Un día después de que las principales empresas de medicina prepaga ratificaron que aumentarán sus tarifas desde el 1º de febrero, el Gobierno anunció que avanzará “rápidamente” en la elaboración de un proyecto de ley para regular el sector. Patricia Vaca Narvaja, subsecretaria de Defensa de la Competencia, fue la encargada de comunicar la iniciativa. Desde que las compañías de salud comenzaron a operar, señaló, “millones de consumidores quedaron librados a la discrecionalidad de las decisiones de cada una” de ellas. Por ese motivo, y en medio de la pulseada por los incrementos en las cuotas, el Poder Ejecutivo prometió impulsar una ley que les fije un estricto marco de funcionamiento.
En los cajones del Congreso hay guardados desde hace meses distintos proyectos en ese sentido. En veinte años de democracia fueron muchas las iniciativas que se acumularon, sin que ninguna de ellas haya conseguido el apoyo político suficiente como para ser aprobada. Vaca Narvaja se refirió a esa “incapacidad histórica” de los distintos gobiernos para animarse a controlar a las prepagas, antes de afirmar que “se trabajará rápidamente en una regulación”. Su par del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Miguel Fortuna, indicó que colaborará en la preparación del proyecto. “Lo haremos contrarreloj”, señaló, en diálogo con Página/12.
Desde las asociaciones de consumidores subrayaron la necesidad de que la ley se apruebe en el corto plazo. El diputado Héctor Polino, quien también integra la asociación Consumidores Libres, reclamó que el Gobierno dicte un decreto de necesidad y urgencia que suspenda los aumentos, hasta tanto se lleven a cabo auditorías que analicen la estructura de costos y la rentabilidad de las empresas. “Esos datos son fundamentales para saber si se justifican o no los incrementos que quieren imponer los prestadores de la salud”, opinó. La medida que solicita Polino debería aplicarse, según dijo, para proteger a los usuarios mientras se tramita la ley regulatoria de la actividad.
Fortuna advirtió sobre una supuesta permeabilidad del Congreso a los lobbies empresarios contra una ley como la que se propone. “Hubo mucho lobby para que los proyectos (presentados) en Diputados no salieran”, afirmó, al tiempo que aseguró que si el servicio de salud estuviera regulado, la tarifa sería sólo un aspecto y no el tema principal en discusión. El objetivo central sería evitar abusos por parte de las prestadoras y garantizar que se cumplan las prestaciones comprometidas. Los organismos de defensa de los consumidores acumulan miles de denuncias por modificaciones que redundan en un achicamiento de la cobertura, así como por no respetar lo que marca el Plan Médico Obligatorio.
Los empresarios de las prepagas actúan como “vendedores de electrodomésticos”, denunció Fortuna, pues el único requisito para empezar a funcionar es presentar un modelo de contrato social en la Inspección General de Justicia, pero el tema de salud es muy “grave” como para actuar en ese modo.
El consejo a los afiliados a las prepagas por parte de las entidades defensoras de los consumidores y de los propios organismos públicos que cumplen ese rol fue que revisen sus contratos. Fortuna precisó que los contratos deben decir expresamente que la tarifa puede subir. “Si el ajuste no está contemplado, el aumento se entiende como una modificación unilateral del contrato y queda sin efecto. Así lo marca la Ley de Defensa del Consumidor”, explicó el funcionario. En la ciudad de Buenos Aires existen numerosos antecedentes de incrementos que fueron anulados por esa razón, precisó.
Vaca Narvaja, por su parte, insistió en que su cartera investigará si las prepagas violaron la ley antimonopolio. “No puede ser casualidad que en febrero 30 empresas aumenten todas juntas”, alertó. Además, sostuvo que en promedio, entre 1998 y 2003, las cuotas de las compañías de salud subieron 100 por ciento. “Ya venían con un colchón más que interesante como para no aumentar de esta manera”, protestó, y además señaló que durante la década del 90, las cuotas “subieron muy por encima de los incrementos en los costos de las empresas”.