ECONOMíA › OPINION
› Por Augusto Costa *
Durante estas últimas semanas asistimos atónitos a un sinfín de imágenes que durante muchos años algunos medios de comunicación, soñaron encontrar: consumidores y comerciantes minoristas abalanzándose sobre las escasas botellas de aceite existentes en las góndolas o recorriendo desesperadamente supermercados para hallar algún pan de manteca a precios inverosímiles. Sin embargo, el sueño se les ha hecho realidad en un contexto para ellos inesperado: bajo la órbita de un gobierno al que promovieron y protegen.
Ante esta verdadera pesadilla para los consumidores, el macrismo responde como si estuviéramos en un sketch de Capusotto, tapando las consecuencias de sus políticas con notas en los medios oficialistas que pregonan “las virtudes de las dietas libres de las grasas que tienen el aceite y la manteca”. Y al momento de dar explicaciones, encontramos declaraciones insólitas como las que realizó el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, quien reconoció que “va a faltar manteca por la decisión empresaria de producir más queso que es más rentable y ahí no nos podemos meter”.
Esta decisión “racional” de los empresarios se da en un contexto de escasez de leche que según el gobierno tiene su origen en las inundaciones y el ciclo natural de la producción (que disminuye en invierno). Sin embargo, nadie explica por qué esto no ocurrió en años anteriores si el ciclo de la producción lechera se repite siempre y las inundaciones lamentablemente no son exclusivas de este año. En realidad, lo que oculta el macrismo son las consecuencias de sus políticas de devaluación, reducción de retenciones y desregulación del comercio que generaron una suba promedio de los costos de los tambos del 60 por ciento, teniendo en cuenta que entre los principales insumos del sector se encuentran los alimentos para las vacas (maíz, trigo y soja). En contrapartida, los ingresos de los productores lecheros crecieron 22 por ciento, pese a que el precio en góndola de los lácteos se disparó durante los últimos meses, al punto que las marcas de leche en sachet más consumidas subieron más del 80 por ciento gracias a que fueron eliminadas del programa Precios Cuidados. De esta forma, los sectores concentrados de la cadena de valor (las usinas lácteas y los grandes comercializadores) y los productores de cereales y traders agropecuarios se vieron favorecidos con gigantescas transferencias de ingresos desde los bolsillos de los consumidores mientras que los tamberos (sobre todos los pequeños) se encuentran en una situación crítica.
En el caso del aceite, en tan solo seis meses de gestión macrista el precio se había incrementado un 80 por ciento, mientras que durante todo 2015 había subido 22. Este fenómeno también se explica por la política de devaluación, de reducción de retenciones y de desregulación del comercio. Pero como si no fuera suficiente, en las últimas semanas los aceiteros negociaron la disolución de un fideicomiso privado que existía desde 2008 y que a través del aporte del 1,2 por ciento del valor de las exportaciones de soja, girasol y sus derivados subsidiaba el precio interno del aceite. Esta medida significa que los aproximadamente 4000 millones de pesos que se utilizaban para que el aceite llegara a un precio accesible a las familias, ahora irán a parar a las arcas de los grande comercializadores sojeros. Para el consumidor esto se traducirá, siendo optimistas, en un nuevo aumento del precio de entre el 60 y el 80 por ciento, que se suma al ya aplicado durante este año.
Casi dos años atrás, cuando el Congreso de la Nación sancionó la reforma de las leyes de Defensa del Consumidor para darle al Estado más y mejores herramientas para evitar abusos y garantizar el abastecimiento de bienes esenciales a precios razonables, los grandes empresarios y los políticos que hoy nos gobiernan se escandalizaban diciendo que eran leyes anti-empresa y que espantaban inversiones. Supuestamente íbamos camino a ser Venezuela. Sin embargo, en los últimos años no faltó ningún producto esencial para el consumo habitual de las familias y se mantuvo la referencia en materia de precios para que los consumidores conocieran cuánto debían pagar.
Ahora nos quieren hacer creer que es natural que haya desabastecimiento de aceite y manteca, y que en todo caso se trata de una situación pasajera que el mercado se encargará de corregir, seguramente apartando del consumo a quien no pueda pagar el nuevo precio “sincerado” de los productos. Queda claro que la fantasía que existía hasta el 10 de diciembre pasado de la que tanto nos habla el macrismo era la de un Estado que protegía los bolsillos de los consumidores y fortalecía sus instrumentos para actuar en defensa de los más débiles. Eso efectivamente ya no existe en la Argentina.
* Economista, docente, ex secretario de Comercio de la Nación.
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