la mayor cantidad de fuentes de ese producto cuando lo necesitan, especialmente cuando se acerca el invierno, y poder tener gas”, argumentó. “Con Bolivia tenemos un contrato. Bolivia le vende a Brasil y a la Argentina y no tiene más gas, no nos puede vender más. El contrato dura 30 años, hasta 2027. En realidad, no está cumpliendo todavía la cuota que corresponde a este mes porque también ellos en el invierno lo necesitan”, agregó. Sin embargo, ese día el ministro de Hidrocarburos y Energía de Bolivia, Luis Alberto Sánchez, declaró que su país estaba cumpliendo con el contrato de venta de gas natural a la Argentina. “Nosotros hoy tenemos un contrato con Argentina y estamos cumpliendo a cabalidad de acuerdo a las nominaciones. Argentina nómina y nosotros cumplimos”, sostuvo entonces.

La denuncia recordó también que Aranguren le adjudicó a la petrolera Shell siete de las ocho licitaciones que se pusieron en juego para la importación de gasoil por barcos al país.