La intervención de Estados Unidos fue clave para destrabar la aprobación del Fondo Monetario Internacional a la revisión de las metas del acuerdo de septiembre pasado. Así lo reconoció implícitamente el ministro de Economía, Roberto Lavagna, al afirmar que la participación del secretario del Tesoro, John Snow, “fue muy importante y sumamente positiva”. El ministro consideró también que la demora de alrededor de un mes en la aprobación respondió a la presión “de algunos sectores”, tanto del FMI como de los bancos acreedores, particularmente interesados en que el país destine mayores recursos al pago de deuda.
Con tono relajado y sin ocultar su satisfacción, Lavagna explicó que la revisión había culminado con la plena aprobación, “ciento por ciento”, de lo que se acordó en septiembre pasado. Si bien atribuyó el retraso a “un problema de incomprensión” entre las partes, reconoció también la existencia de un fuerte lobby de los bancos acreedores, quienes habrían encontrado oídos atentos en “algunos sectores del Fondo”. La voluntad de estos sectores habría sido “reescribir algunas pautas” de la carta de intención, en especial las vinculadas al nivel del déficit fiscal, pero finalmente “en esa aprobación no se cambió ni una sola coma”, afirmó.
La visión negativa del gobierno estadounidense con respecto al país habría quedado conjurada luego de una conversación entre Snow y Lavagna. En la comunicación, el secretario del Tesoro del gobierno de George W. Bush se habría mostrado desinformado acerca del verdadero cumplimiento de las metas por parte de la Argentina. Según Lavagna, Snow “tenía la idea de que Argentina retrocedía respecto de lo que se había comprometido” en septiembre. Pero afortunadamente pudo enterarse de que “Argentina no retrocedía” y que, en realidad, “sobrecumplía” las metas acordadas. Por esta razón, el ministro insistió en que “no había razón alguna para que haya retrasos en la negociación”.
En el plano formal aún resta que el directorio del Fondo, que se reunirá a fines de enero, apruebe, de la misma manera que ocurriera en septiembre, la decisión de su staff. En cualquier caso, no serán pocos los que continuarán rumiando por la brecha entre las previsiones en materia de crecimiento, tipo de cambio e inflación realizadas por el equipo económico antes del acuerdo y los resultados efectivamente verificados. En el FMI creen que Lavagna subestimó adrede los números para conseguir pautas más holgadas. Esta perspectiva, lógica desde el lado del FMI, también fue motivo de inquietud por parte de algunos periodistas, quienes no dejaron de señalárselo al ministro.
La insistencia motivó la única respuesta jocosa de la reunión con la prensa. Según Lavagna, la citada diferencia no debería causar sorpresa, puesto que el propio organismo financiero internacional se contó entre los “sorprendidos por el crecimiento de la Argentina”.
Consultado sobre la pauta de superávit fiscal para 2005, que no fue fijada aún en el acuerdo, Lavagna respondió que “pueden pedir lo que quieran, nosotros vamos a defender los intereses argentinos”. Para el 2004, está previsto que Argentina logre un PBI de 416.000 millones de pesos y un superávit fiscal de 12.400 millones de pesos.
En otro orden, el titular del Palacio de Hacienda agregó que este lunes, en la localidad mexicana de Monterrey, en el marco de la cumbre de presidentes americanos, el presidente Néstor Kirchner y el número uno del FMI, Horst Koehler, podrán “hablar del futuro y no del pasado”.
Pero en el futuro continúa estando la renegociación de la deuda y, en particular, la magnitud de la quita. En Economía aseguran que ya contarían con la aceptación de la propuesta original por parte de los tenedores de bonos locales. Fuentes cercanas al Palacio de Hacienda especulaban con que la prenda de cambio podría estar vinculada a la reforma o no del régimen de AFJP. Sin embargo, públicamente, ningún grupo de acreedores importantes, locales o extranjeros, ha manifestado su apoyo a la propuesta oficial. Tanto es así que ayer, también desde Economía, especulaban con la posibilidad de flexibilizar la oferta original, que suponía una quita de capital del 75 por ciento. Sea como fuere, es sabido que los técnicos del Fondo y algunos grupos de acreedores presionaron en las últimas semanas para que el Gobierno ofreciera un pago inicial en efectivo de entre 1000 y 1500 millones de dólares para “facilitar” las tratativas.
El ministro evitó precisiones sobre la renegociación y prefirió aclarar que “la deuda con los acreedores privados no forma parte de la agenda de Monterrey”.