Las distribuidoras de gas licuado en garrafas y cilindros denunciaron la aplicación de un “sorpresivo” aumento de precios dispuesto por las fraccionadoras a partir de ayer, que implicaría un ajuste de tres pesos por garrafa de 10 kilogramos (12,5 por ciento). Estas, a su vez, justificaron el ajuste por el aumento que habrían dispuesto las productoras en boca de carga. Sin embargo, estas últimas negaron el incremento. Aproximadamente cuatro millones de hogares se calefaccionan con gas licuado, contra 6,1 millones que reciben el gas natural por red.
El mercado de gas licuado de petróleo está absolutamente desregulado y ni siquiera es considerado como un servicio público. Mientras la tarifa para la distribución de gas por red está congelada y el precio de los combustibles líquidos quedó planchado por un acuerdo del Gobierno con productores y refinadores, en el caso del GLP apenas se alcanzó un “convenio de garrafa social”, por el cual las secretarías de Energía y de Defensa del Consumidor promovieron que en trescientos puntos del país se vendiera la garrafa de 10 kilogramos un 25 por ciento más barato. Pero ese convenio venció el 31 de octubre y no pudo ser renovado.
“El momento de aumentar el precio es en verano, porque se consume la quinta parte que en invierno y los clientes ni lo notan”, graficó una fuente del sector. Así se lograría fijar un piso más elevado para el invierno, cuando aumentar los precios se torna más conflictivo. Este sería, en realidad, el principal argumento del aumento decidido por las fraccionadoras, que en un número no mayor de cinco dominan el mercado.
El gas licuado es la única forma de calefacción para los hogares más humildes del interior del país, donde no llegan las redes de distribución de gas natural. El fraccionamiento quedó en pocas manos a partir de la privatización de YPF, ya que al desaparecer el precio testigo de la empresa estatal esta etapa de la cadena de comercialización fue la que pasó a concentrar la porción mayor de la renta. Las propias petroleras se vieron atraídas hacia esa etapa del negocio y provocaron, con su ingreso, la concentración del mercado, además de la integración vertical.
Esa integración vertical no está permitida en otros servicios públicos, pero al no estar considerada como tal la distribución del gas en garrafas no le pesa la restricción. Tanto en la Secretaría de Energía como en el Congreso hay varios proyectos de regulación para el mercado del gas licuado, pero hasta ahora no lograron superar el plano de las intenciones.
En tanto, algunas petroleras líderes impulsan la incorporación del GLP como combustible en el transporte automotor, proponiendo incluso su uso obligatorio en el transporte público de pasajeros. La intención sería competir, por lo económico, con el GNC, que viene ganando espacio en el mercado a expensas del combustible líquido. Como el GNC se comercializa en forma independiente de las petroleras, su avance va en detrimento del interés de estas últimas.
Desde ámbitos petroleros, incluso, se propuso aumentar fuertemente el precio del gas para las estaciones de GNC, bajo el argumento de que podría faltar gas en invierno y no se puede hacer recaer el ajuste sobre los usuarios residenciales. Enrique Fridman, presidente de la Cámara de Expendedores de GNC, rechazó esa posibilidad al ser consultado por Página/12. “No hay ninguna expectativa de suba, no hay ningún aumento en estudio que pueda afectar el precio final al automovilista, y por más que, exagerando, nos aumenten 30 por ciento el gas por red, el impacto sobre el precio final no sería más del 5 por ciento, porque el mayor componente del valor final son impuestos”, precisó. Fridman acusó, además, a “sectores de la industria petrolera que están presionando para que suba el precio del GNC; el problema, para las refinerías, es que hoy ya hay más de un millón trescientos mil vehículos equipados para este tipo de combustible y un ritmo de 25 mil conversiones por mes”.
La disputa, como se ve, abarca a varios sectores a la vez, pero tiene a las petroleras en el eje. En marzo, probablemente, cuando venza la actual prórroga del acuerdo de estabilidad de precios de los combustibles, puede haber un reajuste en los precios de surtidor. Las petroleras no quieren que se ahonde la brecha con el GNC y están utilizando al GLP como herramienta de presión. Todavía el Gobierno no mostró sus propias cartas y la disposición que tendrá, en todo caso, para establecer otras reglas que le eviten quedar como rehén de un monopolio.