Mar 20.01.2004

ECONOMíA

Lo difícil y lo casi imposible

› Por Raúl Dellatorre

Hace un par de meses atrás hubiera resultado impensable: representantes de las tres centrales sindicales –CTA, CGT Daer y CGT Moyano– acordando en una mesa un proyecto de reforma laboral con el ministro de Trabajo. Pasó en la última semana y el acuerdo fue bendecido por el propio Presidente de la Nación. Sin embargo, pese a las sonrisas y conformidad de las partes, el tema no está –ni mucho menos– cerrado. Como suele hacer cada vez más frecuentemente con los temas trascendentes, Néstor Kirchner le informó al titular de la cartera laboral que tomará “directamente” en sus manos el tramo final, que consistiría en lograr el apoyo de otros sectores, políticos y empresarios. Desafiando toda lógica, Kirchner buscará que “su” proyecto de reforma laboral, que los propios técnicos de las centrales sindicales califican de “proobrero”, sea aceptado por las representaciones patronales a las que no les dio participación en la elaboración. ¿Podrá? El pronóstico de los dirigentes gremiales que participaron en su elaboración es que “así, difícilmente se llegue a un proyecto consensuado para fin de mes, como estaba planificado”. Los que pretenden ver más allá hablan, incluso, de que ahora se viene la verdadera confrontación, a partir de la previsible réplica empresaria.
La necesidad política de derogar la ley 25.250, flexibilización laboral votada en el Congreso en el 2000, surgió tras la convicción generalizada de que se pagaron “coimas” para lograr su aprobación. Kirchner le pidió a Carlos Tomada que, en un trámite lo más breve posible, lograra el consenso de los distintos sectores sindicales para lograr un instrumento legal que sustituyera la viciada ley. La ronda de consultas, discusiones y propuestas sindicales se selló la semana pasada en un borrador que mereció la aprobación, con mayor o menor entusiasmo, de las tres centrales.
Desde la cartera laboral se aseguró, por esos días, que el proyecto estaba ya casi listo para ir al Congreso y someterse a aprobación en sesiones extraordinarias, previstas para la primera semana de febrero. Pero Kirchner sorprendió a Tomada cuando recibió el borrador consensuado. Aprobó lo actuado, pero le avisó que habría una nueva ronda de consultas, una “amplia convocatoria” a sectores políticos y empresarios para que apoyaran el proyecto, que asumiría personalmente. “Si logró la aprobación del FMI al cumplimiento de las metas después de una semana de castigarlo todos los días, cómo no se va a tentar de repetir la fórmula”, reflexionó un calificado observador con cierto dejo de ironía.
Los sectores empresarios, excluidos explícitamente de la ronda de consultas anterior, han hecho saber en todos los idiomas su disgusto con el proyecto en borrador. El proyecto toca áreas sensibles de sus intereses: acortamiento del período de prueba, eliminación de topes indemnizatorios por despido, restablecimiento de la ultraactividad, etc. (ver más abajo). De todos modos, el Presidente les pediría que apoyen el proyecto oficial-sindical.
“Rompió toda lógica, porque lo que se esperaba era que si había un proyecto consensuado entre los sindicatos, los empresarios hubieran expuesto lo suyo y el Presidente de la Nación se reservara el papel de árbitro, pero en cambio va a salir al ruedo con un proyecto bajo el brazo bien protrabajador”, sostuvo el representante en las negociaciones de una de las centrales sindicales participantes.
Con respecto a cómo se va a desarrollar esta etapa, para la mayoría de los consultados se presenta como una gran incógnita. Sin embargo, una alta fuente del Gobierno dio una clave: el Presidente ya les encomendó a dos miembros de su gabinete que tomaran contacto con una media docena de figuras clave de la cúpula económica, a quienes buscará comprometer en su apoyo a la propuesta. El mensaje podría ser: entiendan la necesidad de esta reforma y salgan a respaldarla públicamente, o la aplicamos igual “contra” ustedes. Una maniobra con pronóstico reservado, aunque aun los más optimistas dudan de que, en el mejor de los casos, una expresión de apoyo de un puñado de popes empresarios alcance para acallar las críticas de los núcleos empresarios más partidarios de la flexibilización.
“Se viene una contraofensiva patronal”, se advierte desde distintos frentes gremiales, en donde no abundan los dirigentes adictos al Gobierno, pese a la amplia conformidad que manifiestan con lo actuado por Tomada en esta etapa. Desconfían de la actitud del Poder Ejecutivo y temen perder, ahora, lo obtenido por acuerdo con el Ministerio de Trabajo. “Si el Presidente cede, nos deja mal parados a nosotros (las centrales sindicales) pero también al ministro (Tomada)”, advierten. Los aspectos del borrador de reforma laboral que los sindicatos no querrían ver diluirse en esta “ronda política y empresaria” son los siguientes:
- Período de prueba: se fija en tres meses para cualquier tipo de empresa, sin importar su tamaño, no prorrogable ni ampliable por convención colectiva. En la ley del 2000 se establecía un período de prueba de 180 días para pymes y 90 días para el resto, prorrogable al doble en ambos casos, durante el cual el empleador tenía derecho a despedir al trabajador sin indemnización.
- Ultraactividad de convenios colectivos: el borrador la restablece como principio general, que la ley anterior derogaba dando por caídos los convenios vigentes después de determinado plazo sin paritarias.
- Homologación de convenios colectivos: el proyecto atenúa la intervención del Estado en la homologación. En la legislación anterior, el Estado podía rechazar un convenio en protección de “la situación económica general o de determinados sectores de la actividad”.
- Nivel de negociación: los ámbitos de negociación (rama de actividad o empresa, nacional o local) son establecidos libremente por las partes y prevalece, en caso de controversia, la norma más favorable al trabajador. En la ley a derogar, se le otorgaba prevalencia al convenio de grado menor, es decir entre la empresa y sus empleados.
El trabajoso equilibrio alcanzado será sometido a prueba: buscar un más que improbable acuerdo con la cúpula empresaria sin traicionar lo ya pactado. ¿Podrá lograrlo el “estilo K”?

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