El juez de Nueva York Thomas Griesa postergó el pronunciamiento sobre la igualdad entre acreedores privados y organismos multilaterales. El aplazamiento de la decisión fue calificado como “favorable” por los abogados que representan a la Argentina. El tribunal había recibido un pedido del gobierno estadounidense para que no permita a los acreedores privados interferir con los pagos internacionales de la Argentina. Una situación que también habría afectado los cobros de los organismos financieros internacionales.
La estrategia judicial del gobierno argentino fue solicitar que Griesa se pronunciase sobre este punto por temor a que los defensores de los acreedores privados invocasen la cláusula pari passu, un mecanismo que determina la igualdad de todos los acreedores al momento de cobrar. En otras palabras, esto significaba poner en el medio de la negociación con los privados los intereses del FMI, el BID y el Banco Mundial, que corrían el riesgo de perder la condición de acreedores privilegiados.
La situación explica la oportuna reacción del gobierno estadounidense, que pidió al juez que no favorezca la aplicación de la cláusula, ya que ello habría afectado “los intereses de Estados Unidos”. En nombre de los mismos, el Departamento de Justicia de dicho país presentó un escrito pidiendo el rechazo de la Corte a la interpretación de la cláusula pari passu reclamada por los acreedores.
Si bien para el gobierno argentino, que elaboró la teoría de “un solo bolsillo”, resulta en principio indiferente pagarle al FMI o a los acreedores privados (aunque si se considera que el 38 por ciento de estos últimos son residentes argentinos no es lo mismo para la economía local), la aplicación de la cláusula habría representado un serio escollo para la renegociación de la deuda. De habilitarse este camino, quienes ganasen litigios en los tribunales estarían en condiciones de interceptar los fondos pagados no sólo a los organismos multilaterales sino también a los acreedores privados que en el futuro acepten la quita ofrecida del 75 por ciento.
En su esperada decisión de ayer, que postergó un pronunciamiento de fondo, Griesa también impuso a los abogados de los acreedores privados que, si tienen intención de invocar la pari passu en otra Corte, lo notifiquen con 30 días de antelación. “Es mi opinión que para acogerse a la pari passu tendrían que iniciar acciones legales (...) No he visto ni leído nada que me haga pensar que quieren emprender tal acción”, puntualizó el magistrado. En consecuencia, impuso “un plazo razonable de 30 días por adelantado para cualquiera que trate de buscar en otra Corte la clase de redención que ofrece acogerse a la pari passu”, concluyó.
El abogado Jonathan Blackman, abogado de la firma Cleary and Gottlieb, representante de la Argentina, dijo a la prensa que “se trata de una decisión beneficiosa”, sin más comentarios. La medida se conoció ayer luego de una reunión que Griesa mantuvo en Washington con representantes de acreedores de la Argentina.
En un par de semanas, el juez neoyorquino tendrá en sus manos una serie de causas en las que puede dictaminar el embargo de bienes argentinos en el exterior. El magistrado ya otorgó una prórroga, que vence el 31 de enero, sobre el plazo fijado originalmente para que el país y sus acreedores alcancen una solución consensuada.