El Ministerio de Hacienda y Finanzas estableció un cupo de 8000 millones de dólares para la colocación de los bonos de deuda que le permiten a los blanqueadores evitar el pago del impuesto especial contemplado en el régimen de “sinceramiento fiscal”. El mecanismo para regularizar cuentas, dinero en efectivo, inmuebles y otros activos no declarados, habilitado el lunes pasado, exige que los individuos interesados paguen una penalidad de entre 5 y 15 por ciento. Alternativamente, la normativa ofrece la posibilidad de adquirir bonos intransferibles y no negociables. Si se regularizan activos por un valor entre 40 y 60 mil millones de dólares, como espera el Gobierno, la vía de la suscripción de bonos podría acoger hasta el 20 por ciento del total blanqueado.

En el menú de opciones para regularizar sus activos no declarados, los blanqueadores pueden optar entre dos instrumentos, a tres y siete años: se emitirá hasta 3000 millones de dólares de Bonar 2019 y un monto total de 5000 millones de dólares en Bonar 2023. La posibilidad de suscribir los títulos de corto plazo que no pagan intereses estará disponible hasta finales de septiembre. Para quienes opten por los papeles de mediano plazo, el período se extiende durante todo lo que resta de 2016. Esos papeles deberán quedar inmovilizados durante los primeros cuatro años de su vigencia y pagarán un interés del 1 por ciento.

La apuesta de la Secretaría de Finanzas, que encabeza Luis Caputo, promotora de esos instrumentos, es que los blanqueadores se vuelquen a los bonos a siete años. Para eso ofrece un incentivo: los individuos o empresas que opten por esa vía deberán suscribir un monto equivalente a un tercio de lo que vayan a exteriorizar, mientras que con los títulos de corto plazo se exige comprar una cantidad equivalente a los fondos regularizados. En otros términos, la adquisición de un millón de pesos de Bonar 2023 exceptuará del pago del impuesto especial a un monto de tres millones de pesos.

Efectivo oculto debajo del colchón o cajas de seguridad, cuentas mal declaradas en el sistema financiero local, depósitos en bancos suizos, departamentos en Miami, casas en Punta del Este y objetos de arte son algunos de los bienes que pueden regularizarse hasta el 31 de marzo de 2017. La normativa estableció que las sumas de dinero blanqueadas hasta 305.000 pesos pagarán 0 por ciento, hasta 800.000 pesos el 5 por ciento y los montos superiores abonarán 10 por ciento. Cuando se trate de inmuebles, los impuestos serán del 5 por ciento. “En su Artículo 42 se dispuso que no deberán abonar el impuesto especial establecido los fondos que se destinen a la adquisición en forma originaria de uno de los títulos públicos que emitirá el Estado Nacional”, sostiene la resolución conjunta de las secretarías de Finanzas y Hacienda para precisar que esos bonos “serán no negociables, y una vez acreditados en las cuentas informadas por los contribuyentes, serán intransferibles hasta su vencimiento”.

Otra alternativa para no pagar el impuesto es la suscripción o adquisición de cuotas partes de Fondos Comunes de Inversión a cinco años destinados a proyectos de infraestructura, inversión productiva, inmobiliarios, energías renovables, PyMEs, desarrollo de economías regionales o hipotecas. Ese mecanismo todavía no fue reglamentado.