El poder adquisitivo de los trabajadores se contrajo 9,9 por ciento desde que Mauricio Macri asumió la presidencia. La merma en la capacidad de compra que acompañó la devaluación, la quita de retenciones, el incremento en el desempleo, el aumento de tarifas y la contracción del gasto público fue estimada por el Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET). El “índice de inflación del movimiento obrero”, con el que se calcula el impacto de la aceleración de precios sobre los sueldos, arrojó en junio un aumento mensual de 2,7 por ciento y una variación interanual del 46 por ciento. El impacto fue significativamente superior sobre los hogares más pobres y trepó hasta un 52,6 por ciento interanual en junio. Los guarismos construidos por el instituto dependiente del Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA) y la Universidad Metropolitana del Trabajo (UMET) representan una de las caídas más significativas de los últimos trece años para los sectores asalariados.

El informe del IET que encabeza el economista Mariano de Miguel proyecta el impacto de la política económica del Gobierno sobre los ingresos reales de los trabajadores en relación de dependencia hasta fin de año y prevé una contracción de 8,4 por ciento en diciembre. La implementación de la totalidad de las subas salariales acordadas en las negociaciones paritarias permitirá amortiguar levemente el impacto durante el segundo semestre del año. Sin embargo, la amputación del salario, el principal factor que dinamiza el consumo interno, y la ausencia de una reactivación del gasto público garantizan la continuidad de un escenario recesivo en 2016.

La inflación promedio que afectó a la clase trabajadora se ubicó en mayo en 46 por ciento interanual. Una de las diferencias de la inflación que calcula el IET con la medición publicada por el Indec es que la primera observa solamente a una parte de la población: aquellos hogares donde el jefe de familia es un asalariado registrado (34,2 por ciento del total). El índice analiza las características del gasto en los hogares de los trabajadores. Luego cruza esos datos con el aumento de los precios de los bienes consumidos por esos hogares y define cuál es la inflación. A su vez, hacia adentro del universo de trabajadores hay patrones muy distintos de consumo, que dependen, por ejemplo, del nivel de ingresos, distinción que el índice tiene en cuenta. Además, se realizaron relevamientos propios de precios de bienes y servicios. La apuesta del IET es que cada gremio que acompaña la iniciativa pueda tener en un futuro cercano números fiables sobre cómo afecta el avance de precios en el universo de sus afiliados.

De acuerdo a los datos utilizados por el IET, la inflación en lo que va del año se explica fundamentalmente por los aumentos en el rubro Alimentos y bebidas y las subas en las tarifas de luz, gas, agua y transporte. En el presupuesto mensual de los trabajadores registrados de menores salarios el peso de esos rubros es mayor que en los que más ganan porque se trata de bienes y servicios indispensables. Por eso, la inflación que sufrió el 10 por ciento de los trabajadores de menores ingresos fue del 52,6 por ciento, mientras que la que afectó al 10 por ciento de mayores ingresos fue del 42,0 por ciento.

Los datos publicados ayer representan el segundo informe del IET. En su lanzamiento, el mes pasado, el instituto estimó la incidencia de los servicios públicos, antes y después del tarifazo que todavía está en suspenso, en los presupuestos de las familias. Para el 10 de por ciento de los trabajadores de menores ingresos, el pago de los servicios públicos luego del fuerte aumento de las boletas representa el 17,6 por ciento del presupuesto, cuando hace un año explicaba el 11 por ciento. Para el promedio de asalariados, el peso actual es del 8,4 por ciento y en 2015 era de 5,1. Para el 10 por ciento de mejores ingresos, el pago de servicios públicos explica apenas el 3,3 por ciento de la canasta de consumo y antes del tarifazo, sólo un 1,8 por ciento.