Después de más de medio año de parálisis de la causa HSBC, donde la justicia investiga maniobras de evasión fiscal asociadas a las 4040 cuentas de empresas e individuos argentinos en una sucursal suiza del holding financiero, ayer se reactivó con el sobreseimiento del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay. El titular del Palacio de Hacienda celebró ayer a través de su cuenta en Facebook la decisión de la jueza María Verónica Straccia. El funcionario figura en el listado de clientes del HSBC Private Bank obtenido a finales de 2014 de manos de las autoridades tributarias francesas, como apoderado y “usuario de internet” de la cuenta mal declarada ante la AFIP a nombre de Amalita Lacroze de Fortabat y su nieta Amalia Amoedo. “No puede entenderse que el nombrado (por Prat-Gay) haya facilitado o formado parte de una estructura facilitadora de un delito que no se cometió”, reza la decisión de la magistrada divulgada por el ex ejecutivo del banco JP Morgan en Londres.

“El daño que le hizo a mi buen nombre y reputación esta falsa imputación es inmenso y difícil de estimar”, lamentó Prat-Gay en un extenso mensaje donde apuntó que “no elegí esta batalla, me subieron al ring los mafiosos que creyeron que para salvarse debían ensuciar a los limpios, los dirigentes políticos y periodistas que, sin fundamento, aseguraban con precisión científica que yo era ‘un evasor y lavador de cuentas propias y ajenas’, los miembros del Frente Para la Victoria que integraron una comisión bicameral montada por el Gobierno para propagar la mentira (incluso a través de prófugos con pedido de captura internacional por robo) y a la que jamás se animaron a invitarme porque sabían que los iba a desenmascarar”.

“Fue un largo año y medio de calvario, de bronca contenida, de vínculos que se perdieron por la calumnia, de explicaciones que no tenía por qué dar. Será el costo que hay que pagar, por ahora, por hacer todo por derecha y de manera transparente en Argentina”, indicó el funcionario. La acusación de la AFIP encabezada por Ricardo Echegaray afirmaba que Prat-Gay formaba parte de una “plataforma facilitadora para la evasión conformada por apoderados, abogados, licenciados en economía y contadores que facilitaron una red off-shore de sociedades extranjeras radicadas en paraísos fiscales, facilitando estructuras que permiten ocultar la verdadera identidad del/los titulares de fondos depositados en Suiza y, en consecuencia posibilitar la evasión de impuestos en el país”.